4.1. Aspectos generales de la responsabilidad civil.

i) Daño indemnizable: certeza del daño y lucro cesante futuro.

Este es uno de los temas más polémicos, pues la discusión jurisprudencial se extiende desde la certeza del daño hasta los factores a considerar para su cálculo. Una fotografía del estado jurisprudencial de estos tópicos fue recogida por Concha,⁶⁰ donde expone algunos criterios de determinación del monto aceptados por la jurisprudencia (edad, remuneración, grado de incapacidad). Similar situación constató el autor en cuanto a la fijación prudencial sostenida por la Corte de Apelaciones Concepción, y que según expone, habría recibido una crítica positiva del profesor Domínguez.⁶¹

Sin embargo, es la difusa línea entre la certidumbre del daño y la fórmula de determinar su importe, la que dio origen a la jurisprudencia que se pasa a analizar.

En Sandoval con Administradora,⁶² la Corte Suprema unificó jurisprudencia en materia de lucro cesante, sosteniendo: “el lucro cesante ha sido conceptualizado como la pérdida efectiva de la ganancia cierta,⁶³ -o ‘si el daño consiste en que se impidió un efecto patrimonial favorable (porque no se produjo un ingreso o no se disminuyó un pasivo), el daño es calificado de lucro cesante’-”.⁶⁴ Entonces, introduciendo la locución “cierta” en reemplazo de la voz “esperada”, desvirtuó el concepto de lucro cesante, exigiendo una certeza que está fuera del alcance humano.

Hecho lo anterior, la Corte establece la siguiente doctrina: “Que la conclusión anterior fluye no sólo de la clasificación del daño que contiene el artículo 1556 del Código Civil, sino también de todas las normas que regulan el perjuicio como requisito esencial para dar nacimiento a la obligación de indemnizar. Ese resultado pernicioso exigible indudablemente, necesita de certidumbre tanto en su existencia como en su extensión, por lo que no es dable pretender que quede entregado a un juicio de probabilidades, porque entonces la cantidad que se estableciera como indemnización estaría resarciendo el daño eventual, tal vez probable, pero en caso alguno de naturaleza cierta. … Que, por lo mismo, si bien en la especie se ha demostrado que el actor ha experimentado perjuicio, no existe certeza, -en lo que a lucro cesante concierne-, de haber dejado aquél de obtener una ganancia cierta, determinada y objetivamente cuantificable, como consecuencia de las lesiones sufridas, mismo rubro que no admite regulación prudencial, de lo que cabe concluir que en la sentencia cuestionada se ha incurrido en la infracción de ley denunciada, del artículo 1556 del Código Civil”.⁶⁵

Termina el fallo declarando que debe entenderse unificada la jurisprudencia en el sentido expuesto, declarando expresamente que el lucro cesante no puede determinarse o cuantificarse exclusivamente en base a un juicio de probabilidades.

En el caso referido, el demandante, hombre de 26 años, sufrió un accidente laboral que le provocó una lesión ocular, sufriendo la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo, con una invalidez del 30%. En la sentencia dictada en la instancia, se condenó a la demandada, al pago de indemnización por lucro cesante, calculado prudencialmente en función de la edad del actor, las remuneraciones que percibía y el grado de incapacidad.⁶⁶ La demandada, dedujo recurso de nulidad por infracción de ley, el que la Corte rechazó considerando que estaba acreditada la certeza del daño y que el cálculo del lucro cesante está determinado por un juicio de probabilidades.⁶⁷

La demandada dedujo recurso de unificación, en virtud de la doctrina contraria contenida en causa Castillo con Rodríguez y Parra,⁶⁸ en que la Corte, conociendo del recurso de apelación, rechazó la demanda por lucro cesante, argumentando: “... En efecto: a) el lucro cesante, como ha dicho la jurisprudencia, puede ser definido como la pérdida efectiva de la ganancia cierta. Así el trabajador que ha dejado sus funciones por una imposibilidad física, producto de un accidente laboral de que es responsable su empleador directo, debe acreditar los presupuestos indispensables para hacerlo procedente, es decir, la merma efectiva del beneficio o provecho que se habría obtenido en determinadas condiciones, no puede establecer como parámetro para la cuantificación del lucro cesante, los años que restan para su jubilación o de vida, pues la indemnización debe corresponder efectivamente al daño causado y no a conjeturas.” Cabe agregar que en el párrafo final del mismo considerando, la Corte estableció: “Como puede apreciarse, la prueba rendida sobre el particular por el actor, y que el fallo analiza in extenso, es insuficiente, e incluso, de las declaraciones de los propios testigos de la demandante Maldonado Valenzuela y Olivares Lazo a fojas 155 y 158, como de los certificados de cotizaciones provisionales (sic) de fojas 168 a 170, se desprende que el actor ha seguido trabajando con posterioridad al accidente, sin dificultad en otras empresas y con una remuneración superior”.⁶⁹

Sobre la decisión adoptada por la Corte en Sandoval con Administradora, debe aclararse que se trata de una sentencia dictada con voto dividido, (3 a favor y 2 en contra) por lo que no puede asegurarse la mantención del criterio fijado en sede de unificación. Este dato hace necesario considerar los argumentos del voto de disidencia, que sostiene la tesis contraria: “b) Que, al respecto, puede anotarse que el lucro cesante posee siempre un elemento contingente, desde que se basa en la presunción de que una persona con las características del afectado o de la víctima habría obtenido ingresos de no mediar la acción u omisión dolosa o culposa de la contraria y dicha presunción resulta indemostrable con la certidumbre que reclama el recurrente. Se trata de una expectativa objetiva conforme al curso ordinario de los acontecimientos y que razonablemente se hubiera esperado si ese curso no hubiere sido desviado por el hechor; es una proyección a futuro basada en los sucesos ciertos del presente, debiendo estos últimos probarse con la precisión necesaria. En general, habrá de realizarse un juicio de probabilidad en el cálculo, luego de demostrados los supuestos fácticos que permiten el procedimiento de cálculo, el que será realizado por el tribunal llamado a resolver la litis de que se trate”.⁷⁰ Terminan los disidentes sosteniendo que la decisión adoptada sobre la materia en la sentencia recurrida, -que exige la demostración de la certeza del daño y admite que el cálculo del quantum quede sometido a un juicio de probabilidades- es la correcta en cuanto a la procedencia y prueba de este ítem resarcitorio.

Como veremos, las argumentaciones del voto disidente están en consonancia con la doctrina nacional, que ha logrado consenso en cuanto a que el requisito de certeza del daño no puede ser apreciado de la misma forma para el daño emergente y el lucro cesante.

