Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, que dio inicio a la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet (1973-1990), la Junta Militar desplegó múltiples medios coercitivos para neutralizar a la oposición política (Tilly, 1992). Entre los mecanismos empleados, el régimen recurrió, entre 1980 y 1989, a la relegación territorial administrativa1, establecida mediante Decreto Ley N.º 3.168. Esta consistió en el traslado forzado de una persona detenida —sola o junto con otras— a una localidad distinta de su residencia habitual por un período de tres meses (Red de Informática de Instituciones de Derechos Humanos de Chile, 1991), bajo vigilancia permanente de las fuerzas policiales. A diferencia de otras formas de represión, la relegación no solo castigaba la militancia política, sino que buscaba reordenar espacialmente la disidencia, desplazándola hacia territorios percibidos como periféricos o aislados.
Entre 1980 y 1985, con el objetivo de “aislarlos” de sus redes políticas (Peñaloza, 2023), la dictadura relegó a 1.254 opositores (Díaz, 2014). Entre ellos se encontraban profesionales, pobladores, dirigentes y defensores de los derechos humanos, quienes fueron enviados a zonas caracterizadas por su aislamiento geográfico en distintas regiones del país (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005, p. 27).
En las localidades de relegación, Carabineros ejerció labores de vigilancia y control sobre las personas relegadas (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005), quienes tenían prohibido participar en reuniones y desempeñarse en el sector fiscal, semifiscal y municipal, por lo que la relegación territorial administrativa operó no solo como un castigo político, sino también como una sanción social y económica. No obstante, se registraron diversas prácticas de interacción y resistencia: algunas personas relegadas participaron en espacios educativos, culturales y deportivos junto a las y los residentes locales (Díaz, 2014), mientras que otras se involucraron en reuniones políticas, lo que en ciertos casos motivó un nuevo cambio de localidad impuesto por Carabineros (León, 2021). A su vez, si bien hubo quienes lograron trabajar, organismos de derechos humanos y habitantes de las localidades —entre ellos, clérigos— dieron soporte mediante recursos económicos, alojamiento y alimentación (Díaz, 2014). A ello se sumaron las visitas de familiares, dirigentes sociales y defensoras/es de derechos humanos (Ulloa, 2021). Considerando que historizar el pasado vivo requiere “entrar en contacto con la verdad negada y con los esfuerzos de los defensores de los derechos humanos por recuperarla” (Pérontin-Dumon, 2007, p. 13), este estudio se propone reconstruir las experiencias de relegación en el Archipiélago de Chiloé entre 1980 y 1985.
Para ello, primero se elaboró un registro de las y los relegados en el Archipiélago entre 1980 y 1985 a partir de la Nómina de Relegados del Archivo Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) y de los informes mensuales del Archivo Vicaría de la Solidaridad. Posteriormente, se seleccionaron cinco episodios de relegación con motivo de su diversidad, y se construyeron las experiencias de relegación mediante el análisis de fuentes documentales de los Archivos Vicaría, FASIC y Museo de la Memoria, artículos periodísticos de Hoy, Solidaridad y Análisis y dos entrevistas a personas relegadas.
A partir de este enfoque, las preguntas que animan esta reflexión son: ¿por qué la dictadura relegó opositores en determinadas localidades del Archipiélago de Chiloé entre 1980 y 1985? y ¿qué expresiones de resistencia frente a la relegación territorial administrativa surgieron en dichas localidades?
Este estudio contribuye al conocimiento histórico de la relegación territorial administrativa en Chile en los tiempos de la dictadura y, en particular, de lo sucedido en el Archipiélago de Chiloé en este período. En un campo escasamente explorado, estas experiencias son, de momento, susurros historiográficos (Valdivia, 2018), lo que refuerza la relevancia de su recuperación, memoria y análisis.La Relación Represión-Resistencia
Se adopta la concepción de violencia elaborada por Aróstegui, en-tendida como “la resolución o intento de resolución, por medios no consensuados, de una situación de conflicto” (citado en Pérez y Pozzi, 2012, p. 9). Desde esta perspectiva, la violencia política ejercida por el Estado constituye una forma específica de intervención orientada a imponer un determinado orden social y político.
En este marco, Ansaldi (2014) señala que el empleo de la violencia política por parte del Estado tiene como finalidad última el orden. Dicho ejercicio se materializa a través de un repertorio de múltiples medios coercitivos (Tilly, 1992), “unos y otros aplicables de diferentes maneras, según situaciones, tiempos y lugares” (Ansaldi, 2014, p. 61), los que transforman la vida cotidiana (Pérez y Pozzi, 2012).
