Hay un momento, en la vida de toda ciudad, en que sus habitantes dejan de reconocerla. No porque las calles hayan cambiado de trazado de la noche a la mañana, ni porque los edificios se hayan desplazado de sus cimientos, sino porque algo más sutil y más profundo se ha desplazado: el sentido. La ciudad sigue estando allí, pero ya no significa lo mismo para quienes la habitan. Ese desajuste entre la forma construida y la vida que la recorre es, quizás, el problema central que atraviesa este número 22 de nuestra revista, y también el problema central de nuestra disciplina en este tiempo convulso que nos ha tocado estudiar y, sobre todo, vivir.
Escribo esta editorial no solo como directora de esta publicación, sino también como alguien que ha visto transformarse su propia ciudad hasta volverse, en ciertos días, irreconocible. Los seis artículos que componen este número confirman, cada uno desde su propio ángulo disciplinar y geográfico, que la arquitectura y la planificación urbana y territorial no son ejercicios técnicos neutros. Son, ante todo, actos de poder sobre la memoria, los cuerpos, los afectos y las formas de vida de las comunidades. Y como todo acto de poder, pueden ejercerse con violencia o con cuidado; pueden borrar o reconocer; pueden homogeneizar o celebrar la diferencia.
Abrimos este número con el artículo de Loor y Cerda, que nos lleva lejos de las grandes metrópolis que suelen protagonizar los estudios urbanos, hasta las viviendas tradicionales de Canuto, en Chone, provincia de Manabí, Ecuador. El estudio sobre la arquitectura rural y la memoria montuvia nos recuerda algo que a veces olvidamos: el habitar no comienza en la ciudad. También se construye en los territorios rurales, donde generaciones enteras han desarrollado saberes constructivos profundamente adaptados a su clima, su topografía y su cultura. En este sentido, la vivienda montuvia no es solamente un objeto arquitectónico definido por sus materiales o su disposición espacial. Es un archivo vivo. En ella se expresa una forma de relacionarse con el territorio, con la familia extensa y con el trabajo agrícola. La arquitectura vernácula materializa, así, las dinámicas sociales, productivas y culturales y forma parte fundamental del patrimonio arquitectónico de estas comunidades rurales. Este texto nos obliga a preguntarnos qué perdemos cuando la modernización arquitectó-nica avanza sin dialogar con estos saberes ancestrales. Cuando los programas de vivienda social sustituyen las prácticas constructivas tradicionales, no solo se pierde una técnica. También se fractura una memoria colectiva y se interrumpe una genealogía de sentido. La arquitectura vernácula es frágil precisamente porque no está protegida por los mismos mecanismos patrimoniales que resguardan la arquitectura monumental. Por ello, el texto nos convoca a ampliar nuestra noción de patrimonio y a repensar la equidad territorial. Las comunidades rurales tienen derecho a que sus formas de habitar sean estudiadas, valoradas y consideradas como interlocutoras legítimas de la disciplina. Y no como meros objetos de un pasado que la ciudad contemporánea da por superado.Del territorio rural manabita saltamos a un escenario radicalmente distinto, aunque hermanado por una pregunta similar. El segundo artículo analiza la transformación de las subjetividades en el área metropolitana de Concepción, Chile, a partir del tránsito simbólico y funcional del centro cívico al mall. Sus autores, Figueroa, Tesche y Chandía, documentan con rigor un fenómeno compartido por muchas ciudades latinoamericanas. Los espacios que antes convocaban a la ciudadanía en torno a lo público —la plaza, el edificio de gobierno, el paseo cívico— han sido desplazados, en la experiencia cotidiana de miles de habitantes, por el centro comercial. El mall se convierte así en un nuevo lugar de encuentro, de ocio, incluso de socialización familiar.