Así, Barros afirma que el derecho da por satisfecha la exigencia de certidumbre si existe una probabilidad suficiente de que el daño se vaya a producir: “se exige que el daño futuro sea la prolongación natural de un estado actual de cosas”, esto ocurre, sobre todo, con el lucro cesante: la pérdida de beneficios futuros se calcula proyectando, sobre la base de una probabilidad razonable, la situación que hubiese debido tener la víctima de no haber ocurrido el accidente.⁷¹ Por su parte, para Rodríguez Grez, la certeza del lucro cesante se deduce de una sucesión causal normal y previsible, aplicando los estándares normalmente aceptados en el medio respectivo.⁷² En el mismo sentido, Diez Schwerter sostiene que la esencia del lucro cesante genera problemas, ya que no es posible un total grado de certeza frente a “ganancias futuras”, pues conocer el futuro está fuera del alcance del ser humano. “El lucro cesante, por ende, presenta siempre rasgos de eventualidad”.⁷³ Agrega este autor que la certidumbre del daño apunta a su existencia, no a su cuantía ni a la mayor o menor dificultad en la forma de cálculo, por lo que este último aspecto puede quedar entregado a una estimación prudencial basado en probabilidades, de modo de adoptar una decisión equitativa.⁷⁴

Cabe distinguir entonces entre la acreditación de la certeza del daño -sea muerte del trabajador; incapacidad o invalidez; total o parcial; temporal o permanente- y el cálculo del quantum resarcitorio por lucro cesante, operación en la cual entra a jugar un juicio de probabilidades, pues “el perjuicio efectivo es función aritmética de la intensidad del daño que puede llegar a producirse y de la probabilidad de que efectivamente se produzca”.⁷⁵En esta labor, la presunción del curso ordinario de las cosas, permite proyectar un ingreso futuro sobre la base de los hechos mostrados en el juicio y de la experiencia general de lo que puede tenerse por ese desarrollo ordinario de los acontecimientos. En términos sencillos, una justa reparación a la víctima se garantiza proyectando, por un cierto lapso de tiempo, los ingresos que “en el curso normal de los acontecimientos razonablemente esperaba recibir”.⁷⁶

Vemos así que la decisión interpretativa fijada en sede de unificación mantiene la línea jurisprudencial mayoritaria existente antes de la implementación del recurso de unificación,⁷⁷ la que discrepa rotundamente de la doctrina científica chilena. Lo anterior ratifica el defecto acusado por el profesor Domínguez: que los criterios jurisprudenciales constituyen una limitación al principio de reparación integral.⁷⁸

Ahora, volviendo sobre el fallo de contraste, cabe señalar que, revisado el argumento final del considerando octavo de Castillo con Rodríguez y Parra, se constata que fue determinante en la decisión de rechazo del lucro cesante, la circunstancia de haberse acreditado el hecho positivo contrario, es decir, que la lesión sufrida por la víctima no aparejó una incapacidad laboral ni tampoco una merma en sus ingresos, menos si estos fueron superiores tras el accidente. En suma, la decisión de la Corte se entiende justificada en estar acreditada inexistencia del lucro cesante y no que en la falta de certeza del daño.

A más de lo anterior, existe otra diferencia sustancial entre el caso Castillo con Rodríguez y Sandoval con Administradora: que no es equiparable la condición o nivel de incapacidad laboral que sufrió el trabajador del primer caso (pérdida del dedo índice izquierdo) en comparación al trabajador del segundo caso (pérdida de la visión en uno de sus ojos) desde que afectan distintas áreas de la capacidad física de una trabajador.

Estas dos diferencias, jurídicamente relevantes, permitían excluir la aplicación del precedente contenido en Castillo con Rodríguez y Parra, ya que los criterios de divergencia detectados impiden homologar la decisión y por ende, permiten eludir el precedente, según la regla del distinguishing.

Para terminar, citaremos la causa Chávez con RD Constructora,⁷⁹ causa en que la lesión sufrida por el trabajador consistió en una ceguera irrecuperable de su ojo derecho, con pérdida del 50% del sentido de la visión. En esta causa, la Corte de Apelaciones, siguió los parámetros de la doctrina civil mayoritaria, invalidando la sentencia que rechazó la demanda, procediendo en su reemplazo a acogerla, argumentando que, dándose los presupuestos reales, objetivos y probados de la existencia de secuelas invalidantes que le significan al actor un detrimento importante de su capacidad de ganancia, “(4º) Que en tal circunstancia es comprensible que el lucro cesante, para ser indemnizado debe ser necesariamente cierto, sin que ello conlleve una certeza absoluta, por la configuración y naturaleza del daño, sino a una de carácter relativo, siempre que esté fundada en antecedentes reales, objetivos y probados. Al respecto, el lucro cesante resulta ser más bien un juicio de probabilidad, cuyo resultado no puede ser exacto, ni matemático, pero sí ha de sostenerse en consideraciones fundadas y razonables, dentro de un contexto de normalidad y atendidas las circunstancias del caso”.

Puede advertirse que este caso detenta elevados grados de similitud factico-jurídico con el caso Sandoval con Administradora, atendido que en ambos la lesión afectaba la capacidad visual del trabajador afectado, evidenciándose así la desigual respuesta que da la justicia a casos análogos y que se pretende corregir por la vía del Recurso de Unificación.

ii) Daño indemnizable: compatibilidad de las prestaciones de la ley 16.744 con la acción indemnizatoria civil.

La problemática anunciada tiene dos aristas: en primer lugar, si las prestaciones pecuniarias establecidas en la Ley sobre Accidentes del Trabajo resultan o no compatibles con las indemnizaciones establecidas según las reglas generales, polémica que solo puede presentarse respecto de la indemnización del daño emergente y del lucro cesante, ya que la Ley 16.744, no otorga indemnizaciones a título de daño moral. El segundo problema consiste en la influencia de las prestaciones concedidas al trabajador, a la hora de fijar el monto de la indemnización.⁸⁰

En Manríquez con Plásticos Burgos,⁸¹ la Cuarta Sala de la Corte Suprema rechazó el recurso de unificación, estimando que no se da el presupuesto legal, desde que no concurre la similitud fáctica exigida, considerando además ajustada a derecho la decisión contenida en la sentencia recurrida, que hacía compatibles los regímenes de seguridad social y de reparación civil. Entonces, lo que justifica el estudio de este caso, más que la decisión interpretativa, es observar la técnica de comparación efectuada por el máximo tribunal.