Sin embargo, como advierte el propio Ansaldi (2014) “el ejercicio de la represión estatal genera (de manera, organización, intensidad, finalidad y naturaleza variables) resistencia social y/o societal” (p. 61). En este sentido, represión y resistencia conforman procesos que se configuran mutuamente en contextos específicos, lo que permite analizar la relegación territorial administrativa no solo como un dispositivo represivo, sino también como un espacio de emergencia de prácticas de resistencia.
El Discurso de la Oposición Centro-periferia
El concepto de periferia define “un conjunto de espacios ‘otros’, vacíos y dispuestos para ser tomados, conquistados e intervenidos” (Serje, 2017, p. 34) en beneficio del capitalismo, el cual, sirviéndose del reduccionismo (Lefebvre, 2013), los concibe como un todo homogéneo, como lugares deshabitados o escasamente poblados, en contraposición a los centros.
Así, el discurso de la oposición centro-periferia constituye una estrategia espacial del capitalismo (Serje, 2017), puesto que contribuye en “la producción de un espacio social” (Lefebvre, 2013, p. 202), correspondiente al espacio global del capital, es decir, al espacio de la economía-mundo, de modo que esta oposición opera como “una forma concreta de intervención” (Serje, 2017, p. 37).
Con todo, según Serje (2017), las periferias y los centros “no constituyen realidades opuestas (…), sino que ambas hacen parte de una misma racionalidad” (Serje, 2017, p. 37), y porque la estructura centro-periferia surge —y resurge, puesto que periferias y centros son móviles— en el espacio global, regional y nacional y dentro de las naciones.
En efecto, en virtud de las necesidades expansivas del neoliberalismo, las dictaduras del Cono Sur de América impulsaron políticas expansionistas. Entre ellas se encuentran la ocupación de las zonas definidas como áreas vacías en territorios habitados por pueblos indígenas amazónicos en Brasil (Leyton, 2015), así como el desarrollo de los denominados espacios abiertos de la Patagonia en Argentina. En Chile, este proceso incluyó la construcción de la Carretera Austral, concebida como una “verdadera cruzada de conquista” (Urrutia, 2017, p. 8), y se articuló con dispositivos represivos específicos, entre ellos la relegación territorial administrativa, utilizada como mecanismo de control político y espacial de la disidencia.
Relegación Territorial Administrativa, 1980-1985
Entre 1980 y 1985, el ministro del Interior, por orden de Augusto Pinochet, relegó a 1.254 opositores a distintas localidades del país (Díaz, 2014). De acuerdo con documentación oficial, estas localidades fueron seleccionadas por su carácter de “apartadas, sin mayor incidencia política por su escasa población” (Figura 1). En consecuencia, se evitó deliberadamente el envío de relegados a “localidades con mayores centros poblados (…), que podrían derivarse efectos políticos negativos” (Télex reservado N.º 35, 1983).
En ese contexto, la dictadura relegó a 95 opositores —3 mujeres y 92 hombres— en determinadas localidades del Archipiélago de Chiloé (Figura 2 y Figura 3). Este proceso se desarrolló de manera simultánea a la intensificación de la represión de la movilización opositora durante las Jornadas de Protesta Nacional. En Ancud y Castro, Carabineros detuvo a 88 personas en el marco de dichas movilizaciones (Ulloa, 2021). Primer episodio: los primeros (estudiantes) relegados en 1980
En junio de 1980, días después de ser detenidos en Santiago en un encuentro en favor de los estudiantes expulsados de la universidad, el régimen relegó a 19 estudiantes y un comerciante. La relegación se efectuó en dúos y tríos, y los destinos incluyeron Quemchi, Tenaún, Dalcahue, Curaco de Vélez, Achao, Chonchi, Puqueldón y Queilen, donde las personas relegadas residieron en pensiones y casas.
De acuerdo con la Fundación para el Desarrollo de Chiloé, vinculada al Arzobispado de Ancud, que visitó a los relegados y les proporcionó alimentos básicos como harina, leche y mantequilla (“Relegados. Sembrando libertad”, 1980), el apoyo del clero no fue homogéneo en todas las localidades, estando ausente en Dalcahue, Curaco y Achao. En Queilen, según el testimonio de un relegado, la comunidad les entregó “una bolsita plástica con puras monedas de a peso, recolectadas por la comunidad” (“Relegados. Regreso a casa”, 1980), y en Chonchi, “un grupo de personas, nunca se supo quienes, les pagó diariamente el almuerzo a tres relegados” (“Relegados. Sembrando libertad, 1980”, p. 8).
Del mismo modo, ellos dieron clases en Dalcahue, formaron un taller musical en Curaco y organizaron un grupo juvenil cultural en Chonchi.