Este desplazamiento no es inocente ni es simplemente un cambio de escenario. Es una transformación de las subjetividades, como bien titula el artículo. Cambia lo que entendemos por comunidad, por participación, por pertenencia. El centro cívico interpelaba al habitante como ciudadano, sujeto de derechos y deberes colectivos. El mall lo interpela como consumidor, sujeto de deseos individuales que se satisfacen mediante la transacción. La privatización de la vida pública tiene consecuencias profundas sobre la manera en que imaginamos la ciudad y sobre lo que consideramos posible hacer en ella juntos. Si la planificación urbana aspira a construir ciudadanía, este artículo nos advierte que debe disputarle terreno simbólico y funcional al espacio comercial, recuperando y reinventando lugares donde el encuentro no dependa del poder adquisitivo de quien los visita.
El tercer artículo, escrito por De la Fuente, introduce un concepto que ha ido ganando, con justicia, centralidad en los debates urbanos contemporáneos: la biofilia. La naturaleza urbana es entendida aquí como una dimensión de justicia ambiental y equidad socioespacial, más allá de su valor ornamental o paisajístico. El estudio sobre asentamientos informales latinoamericanos nos confronta con una realidad dolorosamente extendida en nuestra región. Mientras los sectores de mayores ingresos disfrutan de parques diseñados, arbolado urbano abundante y acceso a cuerpos de agua cuidados, los asentamientos informales suelen levantarse en los intersticios más degradados del territorio, como quebradas contaminadas, laderas erosionadas y bordes de vertederos. Son, precisamente, los espacios que la ciudad formal ha descartado.
Este artículo presenta con especial fuerza la idea de que la desigualdad urbana también se manifiesta en el acceso a la naturaleza, al verde, al aire limpio, a la belleza cotidiana del entorno. La biofilia, entendida como esa afinidad innata de los seres humanos hacia la vida y los sistemas naturales, debería ser un principio de diseño universal y no un lujo reservado a quienes pueden pagarlo. Pensar la equidad socioespacial desde la biofilia nos obliga, como disciplina, a revisar nuestros instrumentos de planificación. Cabe preguntarse si los planes reguladores, las normativas de áreas verdes, los estándares de espacio público por habitante permiten revertir esta injusticia estructural o si, por el contrario, terminan reproduciéndola silenciosamente al aplicarse de manera uniforme sobre territorios profundamente desiguales.
El cuarto artículo de este número, escrito por Ziede y Pérez-Lancellotti, asume una tarea de otra naturaleza, pero no menos urgente: repensar la desposesión urbana a partir de las nuevas conceptualizaciones surgidas en los estudios urbanos críticos. El texto cumple así una función indispensable para toda disciplina: revisar sus propias herramientas conceptuales para verificar si todavía permiten nombrar con precisión los fenómenos que observa.
La desposesión ha sido estudiada durante décadas. El término alude a los procesos mediante los cuales comunidades enteras son des-plazadas, material o simbólicamente, de los territorios que habitan. La especulación inmobiliaria, la gentrificación, los megaproyectos de infraestructura y las políticas de renovación urbana son algunas de sus causas. Sin embargo, las formas contemporáneas del despojo se han vuelto más sofisticadas, difusas y difíciles de reconocer que el desalojo forzoso tradicional. Este artículo nos invita a reconocer que nuestros marcos teóricos deben actualizarse constantemente para no quedar ciegos ante nuevas formas de exclusión que operan bajo el lenguaje aparentemente neutro del desarrollo, la renovación o la puesta en valor de un barrio. Hoy, cuando hablamos de desposesión, debemos ser capaces de incluir su dimensión simbólica: la pérdida del derecho a definir el propio barrio, a decidir sobre su identidad y su futuro. A ella se suma la desposesión afectiva, entendida como esa erosión del sentido de pertenencia que experimentan quienes, aun sin ser desplazados físicamente, ven transformado su entorno hasta volverlo irreconocible. Repensar la desposesión es, en este sentido, un acto de justicia epistémica hacia quienes la sufren.El quinto artículo, firmado por Fonseca-Prieto, Nass, Álvarez y Campos, nos obliga a mirar hacia el futuro inmediato con una mezcla de urgencia y esperanza. Su estudio analiza la gobernanza territorial y el cambio climático en la Región de Antofagasta y la manera en que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11.b se asimila, o no, en los instrumentos concretos de planificación urbana. La metáfora de las realidades líquidas que atraviesa este artículo resulta particularmente certera para describir uno de los grandes desafíos que enfrenta la gobernanza territorial contemporánea. Vivimos un tiempo en que los marcos regulatorios, diseñados históricamente para escenarios de relativa estabilidad climática y demográfica, deben operar en contextos de incertidumbre creciente, de sequías prolongadas, de estrés hídrico, de movilidad humana motivada por el propio cambio climático.