En cuanto a la decisión interpretativa, denominada en doctrina como ratio decidendi, se encuentra en los siguientes considerandos: “… Que según enseña la doctrina y lo establece el aludido artículo 69 de la ley N° 16.744, el sistema de seguridad social coexiste con el sistema de responsabilidad civil en materia de accidentes del trabajo, de modo que la víctima conserva siempre el sistema común o general de responsabilidad. En palabras del profesor Ramón Domínguez Ávila (sic), el principio de reparación integral de la responsabilidad determina que la víctima mantenga siempre una acción para la indemnización complementaria por los daños no cubiertos por el sistema de seguridad social (Ramón Domínguez Águila, Responsabilidad Civil y Seguridad Social, en la Responsabilidad por Accidentes del Trabajo, Cuadernos de Extensión, Universidad de Los Andes, 10, 2005, pag.38) … Que, de esta manera, no se advierte incompatibilidad entre ambos sistemas, cuyas finalidades y fundamentos son diversos, en la medida que con ello se haga posible obtener la reparación de todo daño no cubierto por el sistema seguridad social, pues ciertamente no es aceptable un cúmulo de indemnizaciones que llegue a superar el valor real de la reparación que se pretende. Por ello, al determinar las indemnizaciones civiles, debe también atenderse a las reparaciones ya obtenidas en compensación de los mismos daños, no porque ambos sistemas sean incompatibles, sino para evitar un enriquecimiento sin causa”.⁸²

Encontramos luego la confrontación del caso objeto del recurso, con los fallos invocados por el recurrente, que son el caso Antihueno con Puerto Lirquén,⁸³ donde se falló que la Ley Nº 16.744 prevé, precisamente, la compensación de este tipo de daños a través de los mecanismos que ella misma establece y a los que puede acceder el trabajador. Empero, concluye la Corte que si bien en Antihueno con Puerto Lirquén se alude a la Ley N° 16.744 recordando las prestaciones que puede obtener el trabajador afectado, no declara categóricamente la incompatibilidad entre ambos tipos de indemnizaciones.⁸⁴ El segundo caso fue Sepúlveda con Pesquera Sopesa,⁸⁵ en que se descartó la procedencia del lucro cesante por estar probado que tras el accidente, el trabajador afectado por incapacidad parcial, obtuvo una pensión equivalente al 35% de su sueldo base. Sin embargo la Corte consideró que este caso no era homologable con el sometido a su decisión, argumentando que “el demandante de autos no es beneficiario de ninguna pensión de invalidez, sino de un mero subsidio global, por un monto fijo predeterminado, que hace perfectamente posible la existencia de perjuicios reales y ciertos, no cubiertos por la prestación de seguridad social”.^86-87 Agrega luego “Que la posible existencia de daños no cubiertos por las prestaciones de seguridad social se advierte con nitidez en el caso en que incide este recurso, pues habiéndose determinado su incapacidad laboral en un 15%, el demandante no tendrá derecho a una pensión de invalidez que pueda compensar con certeza su pérdida de capacidad de ganancia, sino sólo podrá acceder al resarcimiento global que contempla el artículo 35 de la Ley de Accidentes del Trabajo, que no puede exceder de 15 veces el sueldo base y cuyo monto debe determinarse en la forma y condiciones que determina la ley y el reglamento”.⁸⁸

Se observa en las consideraciones precedentes cómo la Corte realiza el juicio comparativo, destacando las notas distintivas que hacen excluir la aplicación de los precedentes invocados al caso sometido a su decisión, evidenciándose que con este recurso no sólo se entra a conocer el derecho, sino que, además, se exige la realización de la comparación de casos para resolver si el precedente es o no aplicable.

Por otra parte, vista la dispersión de votos con que se alcanzó el fallo, es necesario tener en vista algunos argumentos del voto disidente:⁸⁹ “Que como ya lo ha señalado esta Corte en casos similares, el tenor de las normas aludidas da cuenta que la intención del legislador en esta materia especial fue, precisamente, resarcir la incapacidad o disminución de la actividad laboral del trabajador afectado por un siniestro, mismo principio que determina el cobro de lucro cesante en tanto obedece a la pérdida de una ganancia cierta. 4°) Que de esta manera, habiéndose establecido que el suceso acaecido al demandante, fue un accidente del trabajo que le produjo incapacidad parcial -específicamente del 15%- y que, por ello, se le otorgó, o tiene el derecho a las prestaciones contempladas en el artículo 35 del referido cuerpo legal, no es dable pretender una indemnización diferente por ese concepto, ya que por expresa disposición legal, las mermas de que se trata deben dar lugar a las prestaciones especialmente dispuestas en los preceptos que regulan la materia”.

Por ende, la disidencia estima que las normas contenidas en los referidos artículos 34 y 35 de la Ley N° 16.744 son los que, por especialidad, regulan el resarcimiento de la pérdida de capacidad laboral y, por ende, resultan incompatibles con el resarcimiento del lucro cesante que se persiga por la vía de las normas generales, pues atienden al mismo fin.

Sobre el tema expuesto es posible formular algunos alcances:

(1) Que la jurisprudencia previa al citado precedente siempre ha debatido en torno a la materia, tratando de compatibilizar el principio de reparación integral con la proscripción del enriquecimiento injusto.⁹⁰

(2) Que el debate sobre el tema se mantiene abierto, pues una mayoría simple de la sala no puede asegurar que en el futuro se mantendrá el criterio del máximo tribunal.

(3) Que es destacable que la Corte Suprema haya aplicado la técnica del distinguishing, detectando criterios de divergencia que permitieron excluir la aplicación de los casos invocados, estableciendo que jurídicamente no eran situaciones equiparables. En especial es notable que los sentenciadores hayan entrado a las particularidades del caso en estudio, donde el trabajador sólo había recibido como indemnización una suma global calculada sobre una parte de su remuneración, lo que hacía evidente la existencia de perjuicios no indemnizados.

(4) En cualquier caso resulta preocupante la posición asumida por la disidencia, que establece en términos rotundos que la concesión de prestaciones de seguridad social a la víctima excluye, por aplicación del principio de especialidad, la indemnización del lucro cesante. Tal interpretación, contraviene el claro tenor del artículo 69 de la Ley N° 16.744, que admite la compatibilidad de ambos regímenes cuando el accidente obedece a culpa o dolo del empleador. Además, limita seriamente el principio de reparación integral, en circunstancias que el empleador que por culpa o dolo causa daños a sus trabajadores, está obligado a repararlos,⁹¹ máxime si el sistema de prestaciones que regula la propia ley evidencia la existencia de perjuicios no indemnizados, tanto en los tramos que no concede indemnizaciones o sólo contempla una suma global, como en aquellos donde, otorgando pensiones de invalidez, estas corresponden sólo a un porcentaje del sueldo base que no siempre se corresponde al grado de invalidez, excluyendo de la base de cálculo otras de remuneraciones que eventualmente haya percibido el trabajador.⁹²

En este punto los disidentes desatienden otro elemento esencial: que los principios que inspiran a la seguridad social discrepan sustancialmente de los que informan la responsabilidad civil.⁹³ Tal como lo afirma el profesor Domínguez, “las diferencias de fines y fundamento determinan también una técnica de funcionamiento diverso, allí donde ambos sistemas coinciden, como es el caso de la reparación de daños”.⁹⁴ Por otra parte, si atendemos al concepto de seguridad social, tenemos que en su dimensión funcional y jurídica, el énfasis está puesto en la prevención y satisfacción de contingencias sociales⁹⁵ y en atenuar sus consecuencias nocivas, mas no a reparar integralmente el daño.⁹⁶ En suma, las prestaciones de seguridad social, tienden a “restablecer una igualdad de partida”⁹⁷ en base a lineamientos genéricos y no a reparar integralmente el daño sufrido.