Segundo episodio: estudiantes relegados en 1981
En enero de 1981, días después de ser detenidos por Carabineros en El Quisco, el régimen relegó a 4 estudiantes en Quemchi, Dalcahue, Achao y Chonchi. A Víctor Contreras, relegado en Achao, la FUNDECHI le envió dinero y algunas ediciones de Solidaridad y Haciendo Camino (Carta a Víctor Contreras, 1981).
En otro sentido, David González, relegado en Dalcahue, escribió una carta pública a la juventud chilena e internacional en la que expuso la arbitrariedad de la relegación, la solidaridad de las y los chilotes y de otros relegados y sus convicciones de “justicia, paz y libertad”, las que, en su opinión, “permitirán a nuestro pueblo retornar al cauce de la civilización” (“Carta pública a la juventud chilena e internacional”, 1981).
Ulteriormente, en virtud de la entrada en vigor de la Constitución de 1980, los relegados pidieron la amnistía por carta pública a Pinochet y Sergio Fernández (“Carta pública a la juventud chilena e internacional”, 1981).
Por cierto, Solidaridad visitó a los relegados en Quemchi, Achao y Chonchi. En Achao, conversó con Víctor, quien comentó que “lejos de aislarnos, o inmovilizarnos, la medida nos refuerza y aclara” (Relegados a Chiloé. “Una isla no nos aísla…”, 1981, p. 22).
Este mismo año, a fin de “neutralizar (…) el aislamiento” (Rayo, 1981, p. 23), la Comisión Nacional Pro Derechos Juveniles organizó las “Jornadas Solidarias Chiloé 81”, y con ello más de 127 jóvenes estudiantes y trabajadores visitaron a los relegados. Unos formaron campamentos autosustentados en Mechuque, Quenac, Chonchi y Queilen, donde realizaron, junto con los relegados y las y los chilotes, entre otras cosas, un trabajo y diagnóstico con las y los niños de la situación de las localidades. Otros formaron un equipo volante que realizó actividades en Quemchi, Dalcahue, Curaco, Castro y Puqueldón, pues, al decir de Gustavo Rayo, “nuestra tarea era contribuir a recrear la imagen del relegado” (“Rayo”, 1981, p. 24).
Tercer episodio: poblador relegado en 1983
En enero de 1983, días después de ser detenido por la Policía de Investigaciones en la vía pública en Santiago, el régimen relegó a Juan Parra en Quellón, donde el clérigo lo recibió. Según Juan, luego de los “diez días horribles” en los que hubo mutuo recelo, las y los chilotes le dieron comida y lo integraron en actividades culturales y deportivas. A su vez, el relegado creó un Club de Ajedrez (“Quellón. Como debería ser Chile”, 1983).
Cuarto episodio: los primeros dirigentes sindicales relegados (1983)
Días después de ser detenidos por la CNI en Ovalle, Santiago y Osorno en el contexto de la Segunda Jornada de Protesta, en junio de 1983, el régimen relegó a 5 dirigentes sindicales en Quemchi, Curaco, Achao, Chonchi y Quellón.
En julio, dirigentes sindicales, médicos y abogados de Santiago visitaron a los relegados, y según ellos, “la gente de los pueblos, los párrocos, instituciones, como la FUNDECHI, han comenzado a atenderlos” (“Relegados. Dramáticos testimonios”, 1983, p. 5). En este sentido, según Valentín Osorno, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Construcción relegado en Quellón, “desde el primer día me abrieron las puertas de sus casas y compartí con ellos lo que tenían” (“Relegados. Regreso satisfactorio”, 1983, p. 6).
Del mismo modo, The Journal visitó a Manuel Caro, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Gastronómicos relegado en Quemchi, quien comentó que “cuando abrazamos una causa tan justa como la de los trabajadores, estamos dispuestos a sufrir lo que sea, incluso la prisión. Yo decidí no aflojar, porque la gente necesita libertad y debemos luchar por ella” (The Journal, 1983).
En función del 11 de septiembre, Sergio Villalobos, dirigente de la Confederación Campesina “El Surco” relegado en Achao, hizo un ayuno en el muelle con un cartel en el pecho (“Relegados. Regreso satisfactorio”, 1983).
Quinto episodio: dirigentes relegados en 1984
En noviembre de 1984, días después de ser detenidos por la CNI en Santiago en unos allanamientos, el régimen relegó a 16 dirigentes sindicales —en dúos y tríos— en Quemchi2, Dalcahue, Curaco, Achao3, Chonchi y Puqueldón.
