Producci_n_Restrepo_et

Gobierno y Administración

Pública, N° 9 - 2025 (83-95)

Resumen

El artículo analiza el papel de las veedurías ciudadanas en la supervisión de la gestión pública en Colombia y la eficacia de estas entidades para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Pese a su potencial, desde el control social, las veedurías enfrentan desafíos relacionados con la falta de recursos, capacitación y apoyo institucional. Mediante una metodología cualitativa con un enfoque analítico, basada en técnicas de recolección documental, en la revisión de distintas fuentes, el análisis de legislación, informes de actividades de la información reportada en el RUES, y literatura académica, se evalúa tanto el marco legal como el desempeño operativo de las veedurías en distintas regiones del territorio colombiano. Los resultados indican que la eficacia varía según su estructura organizativa y el apoyo recibido; se evidencian en algunos casos solo constitución formal, mientras que en otros evidencian verdadero control político, mostrando que diferencias estructurales dependiendo el sector y la región de donde estas realizan control social. Las conclusiones subrayan la necesidad de fortalecer el marco legal, proporcionar capacitación continua y fomentar la participación ciudadana. Se recomienda integrar herramientas tecnológicas para optimizar las operaciones de las veedurías y ampliar su alcance que permita a quienes buscan hacer control social pues atendiendo las dificultades que se identifican. Este estudio resalta la relevancia de estas entidades para la gobernanza democrática en Colombia.

Palabras clave: Veedurías ciudadanas, Trasnparencia, Participación Ciudadana, Gestión Pública, Rendición de Cuentas.

Recibido de 2025 - Aceptado de 2025

* Doctor en derecho, Universidad de Medellín, profesor Universidad Cooperativa de Colombia. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1257-3813. Correo: andres.roncancio@campusucc.edu.co

** Doctor en derecho, Universidad de Medellín, profesor Universidad del Valle. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4561-3041. Correo: restrepo.john@correounivalle.edu.co

*** Magíster en Relaciones Internacionales con mención en Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO (Sede Ecuador). Profesor Universidad Nacional Abierta y a Distancia. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8793-3270. Correo: luis.amaya@unad.edu.co

VEEDURIAS CIUDADANAS EN COLOMBIA. UNA DISCUSIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Inte Citizen oversight in Colombia. A discussion on transparency and accountability

Andrés Roncancio Bedoya*

John Fernando Restrepo**

Luis Fernando Amaya***

Abstract

The article analyzes the role of citizen oversight committees in supervising public management in Colombia and the effectiveness of these entities in ensuring transparency and accountability. Despite their potential, from a social control perspective, oversight committees face challenges related to a lack of resources, training, and institutional support. Using a qualitative methodology with an analytical approach, based on documentary collection techniques, the review of different sources, the analysis of legislation, activity reports from information reported in the RUES, and academic literature, both the legal framework and the operational performance of oversight committees in different regions of Colombia are evaluated. The results indicate that effectiveness varies according to their organizational structure and the support they receive; some have an impact, while others have limitations, as the records in the RUES show that in some cases they are only formally constituted, while in others they exercise real political control, demonstrating structural differences depending on the sector and region where they carry out social control. The conclusions underscore the need to strengthen the legal framework, provide ongoing training, and encourage citizen participation. It is recommended that technological tools be integrated to optimize the operations of oversight bodies and expand their reach, allowing those who seek to exercise social control to do so by addressing the difficulties identified. This study highlights the relevance of these entities for democratic governance in Colombia.

Keyword: Citizen oversight, Transparency, Citizen participation, Public management, Accountability.

ISSN 2375-7074 on-line

https://doi.org/10.29393/GP9-6VCJR30006

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1.- Introducción

Las veedurías ciudadanas en Colombia representan un pilar fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la gobernanza pública, ofreciendo un mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden participar activamente en la supervisión y el control de la gestión pública. Este tipo de participación ciudadana no solo fomenta la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, sino que contribuye a la lucha contra la corrupción, asegurando que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente. En un contexto donde la corrupción es un desafío significativo, las veedurías tienen un papel crucial en la promoción de una administración pública más abierta y accesible.