Si a ello se suma que las prestaciones por incapacidad se determinan en función de tramos, atendiendo a valores estandarizados,⁹⁸ se ratifica que el modelo nacional de seguridad social está lejos de dar cobertura total a las necesidades derivadas de una contingencia social, lo que justifica la compatibilidad de las prestaciones de esta índole, con el resarcimiento de los perjuicios no cubiertos, los que se generan por la diferencia de valor entre lo percibido del asegurador y el daño efectivamente sufrido,⁹⁹ máxime cuando la propia Ley N° 16.744 así lo establece en su artículo 69.

iii) Daño indemnizable: reajustabilidad de las indemnizaciones y cálculo de intereses.

La materia en controversia se circunscribe a determinar si procede aplicar en la indemnización por daño moral derivado de accidente del trabajo los incrementos previstos en los artículos 63 y 173 del código del ramo o, por el contrario, tal materia se rige por las normas del régimen general civil.

Así, la unificación se produjo en la causa Espinoza con Constructores Tensacon,¹⁰⁰ en sentencia dictada por la Cuarta Sala.¹⁰¹ En la instancia, al acoger la demanda de indemnización por daño moral, se dispuso su pago con reajustes e intereses conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, decisión que fue mantenida por la Corte de Apelaciones, que rechazó el recurso de nulidad.

Como fallo de contraste, el recurrente invocó el dictado en Martínez con Sociedad Inmobiliaria¹⁰² donde se acogió un recurso de nulidad declarando que la indemnización por daño moral, al ser propia del régimen general civil, no puede generar intereses ni reajustes sino a partir del momento en que se fija, esto es, a partir de la sentencia.

Establece así la Corte que sobre la misma materia de derecho concurren diversas interpretaciones,¹⁰³ concurriendo los parámetros de similitud entre los casos en estudio, por lo que unificando jurisprudencia, emitió la siguiente ratio decidendi: “Que, por consiguiente, la remisión expresa que el artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744 hace a las normas del derecho común, obliga a su aplicación en todo el ámbito de la pretensión hecha valer, esto es, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de procedencia de la responsabilidad, lo que debió llevar a disponer el pago de la indemnización determinada en autos con los reajustes del Índice de Precio al Consumidor para los efectos de mantener el valor adquisitivo de la moneda, como con los intereses respectivos para sancionar al deudor moroso en el pago que se le ha impuesto”.¹⁰⁴ En definitiva, la Corte Suprema ordenó el pago de las indemnizaciones con el reajuste del IPC desde la fecha que la sentencia quede ejecutoriada, más intereses corrientes para operaciones reajustables desde que el deudor se constituya en mora.

Nos permitimos discrepar del criterio fijado por la Corte, ya que esta interpretación se contrapone con el espíritu de la legislación,¹⁰⁵ al desatender el principio protector del derecho laboral, el cual impone el respeto de reglas de interpretación propias del ramo. Así, tenemos que la regla in dubio pro operario, determina que en caso de dudas entre dos interpretaciones posibles, debe optarse por la más beneficiosa. Por su parte, la regla de aplicación de la norma más favorable plantea que, en el caso de haber más de una norma aplicable, debe optarse por aquella que sea más favorable al trabajador, aunque ésta no hubiese correspondido de acuerdo a los criterios clásicos sobre jerarquía de las normas.¹⁰⁶ Desde esta perspectiva entre las normas civiles y laborales que conjugan, debe optarse por esta última.

Establecido lo anterior, podemos decir que, la remisión que el artículo 66 de la Ley 16.744 efectúa al derecho común, hace que en materia de reajustes e intereses, colisionen las reglas del derecho civil, con las contenidas en el artículo 63 del Código del Trabajo, norma que alude a las sumas que los empleadores adeuden a los trabajadores por concepto de “indemnizaciones” que se devenguen “con motivo de la prestación de servicios”.

Como la norma comprende las indemnizaciones, a sola condición de que deriven de la prestación de servicios, quedan perfectamente comprendidas en la norma las indemnizaciones de perjuicios por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, ya que éstas derivan de un evento dañoso ocurrido durante la actividad laboral.

En otra perspectiva, no resulta ajustado asignar un sentido restringido al vocablo indemnizar si ello implica adoptar una interpretación perjudicial al trabajador, pues ello vulnera la regla pro operario. Finalmente, ante la colisión de las normas civiles y laborales, necesariamente deben aplicarse estas últimas cuando resulten más favorables al trabajador.

Por lo anterior, estimamos que las indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por haberse generado con ocasión de la prestación de servicios, deben reajustarse y devengar intereses según el artículo 63 del Código del Trabajo.

iv) Prescripción de la acción indemnizatoria por enfermedades profesionales.

El artículo 69 letra b) de la Ley N° 16.744 establece el derecho del trabajador que sufre un accidente del trabajo o enfermedad profesional a demandar otras indemnizaciones con arreglo al derecho común. Adicionalmente el artículo 79 del mismo cuerpo legal, dispone que el plazo para reclamar las prestaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales prescribe en 5 años desde la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad, término que se eleva a 15 años en el caso de la neumoconiosis.

La cuestión que se plantea es si el vocablo “prestaciones” a que alude el artículo 79 se restringe a los beneficios, reembolsos o indemnizaciones derivadas del seguro de accidentes del trabajo, o comprende las acciones indemnizatorias a que alude el artículo 69, definición de la cual dependerá si la prescripción de la acción indemnizatoria, en el caso de la neumoconiosis, es de 5 o de 15 años.

El problema fue resuelto en el caso Salinas con Codelco,¹⁰⁷ donde la Cuarta Sala de la Corte Suprema¹⁰⁸ rechazó el recurso de unificación deducido por el demandante en contra de la sentencia que acogió la excepción de prescripción de 5 años que opuso la demandada, invocando el estatuto de responsabilidad general.