A Luis Alvarado, Esteban Garrido y Jaime Cataldo, dirigentes del Bloque Socialista relegados en Chonchi, los recibió el clérigo, y a Carlos Araya, Jorge Rodríguez y Ariel Urrutia, dirigentes de la Confederación Nacional Minera relegados en Dalcahue, un chilote, quien dijo, según Ariel, “que nuestro almuerzo está listo, que un lugar donde dormir también” (A. Urrutia, comunicación personal, 2 de marzo de 2021). En lo sucesivo, en Dalcahue, las y los chilotes les dieron pescados y pasteles, y en Chonchi, los integraron en las fiestas. Al mismo tiempo, los relegados dieron clases en Chonchi, y charlas en Dalcahue por dos semanas, “porque carabineros (…) amenazó con detener al profesorado” (A. Urrutia, comunicación personal, 2 de marzo de 2021).
En último término, según Jaime, “a Chonchi iba mucha gente a vernos (…) habían muchos medios de comunicación nacionales, y, sobre todo, internacionales” (J. Cataldo, comunicación personal, 22 de febrero de 2021), motivo por el que Carabineros les cambió de localidad de relegación (a Achao). A este respecto, Teleanálisis visitó a los relegados en Dalcahue, Curaco, Achao y Chonchi.
REFLEXIONES FINALES
Entre 1980 y 1985, la dictadura empleó la relegación territorial administrativa como uno de los múltiples medios coercitivos desplegados sobre la vida cotidiana de las y los chilenos, con el fin de contener y desarticular la movilización opositora.
En este contexto, dado que la movilización se extendió a lo largo del país, la dictadura relegó a más de mil opositores en localidades de todo Chile que, aunque muy diferentes entre sí, fueron definidas como un todo homogéneo: localidades apartadas, escasamente pobladas y sin incidencia política. Estas características las hicieron, a juicio del régimen, espacios disponibles para ser intervenidos mediante la relegación, en contraposición a las localidades con mayores centros poblados y con incidencia política, consideradas inapropiadas para este tipo de castigo.
De este modo, el discurso de la oposición entre localidades con mayores centros poblados-localidades apartadas constituyó una estrategia espacial de la dictadura, en la medida en que contribuyó a la producción de un espacio represivo (Lefebvre, 2013) que hizo posible el uso sistemático de la relegación territorial administrativa. Dicho espacio, el de la detención-relegación, se estructuró sobre la base de una misma racionalidad coercitiva, en la que tanto las localidades con incidencia política como aquellas definidas como carentes de ella, formaron parte de un mismo entramado represivo.
Desde localidades con altos niveles de movilización, la dictadura relegó opositores a Quemchi, Tenaún, Mechuque, Dalcahue, Curaco, Achao, Quenac, Castro, Chonchi, Puqueldón, Chaulinec, Queilen y Quellón. Sin embargo, después de 1980, no volvió a relegar en Castro, localidad en la que se desarrollaron diversas Jornadas de Protesta Nacional y que, en ese período, se consolidó como un espacio con incidencia política dentro del Archipiélago.
Consiguientemente, las relegaciones dieron lugar a diversas expre-siones de resistencia en las localidades de destino. En primer lugar, se desplegaron resistencias al castigo económico, a través del apoyo brindado por la FUNDECHI y por las y los chilotes, quienes entregaron a los relegados soportes en dinero, alojamiento y alimentación. En segundo lugar, emergieron resistencias al castigo social, expresadas en la participación de los relegados en espacios creados por ellos junto a la comunidad chilota, su integración en actividades locales y las visitas realizadas por trabajadores, estudiantes, dirigentes sindicales, defensoras y defensores de derechos humanos, así como por medios de comunicación. Finalmente, se manifestaron resistencias al castigo político, a partir de la acción de relegados que cuestionaron públicamente la legitimidad de la medida y reafirmaron su oposición a la dictadura.
En último término, si bien las localidades de relegación aislaron a los opositores del movimiento opositor organizado, no lograron aislarlos de la comunidad chilota, ni de las redes del movimiento pro-derechos humanos, las cuales contribuyeron a atenuar los efectos del castigo y a resignificar la experiencia de la relegación.
CITAS DE TEXTO 1. Asimismo, se hizo uso de la relegación judicial, que comprendió una pena aplicada por los tribunales.| 2. Aquí, residió Segundo Cancino, dirigente de la Confederación Campesina “El Surco” relegado en Chonchi en 1983.| 3. Aquí, residió Valentín Osorno, relegado en Quellón en 1983.|
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Al 28 de noviembre. Mapa de las relegaciones. (1º al 14 de diciembre 1984). Solidaridad, p. 17.