El interés en estudiar la eficacia de las veedurías radica en la necesidad de comprender hasta qué punto estos mecanismos contribuyen efectivamente a mejorar la gestión pública, en donde el control social se convierte en una dimensión de la democracia participativa que permite hacer un seguimiento permanente y ejercer control político a diferentes procesos institucionales, contratos públicos e incluso rendiciones de cuentas de la rama ejecutiva en sus diferentes niveles territoriales (nación, departamento, municipio). A pesar de su establecimiento y reconocimiento legal, persisten dudas sobre su real capacidad para influir en la administración pública y promover cambios sustantivos en la gestión de recursos, puesto que los insumos de su implementación es atípica dependiendo a su enfoque territorial y su localización territorial, evidenciando en sus informes y en los registros del RUES, plataforma de seguimiento institucional del Estado colombiano, variables que muestran concentración y poco funcionamiento de la mayoría de las veedurías en Colombia (Dereix, 2020; Roncancio, et al., 2022).

El objetivo general de esta investigación es evaluar la eficacia de las veedurías ciudadanas en Colombia en el cumplimiento de sus funciones de supervisión y control de la gestión pública. Lo cual se evidenciará a partir de un análisis sistémico que articula a través de la técnica de recolección documental de la información que reposa en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) en donde se dispone la información oficial de las veedurías, los informes de investigaciones e insumos doctrinales e incluso disposiciones normativas que se articulan en legislación e interpretación legitima del tribunal constitucional , el estudio tiene como objetivos: (i) analizar las estructuras organizativas de las veedurías y su relación con la eficacia en la supervisión de recursos públicos; (ii) identificar los desafíos y barreras que enfrentan en su operación diaria; y (iii) determinar acciones y recomendaciones que fortalezcan la capacidad de estas entidades de participación ciudadana que desde experiencias exitosas y balances institucionales se fundamentan en la construcción teórica del estudio.

Así las cosas, en este empréstito, es claro que conforme ha señalado la corte constitucional colombiana (Sentencia C292 de 2003), es el control social, una transformación de la participación en una perspectiva de control, la que permite que se profundice en el modelo democrático de derecho, y por tanto en ello reside su potencial para influir en las políticas públicas relacionadas con la participación ciudadana y la supervisión de la gestión pública. Al entender mejor cómo funcionan las veedurías y qué factores influyen en su eficacia, los formuladores de políticas pueden diseñar intervenciones más precisas y efectivas para fortalecer estos mecanismos. Se espera que, al mejorar la eficacia de las veedurías, los hallazgos contribuyan a una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, lo que podría llevar a una reducción significativa de la corrupción y a una mejora general en la calidad de la gobernanza en Colombia.

Las veedurías ciudadanas en Colombia han emergido como actores esenciales en el desarrollo de la participación ciudadana, que desde el año 2003, han profundizado los alcances definidos en la ley 134 de 1994, con una apuesta por permitir que el control social se convierta en un medio para fortalecer, la democratización y transparencia de la gestión pública, jugando un papel crucial en la supervisión del uso de los recursos del Estado, lo que involucra a una dimensión de la democracia de control, que es una estructura de fortalecimiento conforme se desarrolla tanto por la Corte constitucional, como por el legislador en la ley 1757 de 2015. Por un lado, Restrepo, et. al. (2021), destacan que las veedurías facilitan el control social efectivo, permitiendo a la ciudadanía supervisar las acciones de las entidades de salud y contribuyendo a la lucha contra la corrupción. El estudio resalta la necesidad de educación y capacitación continua para los miembros de las veedurías para mejorar su eficacia.

Por su parte, Montilla (2004) propone un marco organizativo estructurado que permita una coordinación efectiva de las veedurías, desde el nivel barrial hasta el nacional. Este enfoque estructural busca optimizar recursos y unificar esfuerzos en la vigilancia de la gestión pública, sugiriendo que un sistema bien organizado puede potenciar significativamente la capacidad de las veedurías para influir en la administración pública y asegurar la integridad en la gestión de los recursos estatales, esto no resulta menor pues establece una responsabilidad política de la ciudadanía quien se reconoce como parte del Estado y su institucionalidad.

Cardona (2012), en su análisis, examina cómo estas organizaciones actúan como puentes entre la sociedad y el Estado, mediando y facilitando una participación más directa de la comunidad en la supervisión de la gestión pública. Desde esta óptica, la necesidad de entender las veedurías no solo como herramientas de control, sino como entidades que fomentan una relación más dinámica y reciproca entre ciudadanos y gobierno, fortaleciendo así los fundamentos de la democracia participativa (Cardona, 2012). Lo cual prospectivamente evidencia que estas no solo cumplen un papel formal sino que tiene una responsabilidad funcional alrededor de lo que representa el control social.