Para resolver el recurso, la Corte Suprema primero procede a constatar los diversos criterios jurisprudenciales para casos similares, actividad que realiza en el considerando tercero del fallo, donde constata que en el caso Orellana con Peña y Otros,¹⁰⁹ y en Briones con Interma,¹¹⁰ se declaró que el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se encuentra establecido en el artículo 79 de la Ley N° 16.744. Así, la concurrencia de parámetros de analogía adecuados, que se determinan luego de comparar los casos, permitió a la Corte entrar a conocer el Derecho sometido a su decisión, pues estaban frente a decisiones judiciales diferentes para casos similares.

Sin embargo, pese a concurrir el supuesto de dispersión jurisprudencial, la Corte, en voto dividido,¹¹¹ rechazó el recurso de unificación, considerando acertada la interpretación contenida en la sentencia recurrida, que asignaba un alcance restringido a la locución “prestaciones” contenida en el artículo 79, entendiendo por tales las atenciones médicas, hospitalización, prótesis y aparatos ortopédicos, rehabilitación física, reeducación profesional, gastos de traslado y otros necesarios para el otorgamiento de estas prestaciones e indemnizaciones. Considera la Corte que “al reglamentar indemnizaciones, la ley se ocupa de retribuir los perjuicios originados en los gastos derivados del evento mismo de que se trata y en la privación efectiva de una ganancia cierta”.¹¹² Luego, en lo relativo al daño moral, sostiene que si bien la Ley N° 16.744 no regula expresamente el resarcimiento de este daño, lo ha derivado a la regulación del derecho común, según el sentido y alcance de la letra b) del artículo 69 de la Ley Nº 16.744 en el cual se destaca especialmente el perjuicio moral.¹¹³ Establecidas estas premisas, la Corte dicta la decisión interpretativa, unificando jurisprudencia: “Que, dilucidado lo anterior, es conveniente precisar que las prestaciones a que se refiere el artículo 79 de la Ley Nº 16.744 no son otras sino aquellas que la propia ley regula, es decir, como se anotó, las indemnizaciones por daño emergente y lucro cesante en ella contenidas, remitiéndose en lo que dice relación con el daño moral al derecho común, esto es, a las disposiciones que sobre la materia prevé el Código Civil . En consecuencia, sólo la acción que pretende el resarcimiento de esos rubros cuya fuente está en la ley citada, es decir, del daño emergente y lucro cesante, prescribe en el plazo de cinco o quince años, contados desde la fecha del accidente o del diagnóstico de la enfermedad, según sea la causal y enfermedad que corresponda aplicar”. Termina declarando que la prescripción de la acción resarcitoria por daño moral es de cinco años desde la fecha del diagnóstico, según las reglas generales.¹¹⁴

Discrepamos de la doctrina asentada en base a dos razones principales. En primer lugar, porque si bien para la determinación de las indemnizaciones por accidentes del trabajo, la ley nos remite a las normas del derecho común, de ello no se concluye necesariamente que la indemnización así obtenida tenga carácter de prestación civil. Tal conclusión implicaría olvidar que la enfermedad profesional se ha producido con ocasión de la prestación de servicios y desatender el carácter laboral que reviste a la obligación de seguridad. Por ende, creemos que infringida la obligación de protección, la indemnización que surge para resarcir los daños derivados del incumplimiento, debe ser igualmente equiparada a una obligación laboral, máxime si consideramos la función restitutoria de la indemnización de los daños patrimoniales y la función compensatoria de la indemnización del daño moral.¹¹⁵

Otra razón para discrepar es la interpretación restrictiva asignada por la Corte al concepto “prestaciones” contenida en el artículo 79 de la Ley N° 16.744, opción que contraviene una regla esencial: que tratándose de la interpretación de normas laborales, la exégesis debe realizarse a la luz de los principio y reglas que informan la materia. En tal sentido, la interpretación debe conducirse a la luz del principio protector propio del derecho laboral. Este principio, según lo propone Pla y la doctrina nacional,¹¹⁶ se descompone en 3 sub principios, resultando atingente la regla interpretativa In Dubio Pro Operario, según la cual, en caso de duda sobre el sentido y alcance de una norma, esta debe ser entendida en la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador.¹¹⁷ Así, es claro que existiendo dos alcances posibles para el vocablo “prestación”, el intérprete debe escoger el que resulte más favorable al trabajador, en coherencia con el carácter protector del derecho laboral.

Otras argumentaciones en la línea que sostenemos, entre los que destacan el principio de especialidad, historia fidedigna, elemento sistemático y razones etimológicas, fueron latamente desarrolladas por Diez Schwerter, a cuyo trabajo nos remitimos.¹¹⁸

Por otra parte, no puede omitirse aquí lo que la Corte resolvió en sede de casación en el caso Ortiz y otros con Codelco,¹¹⁹ donde establece que la remisión al derecho común contenida en el artículo 69 no se extiende a la materia en estudio, por tener esta una regulación especial en el artículo 79 de la Ley sobre Accidentes del Trabajo, entendiendo la expresión “prestaciones” como comprensiva de todos los beneficios, retribuciones o indemnizaciones derivadas de la misma causa, concluyendo que los jueces del fondo actuaron conforme a derecho al proponer el concepto amplio del vocablo en comento. Agregan además que la indemnización se identifica con la prestación incumplida, por corresponder al cumplimiento por equivalencia de la obligación infringida.¹²⁰ Concluyó la Corte en definitiva, que la prescripción de la acción indemnizatoria de perjuicios derivada de accidentes del trabajo está regulada en el artículo 79 de la ley del ramo, por lo que para el caso de la neumoconiosis, es de 15 años.

Queda de manifiesto así la bifurcación de líneas jurisprudenciales que se ha producido sobre la misma materia entre la sala civil y la sala laboral de nuestro máximo tribunal, más una notable paradoja: que la sala civil haya adoptado una decisión interpretativa más favorable al trabajador que la propia sala laboral.

4.2.- Aspectos Especiales de la Responsabilidad Civil por Accidentes del Trabajo

i) Obligación de protección y naturaleza de la responsabilidad civil del dueño de la obra o faena.¹²¹

En materias de higiene y seguridad en la subcontratación, se da una situación particular desde que, si bien la relación laboral vincula a los trabajadores con las empresas contratistas de las que dependen, la ley ha impuesto una serie de obligaciones a las empresas mandantes, a fin de cautelar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales en favor de los trabajadores subcontratados.

Como estas materias apuntan a la protección de la vida y salud de los trabajadores, la normativa evolucionó hasta imponer obligaciones sobre el empleador directo y sobre la empresa principal, exigiéndoles que protejan con eficiencia la vida y salud de sus trabajadores. Consecuentemente, existen dos sujetos deudores de seguridad (empleador y empresa mandante), surgiendo discusión sobre las condiciones y requisitos que hacen procedente la responsabilidad civil del dueño de la obra, la naturaleza de la misma y la calidad en la que debe concurrir a la indemnización.