Archivo y Centro de Documentación Vicaría de la Solidaridad. (1980–1985). Informes mensuales.
Archivo y Centro de Documentación Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. (1981). Carta pública.
Archivo y Centro de Documentación Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. (1981). Carta pública a la juventud chilena e internacional.
Ansaldi, W. (2014). ¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar! Introducción teórico-conceptual a la cuestión de la violencia en América Latina. En W. Ansaldi., y V. Giordano. (Coords.), América Latina. Tiempos de violencias (pp. 47-76). Ariel Historia.
Contreras, V. (1981). Estimado Víctor [Carta]. Archivo y Centro de Documentación Fundación para el Desarrollo de Chiloé.
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2005). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Ministerio del Interior.
Díaz, E. (2014). Relegación Administrativa en Chile en el período 1980-1985 (tesis de pregrado). Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
/Gobernación Provincial de Chiloé. (2025). Ubicación geográfica. Castro, Chile: Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Recuperado de http://www.gobernacionchiloe.gov.cl/geografia/.
Quellón. Como debería ser Chile. (1ª quincena mayo 1983). Solidaridad, p. 6.
Lefebvre, H. (2013). La producción del espacio. Capitán Swing.
León, D. (2021). Extranjeros en su propia tierra. Relegación política durante la dictadura militar chilena 1973-1989 (tesis de pregrado). Universidad de Chile.
Leyton, C. (2015). Geopolítica y ciudad gueto: erradicaciones eugenésicas en la dictadura militar. Santiago de Chile 1973-1990. En C. Leyton, C. Palacios., y M. Sánchez (Eds.), El bulevar de los pobres. Racismo científico, higiene y eugenesia en Chile e Iberoamérica, siglos XIX y XX (pp. 339-365). Ocho Libros.
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Archivo de Fondos y Colecciones. (1983). Télex reservado N.º 35.
Peñaloza, C. (2023). La relegación como mecanismo de represión de la dictadura chilena (1973-1989) y su representación en el cine. El caso de la película “La Frontera” de Ricardo Larraín. Páginas, 15(38), 1-19. https://doi.org/10.35305/rp.v15i38.763.
Pérez, C., y Pozzi, P. (2012). Introducción. En C. Pérez., y P. Pozzi. (Eds.), Historia oral e historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina, 1960-1990 (pp. 7-17). LOM Ediciones.
Pérontin-Dumon, A. (2007). Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo. Historizar el pasado vivo en América Latina, 1-149.
Red de Informática de Instituciones de Derechos Humanos de Chile. (1991). Glosario de definiciones operacionales de las violaciones a los derechos humanos. Santiago, Chile: Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas.
Rayo, G. (abril 1981). Trabajos CODEJU-Chiloé: aprender a vivir la solidaridad. Análisis, pp. 23-26.
Relegados. Regreso a casa. (1º al 7 de octubre 1980). Hoy.
Relegados. Sembrando libertad. (2ª quincena septiembre 1980). Solidaridad, p. 8.
Relegados a Chiloé. “Una isla no nos aísla…”. (febrero 1981). Solidaridad, p. 22.
Relegados. Dramáticos testimonios. (1ª quincena julio 1983). Solidaridad, p. 5.
Relegados. Regreso satisfactorio. (1ª quincena octubre 1983). Solidaridad, p. 6.
Serje, M. (2017). Fronteras y periferias en la historia del capitalismo: el caso de América Latina. Revista de Geografía Norte Grande, 66, 33-48. http://doi.org/10.4067/S0718-34022017000100003.
The Journal. (Productor). (1983). Chile: El miedo se acabó [Documental]. Arcoiris TV. https://www.arcoiris.tv/scheda/it/17121/
Tilly, C. (1992). Coerción, capital y los Estados europeos, 990-1990. Alianza Universidad.
Ulloa, N. (2021). “Aprender a vivir la solidaridad”. Relegación administrativa en la Provincia de Chiloé, 1980-1985 (tesis de pregrado). Universidad Austral de Chile.
Urrutia, S. (2017). Territorios bajo asedio. Geopolítica y transformación territorial en Sudamérica durante los 60’ y 80’: reflexiones en torno al saber y el poder. En Intelectuales, expertos y profesionales en la configuración de las relaciones entre el saber y la política en América Latina. Conferencia llevada a cabo en las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Mar del Plata, Argentina.
Valdivia Ortiz de Zárate, V. (2018). Gritos, susurros y silencios dictatoriales. La historiografía chilena y la dictadura pinochetista. Tempo & Argumento, 10(23), 167-203. https://doi.org/10.5965/2175180310232018167.