En cuanto a la evolución histórica y el marco legal que ha permitido el desarrollo de estas entidades en Colombia, el autor Dereix (2020) resalta cómo la Constitución de 1991 fue un punto de inflexión, ya que formalizó la participación ciudadana como un derecho y un deber, otorgando a las veedurías una base legal sólida para operar y permitiéndoles jugar un papel activo en la reforma de la administración pública. Es preciso sostener que esta evolución responde a una condición clara del contexto Colombiano, que se fundamenta en la crisis del modelo de democracia representativa del siglo XX, que se transformó con la llegada de la carta política de 1991, al consagran la institucionalización de la democracia participativa, y consolidada con las disposiciones correlativas al control social en donde la ley 850 de 2003, recogió una opción que conforme señala la corte constitucional (Corte Constitucional C 292 de 2003) permite afirmar la transformación hacia una democracia de control que fortalece a través del control social, la participación en términos de ciudadanos más apropiados de lo público y su gestión.

Desde esta perspectiva, los autores Cocuy y Machado (2022), en su artículo sobre el papel de las veedurías ciudadanas en Colombia, reiteran que estas son fundamentales para asegurar que la administración de los recursos públicos sea transparente y responsable. Argumentan que la efectividad de las veedurías depende, en gran medida, de la capacidad de los ciudadanos para organizarse y participar activamente en el monitoreo de las acciones gubernamentales y la implementación de políticas públicas. En tal entendido, es preciso dar cuenta que esta visión del control social, tiene un impacto que permite sostener como el veedor es una dimensión más amplia del ciudadano quien puede acompañar no solo con el otorgamiento del voto, sino que se apropia de la estructura y el funcionamiento del Estado a través del cuidado y del control político.

La literatura existente contribuye sustancialmente a reconocer y valorar las veedurías ciudadanas no solo como herramientas de control, sino también como facilitadoras esenciales de la participación ciudadana en la gobernabilidad y la democracia (Buriticá & Garzón, 2021). Mediante su supervisión, estas entidades desempeñan un papel crucial en la lucha contra la corrupción y en la promoción de una administración pública más abierta y accesible.

Relación con el concepto de la eficacia

La veeduría ciudadana en Colombia y su eficacia como mecanismo de control y supervisión de la gestión pública han sido abordadas desde diversas perspectivas teóricas y conceptuales que enfatizan la importancia de la participación ciudadana activa y la transparencia administrativa. Los estudios sobre la eficacia colectiva, como el presentado por Valenzuela (2012), subrayan que la capacidad de los vecindarios para organizar y ejercer control social de manera efectiva puede llevar a una significativa reducción de los índices delictivos y a un fortalecimiento del tejido social. Esta perspectiva sugiere que la eficacia de las veedurías puede verse como la capacidad de las comunidades para movilizarse y actuar colectivamente en pro de la vigilancia y la rendición de cuentas (Del Vasto et al, 2017).

Atupaña (2023), explica la eficacia del control social en la administración pública a nivel local, mostrando cómo los mecanismos de vigilancia y control pueden influir directamente en la transparencia y en la prevención de la corrupción dentro de las entidades gubernamentales. Este enfoque destaca que la eficacia de las veedurías está directamente relacionada con su capacidad para fomentar un entorno de apertura administrativa, donde la ciudadanía puede participar de manera informada y crítica (Pérez Yauli, 2022).

Ahora bien, en el contexto ecuatoriano, estudios como el realizado por los autores Morillo, et al. (2023), aunque centrado en Ecuador, proporcionan una visión comparativa valiosa para Colombia. En estos se identifica la eficacia de las veedurías en la capacidad de combatir la corrupción mediante una supervisión constante y efectiva de las actividades gubernamentales. La eficacia en este caso, se mide por la capacidad del consejo de participación ciudadana y control social para mantener y promover una gestión libre de corruptelas, reforzando la credibilidad y la integridad de las instituciones estatales (Ávila, 2016).

Finalmente, la obra de Alianak (2014) profundiza en la eficacia y eficiencia de los controles internos y externos en la gestión pública, abogando por un modelo de administración pública que integre el acceso libre a la información como herramienta crucial para el control social. Este marco teórico resalta que la eficacia de las veedurías no solo depende de la participación activa de la ciudadanía, sino también de la capacidad de los entes gubernamentales para facilitar dicho control, proporcionando acceso a la información necesaria para que la ciudadanía ejerza su derecho a supervisar y evaluar la gestión pública (Navarrete y Serra, 2012).