En Ramírez con Mena,¹²² La Cuarta Sala de la Corte Suprema,¹²³ conociendo del recurso de unificación, lo acogió, declarando en el fallo de reemplazo que la obligación de indemnizar, que recaía en la contratista y en la empresa dueña de la obra o faena, era simplemente conjunta. Al efecto consideró lo siguiente: “Que no obstante, que los textos de los artículos 183-B y 183-D del Código del Trabajo establecen respecto del dueño de la obra una responsabilidad por garantía en relación a las obligaciones laborales y previsionales de dar que debe satisfacer el empleador respecto de sus trabajadores… -y acotadas estas obligaciones en la forma que explicitan esos textos-, lo cierto es que tratándose de un accidente del trabajo la ley reguló la situación imponiendo a la empresa principal (dueña de la obra) un deber de protección especial en el artículo 183-E del código del ramo, deber que se expresa en similares términos a aquél que el artículo 184 impone al empleador contratista o subcontratista. … La disposición en análisis ENT#091;alude al art. 183 E del Código del TrabajoENT#093;¹²⁴ contiene o da cuenta de la responsabilidad directa que recae sobre la empresa principal para el evento que incumpla el deber de cuidado que el mismo texto le impone, de modo tal que perseguir su responsabilidad por un accidente del trabajo supone determinar claramente la conducta que por acción u omisión de su parte configuró un incumplimiento de ese deber personal y directo, así como la relación entre esa conducta y los daños reclamados”.¹²⁵ Termina el fallo, declarando que se ajusta a derecho la sentencia de la instancia, que ordenó el pago de la indemnización por parte de las demandadas, en forma simplemente conjunta, por lo que invalidó la sentencia de reemplazo dictada por la Corte de Apelaciones, que imponía la obligación de indemnizar, en carácter de solidaria.

Para resolver el recurso, la Corte Suprema realizó la comparación con el caso Fuenzalida con Polymont y Ecoriles¹²⁶ que igualmente se pronunciaba sobre una demanda de indemnización entablada en contra del empleador directo y de la empresa mandante. En este fallo, la Corte de Apelaciones, pronunciándose sobre la interpretación del artículo 183-B del Código del Trabajo, determinó que la responsabilidad solidaria atribuida por el artículo 183-B a la empresa principal en un sistema de subcontratación -rol que desempeña en el caso de autos la demandada Ecoriles-, está limitada exclusivamente a “las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas a favor de los trabajadores de éstos”, agregando que: “Por ello, no puede extenderse tal carga a la obligación de hacer que pesa sobre el empleador directo en cuanto a dar debida protección a la vida y salud de los trabajadores, que es la que ha servido de base para emitir condena en el presente caso”.¹²⁷

Cabe considerar que en Ramírez con Mena, el actor demandó indemnización de perjuicios por accidente del trabajo, en contra de su empleador y solidaria o subsidiariamente en contra de la empresa Constructora Novatec S.A, reclamando la reparación del lucro cesante y del daño moral. El accidente se produjo en faenas de construcción donde la primera demandada era contratista y la segunda, dueña de la obra. La sentencia de la instancia, estimó que las obligaciones laborales y previsionales de dar a que se refiere el artículo 183-B en relación con la responsabilidad del dueño de la obra -que puede ser solidaria o subsidiaria-, no incluyen las obligaciones de hacer, como la de proporcionar condiciones de seguridad a los trabajadores que prestan servicios en régimen de subcontratación, pues el artículo 183-E de dicho código impone a la empresa principal una obligación propia y directa de velar por la vida y salud de los trabajadores de sus empresas subcontratadas, por lo que estimando incumplido el deber de protección de ambas demandadas, acogió la demanda ordenándoles concurrir en forma simplemente conjunta y por partes iguales, al pago de la indemnización fijada.

En contra del fallo, el actor recurrió de nulidad, por infracción de ley en cuanto a la interpretación de los artículos 183-B y 183-E, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones, estimando errónea la interpretación del artículo 183-B, invalidó el fallo, ordenando en la sentencia de reemplazo que las demandadas debía concurrir solidariamente al pago de la indemnización de perjuicios. Tal fue el fallo que resultó en definitiva anulado por la sentencia de unificación.

Según Barrientos, lo resuelto por este recurso de unificación implica que, si la empresa principal debiera responder, lo hará ante la abstención de haber fiscalizado al contratista, expresión de la culpa in vigilando,¹²⁸ opinión que, como se verá, no es compartida. De paso, este precedente judicial habría zanjado la controversia sobre si la normativa laboral que rige a la empresa principal ante la ocurrencia de un accidente del trabajo que afecte a un trabajador subcontratado, da origen a una responsabilidad solidaria o simplemente conjunta con el contratista empleador del trabajador accidentado.¹²⁹

En efecto, la doctrina emanada de Ramírez con Mena fue ratificada posteriormente en Aguayo con Osarco y Codelco Chile.¹³⁰ En este caso, el actor dedujo demanda de indemnización de perjuicios en contra de Ingeniería y Construcciones Osarco E.I.R.L. y de Codelco Chile, a fin que se les condenara solidariamente a pagar la indemnización por daños y perjuicios. Habiéndose acogido la demanda en los términos planteados, rechazado que fue por la Corte de Apelaciones el recurso de nulidad por infracción de ley,¹³¹ la demandada solidaria Codelco Chile dedujo recurso de unificación de jurisprudencia.

En la parte final del considerando segundo de la sentencia de unificación,¹³² se lee: “Asimismo, hace valer la sentencia dictada en la causa N° 5620-12 por esta Corte Suprema,¹³³ en que conociendo de un recurso de unificación, se estableció que la responsabilidad de la empresa principal, tratándose de accidentes del trabajo, es directa en el caso de incumplir el deber de protección que el mismo texto del artículo 183 E del Código del Trabajo le impone…”. Acto seguido, luego de constatar la similitud fáctica y jurídica de los fallos aportados, establece la existencia de distintas interpretaciones de los Tribunales Superiores de Justicia sobre una misma materia de derecho, lo que condujo a acoger el recurso de unificación, pasando a dictar la sentencia de reemplazo,¹³⁴ en la que acogió la demanda de indemnización sólo en contra del empleador directo, rechazándola en contra de la codemandada solidaria.

No obstante lo anterior, es importante tener presente que en Aguayo con Ingeniería y Construcciones Osarco, se produjo dispersión de votos, desde que la sentencia de unificación contó con 2 votos disidentes,¹³⁵ que sostenían la responsabilidad solidaria de la empresa principal por accidentes que afectaran a trabajadores de sus contratistas.¹³⁶ Entonces, si bien subsistió el precedente de Ramírez con Mena, su autoridad quedó disminuida, por lo que era dable esperar su quebrantamiento.