Antofagasta, territorio desértico por excelencia, se convierte en un caso paradigmático de esta tensión. El artículo revela que la asimilación de los compromisos internacionales de sostenibilidad a la planificación local es todavía parcial y fragmentaria. Su aplicación depende, en gran medida, de la voluntad política y de la capacidad técnica instalada en cada gobierno local. Los instrumentos de planificación urbana no están, por tanto, suficientemente actualizados ni coordinados para incorporar bien la adaptación climática y el ODS 11.b.
El recorrido por los seis artículos se cierra con un viaje hacia el extremo sur, hasta el archipiélago de Chiloé. En este último trabajo, Sahady examina el desplazamiento de las lógicas vernáculas en la arquitectura chilota contemporánea. Pocos territorios de nuestro continente condensan de manera tan elocuente la tensión entre permanencia e innovación. Sus palafitos elevados sobre el mar, sus iglesias de madera reconocidas como Patrimonio de la Humanidad y sus tejuelas de alerce constituyen un sistema constructivo que, durante siglos, ha sabido responder con inteligencia a la lluvia persistente, al viento y al aislamiento insular. En las últimas décadas, esta lógica ha quedado sometida a presiones de transformación profundas. Estos procesos han desplazado, de forma gradual o abrupta, los saberes constructivos que definieron durante generaciones la identidad territorial chilota.
El texto reconoce que ninguna cultura constructiva puede ni debe permanecer inmóvil. La innovación también puede ser una forma legítima de continuidad cultural. La pregunta que nos deja el artículo es cómo innovar sin desposeer, transformar sin borrar y responder a las nuevas economías globales sin sacrificar aquello que hace de un territorio un lugar irrepetible. Chiloé se convierte así en el reflejo de un dilema que atraviesa a toda Latinoamérica: cómo habitar el presente sin traicionar la memoria que nos hizo posibles.
A estos seis artículos se suma, por último, la reflexión de Salazar. Su texto sostiene que fortalecer la resiliencia frente a los incendios exige integrar la normativa ambiental con las condiciones socioeconómicas concretas de las ciudades. Salazar aborda esta reflexión en Valparaíso, donde las quebradas ofrecen un potencial de conectividad aun no explorado. Esta reflexión hace eco de los textos antes expuestos al insistir en que es necesario entender Valparaíso desde la diferencia, desde sus condiciones materiales y sociales concretas, para poder mejorar su resiliencia frente a incendios y otras catástrofes.
Si leemos estos seis artículos y esta reflexión como fragmentos de una misma conversación disciplinar, emerge el hilo conductor que da sentido a este número 22 de la Revista URBE Arquitectura, ciudad y territorio. Desde la vivienda montuvia de Manabí hasta las tejuelas de alerce de Chiloé; desde los centros comerciales de Concepción hasta el desierto de Antofagasta; desde los asentamientos informales que reclaman su derecho a la naturaleza hasta los marcos teóricos que buscan nombrar con justicia la desposesión contemporánea. Todos estos territorios y miradas convergen en un mismo desafío: construir, sostener y habitar ciudades y territorios que no teman a su propia diversidad, sino que la reconozcan como su recurso más valioso.
Porque, al final, planificar un territorio no consiste únicamente en trazar líneas sobre un plano. Significa decidir, una y otra vez, quién tiene derecho a habitar con dignidad, a recordar su pasado, a disfrutar de la naturaleza, a nombrar su propia experiencia de despojo, a innovar sin perder su identidad y a proyectar un futuro territorial en tiempos de incertidumbre climática. Esperamos que este número 22 sea una contribución, siempre inconclusa, a construir ciudades y territorios que no teman a su propia diversidad, sino que la celebren como el fundamento de sus procesos de planificación y justicia territorial.