Relación con el concepto de transparencia

La transparencia en la veeduría en Colombia se configura como un eje fundamental para la supervisión efectiva de la gestión pública, tal como se analiza en los estudios recientes sobre auditorías sociales y veedurías ciudadanas en el contexto urbano de Bogotá. Si bien, Agüero y Montero (2023) destacan cómo las reformas legales han transformado las veedurías de simples observadores a agentes con la capacidad de influir significativamente en la planificación y ejecución de proyectos urbanos, esta transformación subraya la importancia de la transparencia no solo como acceso a la información, sino como un medio para empoderar a los ciudadanos. Cosa que les permite participar activamente en la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, lo que refuerza el tejido democrático de la ciudad (Ponce, 2023).

Merat y Roth (2006) examinan la estrategia de los Pactos de Transparencia, implementados como un esfuerzo para combatir la corrupción en municipios con altos niveles de violencia y corrupción, como Tumaco. Estos pactos involucran a múltiples actores, incluyendo la sociedad civil y entidades gubernamentales, fomentando un compromiso con la transparencia que busca restaurar la confianza en las instituciones públicas. A través de este enfoque, la transparencia se manifiesta como un principio operativo que puede mejorar directamente la rendición de cuentas y la eficacia de la gestión pública, abordando tanto los síntomas como las causas estructurales de la corrupción (Acosta, 2016).

Guerra (2024) propone un modelo de comunicación diseñado para mejorar la transparencia del Congreso de Colombia, destacando la necesidad de una comunicación clara y accesible que permita a los ciudadanos ejercer una veeduría efectiva sobre sus representantes. Este modelo busca informar y educar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades en el monitoreo de la gestión legislativa, fortaleciendo así la democracia representativa a través de una participación más informada y crítica.

Home y Arévalo (2021) discuten el papel de los mecanismos de Gobierno Abierto en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones públicas. Argumentan que el enfoque tradicional de la Nueva Gestión Pública, que priorizaba la eficiencia y la respuesta al cliente por encima de la participación ciudadana, está siendo reemplazado por modelos que valoran la colaboración activa de los ciudadanos en el diseño y la implementación de políticas públicas (Osorio, 2022). Esto refleja un cambio hacia una mayor transparencia operativa, donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un papel crucial en el empoderamiento ciudadano y en la construcción de una gobernanza más abierta y responsable (Morales, 2020).

Relación con el concepto de participación ciudadana

Los estudios sobre la participación ciudadana en Colombia, en particular a través de las veedurías, revelan un amplio espectro de enfoques y aplicaciones que reflejan la profundidad de este concepto en el marco de la democracia participativa. Las veedurías, como mecanismos de participación ciudadana, son resaltadas por Hernández (2018) como herramientas clave para la coadministración del Estado, donde los ciudadanos no solo actúan como observadores, sino como partícipes activos en la gestión y supervisión de la administración pública (Rodríguez, 2008). Este enfoque sugiere que la participación ciudadana, mediante veedurías, puede fortalecer significativamente la transparencia y la eficacia gubernamental, asegurando que las políticas y las prácticas gubernamentales reflejen las necesidades y los intereses de la comunidad.

Echeverri (2010) examina cómo la Constitución de 1991 y las leyes subsiguientes han establecido un marco normativo que facilita la participación ciudadana en una variedad de ámbitos, incluido el medio ambiente. Este marco legislativo refleja un compromiso con la democratización de los espacios políticos y administrativos, permitiendo a los ciudadanos influir en las decisiones que afectan sus vidas de manera directa. A través de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, se destacan los esfuerzos por integrar prácticas participativas en el diseño y ejecución de políticas, lo cual es crucial para la legitimación de las decisiones gubernamentales y para fortalecer la confianza en las instituciones públicas (Castañeda, A. y Piedrahita, P., 2018).

El análisis del posconflicto por parte de Guarín, et al. (2015) muestra cómo las veedurías pueden jugar un papel vital en la implementación de los acuerdos de paz, promoviendo una participación ciudadana que es fundamental para la reconstrucción y la reconciliación nacional. Este estudio subraya la importancia de la participación ciudadana en la creación de una paz sostenible y destaca las veedurías como un medio para asegurar que la implementación de los acuerdos de paz sea transparente y responda a las necesidades de los afectados por el conflicto (Bresciani Lecannelier, 2006). Este enfoque refleja una visión más amplia de la participación ciudadana, como un derecho y una estrategia esencial para la consolidación de la paz.

Ahora bien, los autores Duque et. al. (2024) también abordan el tema de la participación ciudadana como un componente crucial para la transparencia y la buena gobernanza. Este enfoque destaca cómo la participación ciudadana, enraizada en los principios de buena administración pública, contribuye a un gobierno más responsable y efectivo. Por ello, la participación ciudadana es vista como un mecanismo para influir en decisiones individuales y un pilar fundamental de un gobierno que es transparente, inclusivo y responsable ante sus ciudadanos (Roncancio, et al., 2022).