El vuelco jurisprudencial se produjo en causa Molina con Sepmo,¹³⁷ donde la Corte Suprema,¹³⁸ acogió por unanimidad el recurso de unificación, estableciendo la responsabilidad solidaria del dueño de la obra, considerando: (1) que el carácter tuitivo de las normas de higiene y seguridad impone que la aplicación de las instituciones del derecho civil que conjuguen debe hacerse bajo el prisma de los principios del Derecho del Trabajo. (2) que el régimen de protección incorporado por la Ley N° 20.123 tuvo por finalidad intensificar las responsabilidades de la empresa principal en relación con los trabajadores de contratistas y subcontratistas, por lo que tal reforma constituye un todo que supera la normativa vigente a la época de su introducción, criticada por escueta e imprecisa. (3) Que establecida la responsabilidad directa del dueño de la obra respecto de la obligación de seguridad, la respuesta dada a la cuestión de estatuto jurídico aplicable (contractual o extracontractual) se inclina por el primer estatuto, salvando la condición de tercero del dueño de la obra, entendiendo el artículo 183-E como una excepción legal al efecto relativo de los contratos, atendido que se está ante pactos vinculados,¹³⁹ conclusión que ha permitido el conocimiento en esta sede de la acción intentada contra el empleador directo y el dueño de la obra (considerando 6°). Dicta finalmente la ratio decidendi: “Por ello, la intensificación de la responsabilidad de la empresa principal que atraviesa las normas en comento permite sostener que, si ante una inobservancia de los deberes que establecen los artículos 183-C y 183-D del Código del Trabajo surge la responsabilidad solidaria de la empresa principal ante los incumplimientos de las obligaciones laborales -carácter del cual participa el deber de seguridad, como ya se ha dicho- y previsionales del contratista para con los trabajadores de éste, con mayor razón ha de surgir similar sanción ante la infracción de un deber del mismo tipo -laboral- y que grava al dueño de la obra por expresa disposición de la ley”.¹⁴⁰

El caso versaba sobre un trabajador subcontratado, que en el desempeño de labores ordenadas por la empresa principal, sufre un accidente laboral por faltas de medidas de seguridad, resultando con una fractura de fémur. El trabajador dirigió su demanda en contra de su empleador y de la empresa principal, pidiendo se les condenara solidariamente al resarcimiento, exigiendo su responsabilidad directa. La sentencia de la instancia¹⁴¹ condenó a las demandadas a pagar en forma solidaria la indemnización de perjuicios. Deducido recurso de nulidad por infracción de ley, la Corte de Apelaciones lo acogió, ordenando a las demandadas pagar en forma simplemente conjunta tal indemnización.¹⁴²

Varias conclusiones y de diversa índole, pueden extraerse en la materia.

En una mirada cronológica, tenemos que la unificación dictada en Ramírez con Mena, se produjo en el mes de marzo de 2013; Aguayo con Osarco en febrero de 2014 y Molina con Sepmo en junio de 2014, evidenciándose una evolución desde el primer fallo, que unificó jurisprudencia estableciendo una responsabilidad simplemente conjunta, pasando luego a dividirse el criterio de la sala, hasta asentar en Molina con Sepmo la tesis de la responsabilidad solidaria.

Esto evidencia, en primer lugar, que la Corte Suprema, como órgano, no se muestra obligada por sus propios precedentes, cuestión que resulta discordante con la naturaleza del recurso, siendo preocupante que en la mantención del precedente incida en gran medida, los vaivenes de integración de la sala. En efecto, en Ramírez con Mena, la decisión fue adoptada por la presencia de un solo ministro titular, Sra. Egnem, siendo los restantes dos ministros suplentes y dos abogados integrantes. En Aguayo con Osarco, integraba la sala la Sra. Egnem, un Abogado Integrante y otros 3 ministros titulares, entre ellos la Sra. Chevesich y el Sr. Blanco, quienes suscribieron la disidencia. En Molina con Sepmo, se mantuvieron integrando los ministros Chevesich y Blanco, incorporándose los ministros Sr. Aranguiz y Sra. Muñoz, más el Abogado Integrante Sr. Prado. Por ello, es de esperarse que subsista el precedente fijado en este último fallo, atendido no solo que fue adoptado por unanimidad, sino que por tratarse de una decisión adoptada por 4 ministros titulares.

También es dable destacar que en Molina con Sepmo, se ha producido un verdadero overruling, pues se advierte un trabajo argumentativo que incorporó nuevos elementos que impulsan y justifican el cambio jurisprudencial, nutriéndose el análisis con razones históricas, lógicas y sistemáticas. Pese a lo anterior, al ser el quiebre del precedente implícito, no se alcanza el objetivo de certeza jurídica que inspira el recurso de unificación, desde que el máximo tribunal, en un lapso inferior a 2 años, ha resuelto de manera opuesta, enviando un mensaje confuso al mundo jurídico.

Ahora, en cuanto al marco normativo que regula la materia, es necesario considerar que en el estado anterior a la reforma introducida por la Ley 20.123, la responsabilidad de la empresa principal fue calificada como dominical,¹⁴³ vicaria, indirecta o sustituta, por lo cual la jurisprudencia siempre le impuso responsabilidad subsidiaria, e incluso sin culpa propia,¹⁴⁴ estableciéndose que el factor de atribución no era la culpa,¹⁴⁵ dado que consideró que el deber de protección “comprende en general una serie de normas de derecho necesario, cuyo contenido, forma y extensión se encuentran regladas mediante normas de orden público, sin perjuicio de normativas adicionales decididas o convenidas con el empleador”.¹⁴⁶

La actual regulación de la obligación de protección en el régimen de subcontratación, impuso al empleador directo el deber de adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente¹⁴⁷ la vida y salud de los trabajadores, debiendo proveer condiciones adecuadas de trabajo, implementos de seguridad, además de la información y capacitación necesaria para evitar accidentes de trabajo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 184 del Código del Trabajo. Por lo anterior, la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que el empleador, ante el incumplimiento de este deber de seguridad y protección, responde de culpa levísima. Este deber de seguridad se vio reforzado por el artículo 183-E, que extiende a la empresa principal esta misma obligación genérica de protección eficaz de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia. Se trata entonces de una responsabilidad directa de la empresa principal,¹⁴⁸ que asume junto al contratista, el deber de protección eficaz en materia de seguridad e higiene.¹⁴⁹ Dicha obligación, va reforzada con otra obligación específica: la mantención de un sistema de gestión de seguridad laboral,¹⁵⁰ que implica vigilar el cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad por parte de los contratistas y subcontratistas, confeccionar reglamentos, constituir el Comité Paritario, el Departamento de Prevención de Riesgos, entre otras.¹⁵¹ Entonces, se puede decir que la nueva normativa hace a la empresa principal y a la contratista un “deudor de seguridad” y que el deber general de prevención de daños de la empresa es más exigente en la actualidad.¹⁵²

Por ello, siendo el sentido de la Ley N° 20.123 el mejoramiento de la legislación de higiene y seguridad en materia de subcontratación,¹⁵³ a primera vista podría considerarse ajustado a derecho que se reorientara la interpretación jurisprudencial que desmejoraba la protección de este estatuto. Sin embargo, tal interpretación deja de lado un dato de la historia de la ley: que fue producto de un veto presidencial que en el artículo 183-B se agregara la expresión “de dar”, consignándose expresamente que ello estuvo motivado por el hecho que las normas aprobadas por el Congreso “podían suponer una extensión en el ámbito de las obligaciones de responsabilidad de la empresa principal a las obligaciones de hacer o a las obligaciones de dar derivadas del cumplimiento por equivalencia de las obligaciones de hacer”, lo que se habría querido evitar con la referida inclusión.¹⁵⁴

ii) Poder liberatorio del finiquito frente a la indemnización por accidentes del trabajo.

La problemática planteada discurre sobre si un finiquito con cláusula general de extinción de responsabilidades o de renuncia de acciones se extiende a la acción de indemnización de perjuicios por accidentes del trabajo. Ello por cuanto ha resultado frecuente que, tras el accidente laboral, las partes pongan término al contrato, finiquitando la relación laboral, por lo que frente a la demanda de indemnización, el empleador se excepcione por esta vía.

La jurisprudencia anterior a la vigencia del Recurso de Unificación, desestimaba el poder liberatorio de un finiquito firmado por las partes,¹⁵⁵ entendiendo que no se extendía a la indemnización por daño moral, porque esta era ajena a las prestaciones derivadas de los servicios del trabajador.¹⁵⁶

Antes de dictarse la sentencia de unificación que se verá, la Corte conoció otros tres recursos en este mismo tema, los que fueron rechazados por no concurrir la similitud fáctica necesaria. Así ocurrió en Castro con Echeverría, Rol 9579-2012; Muñoz con Constructora Su Ksa, Rol 5099-2012 y en Álvarez con Help, Rol 6634-2011. Se evidencia así que, en base a la técnica del distinguishing el Supremo Tribunal revisa los grados de analogía entre los casos a la hora de resolver este recurso.¹⁵⁷

Con todo, el criterio de la Corte Suprema pudo ser conocido en el caso González con Constructora Desco,¹⁵⁸ donde la Cuarta Sala¹⁵⁹ asentó la siguiente doctrina respecto de la extensión del finiquito: “Que, en este orden de ideas, es dable asentar que como convención, es decir, acto jurídico que genera o extingue derechos y obligaciones, que se origina en la voluntad de las partes que lo suscriben, es vinculante para quienes concurrieron a otorgarlo dando cuenta de la terminación de la relación laboral, esto es, a aquéllos que consintieron en finalizarla en determinadas condiciones y expresaron ese asentimiento libre de todo vicio y sólo en lo tocante a ese acuerdo, es decir, es factible que una de las partes manifieste discordancia en algún rubro, respecto al cual no puede considerarse que el finiquito tenga carácter transaccional, ni poder liberatorio. En otros términos el poder liberatorio se restringe a todo aquello en que las partes han concordado expresamente y no se extiende a los aspectos en que el consentimiento no se formó, sea porque una de las partes formula la reserva correspondiente, sea porque se trate de derechos u obligaciones no especificados por los comparecientes, sea por cualesquiera otras razones que el entendimiento humano pudiera abarcar”.¹⁶⁰

La Corte estableció que existió consentimiento y poder liberatorio sobre el tiempo de duración y causal de término del contrato, y respecto de la compensación de feriado, acordando las partes nada se adeudaban por ningún otro concepto y que derivara de la relación laboral, otorgándose entero finiquito. No obstante, observan los sentenciadores que en el referido instrumento nada se dijo en relación con el accidente de trabajo que padeció el actor y que era conocido de la demandada, de modo que la amplitud de la declaración no puede abarcar la acción que se ventila en esos autos, pues por tratarse de una transacción era dable exigirle la especificidad necesaria, en atención a los bienes jurídicos en juego -derechos laborales de orden público- y porque tratándose de un instrumento que busca evitar o eludir un pleito, se requiere la máxima nitidez en cuanto a las materias sobre las que se formó el consentimiento.¹⁶¹

En el caso, el trabajador demandó a su ex empleador por resarcimiento de daño material, lucro cesante y daño moral derivado de accidente de trabajo. El empleador demandado opuso la excepción de transacción basada en el finiquito suscrito con el actor con fecha 18 de enero de 2013, posterior al accidente y a la interposición de la demanda, documento en el que el trabajador declaró que nada se le adeudaba por ningún concepto.

La sentencia de la instancia, rechazó la excepción de finiquito y acogió la demanda, condenando a la demandada a pagar ocho millones de pesos por indemnización por daño moral. Deducido que fue el recurso de nulidad, la Corte de Apelaciones¹⁶² lo acogió, y anuló la sentencia de la instancia y en su reemplazo acogió la excepción de finiquito, rechazando la demanda, con costas. Como vimos, la Corte Suprema, conociendo del recurso de unificación, lo acogió e invalidó la sentencia dictada por la Corte de Valparaíso, por cuanto el finiquito no tenía la especificidad necesaria para hacerlo extensivo a la acción resarcitoria derivada del accidente del trabajo.

Debemos asentar que otro argumento que se ha elevado para rechazar la excepción de finiquito, es que el artículo 69 de la Ley N° 16.744 reguló el derecho de las víctimas de demandar indemnizaciones conforme al derecho común, incluso el daño moral. De esta forma, considerando que el artículo 88 de dicha ley establece que los derechos por ella concedidos son personalísimos e irrenunciables, no resultaría admisible un finiquito que implique renuncia a la acción de indemnización por daños y perjuicios derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.¹⁶³

También hay que consignar que esta decisión está en línea con lo resuelto por la sala civil en el caso Ortíz y otros con Codelco¹⁶⁴ que estableció que el finiquito o la renuncia de acciones indemnizatorias debían estar expresamente contenidas en el instrumento y que la ambigüedad de las cláusulas contenidas en los instrumentos analizados, debía ser interpretada en contra del redactor de la misma, en este caso, el empleador.¹⁶⁵

Consideramos que la decisión jurisprudencial resulta correcta, tanto en óptica laboral, desde que es coherente con el carácter protector y tuitivo de esta rama del Derecho, como desde la perspectiva civil, ya que impone un estándar de precisión y nitidez razonable si se considera que las partes están en una posición de desequilibrio y que la convención apunta a dar por renunciado o transigido el derecho al resarcimiento derivado de daños corporales o psicológicos de un trabajador.