Con relación al concepto de eficacia veeduría en Colombia

Por otro lado, la eficacia de mecanismos de participación ciudadana en Colombia, como las veedurías, ofrece perspectivas variadas sobre su impacto y efectividad en la supervisión de la administración pública y la gestión de recursos. Por ejemplo, el análisis realizado por Cocuy y Machado (2022) se enfoca en las dificultades enfrentadas por las veedurías en Yumbo durante la pandemia de COVID-19, resaltando cómo estas circunstancias extraordinarias pusieron a prueba la capacidad de adaptación de los mecanismos de control social. Dicho estudio destaca que, pese a las barreras impuestas por la crisis sanitaria, las veedurías pudieron continuar desempeñando un papel crucial en la vigilancia de la gestión pública, demostrando la resiliencia y la necesidad de innovación en las prácticas de veeduría para mantener su eficacia.

En otro estudio, Portela (2022) examina la interacción entre los concejos municipales y las veedurías en Ibagué, evaluando su capacidad para supervisar las empresas de servicios públicos domiciliarios. Este análisis sugiere que existen falencias significativas en la ejecución del control político y social, lo que a menudo resulta en una prestación subóptima de servicios. Este subraya la importancia de una mayor colaboración entre los actores políticos y la comunidad para fortalecer los mecanismos de control y asegurar una gestión más transparente y efectiva.

“Estudiar la eficacia de las veedurías radica en la necesidad de comprender hasta qué punto estos mecanismos contribuyen efectivamente a mejorar la gestión pública, en donde el control social se convierte en una dimensión de la democracia participativa”.

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los mecanismos de Gobierno Abierto en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en las organizaciones públicas. Argumentan que el enfoque tradicional de la Nueva Gestión Pública, que priorizaba la eficiencia y la respuesta al cliente por encima de la participación ciudadana, está siendo reemplazado por modelos que valoran la colaboración activa de los ciudadanos en el diseño y la implementación de políticas públicas (Osorio, 2022). Esto refleja un cambio hacia una mayor transparencia operativa, donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un papel crucial en el empoderamiento ciudadano y en la construcción de una gobernanza más abierta y responsable (Morales, 2020).

Relación con el concepto de participación ciudadana

Los estudios sobre la participación ciudadana en Colombia, en particular a través de las veedurías, revelan un amplio espectro de enfoques y aplicaciones que reflejan la profundidad de este concepto en el marco de la democracia participativa. Las veedurías, como mecanismos de participación ciudadana, son resaltadas por Hernández (2018) como herramientas clave para la coadministración del Estado, donde los ciudadanos no solo actúan como observadores, sino como partícipes activos en la gestión y supervisión de la administración pública (Rodríguez, 2008). Este enfoque sugiere que la participación ciudadana, mediante veedurías, puede fortalecer significativamente la transparencia y la eficacia gubernamental, asegurando que las políticas y las prácticas gubernamentales reflejen las necesidades y los intereses de la comunidad.

Echeverri (2010) examina cómo la Constitución de 1991 y las leyes subsiguientes han establecido un marco normativo que facilita la participación ciudadana en una variedad de ámbitos, incluido el medio ambiente. Este marco legislativo refleja un compromiso con la democratización de los espacios políticos y administrativos, permitiendo a los ciudadanos influir en las decisiones que afectan sus vidas de manera directa. A través de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana, se destacan los esfuerzos por integrar prácticas participativas en el diseño y ejecución de políticas, lo cual es crucial para la legitimación de las decisiones gubernamentales y para fortalecer la confianza en las instituciones públicas (Castañeda, A. y Piedrahita, P., 2018).

El análisis del posconflicto por parte de Guarín, et al. (2015) muestra cómo las veedurías pueden jugar un papel vital en la implementación de los acuerdos de paz, promoviendo una participación ciudadana que es fundamental para la reconstrucción y la reconciliación nacional. Este estudio subraya la importancia de la participación ciudadana en la creación de una paz sostenible y destaca las veedurías como un medio para asegurar que la implementación de los acuerdos de paz sea transparente y responda a las necesidades de los afectados por el conflicto (Bresciani Lecannelier, 2006). Este enfoque refleja una visión más amplia de la participación ciudadana, como un derecho y una estrategia esencial para la consolidación de la paz.

Ahora bien, los autores Duque et. al. (2024) también abordan el tema de la participación ciudadana como un componente crucial para la transparencia y la buena gobernanza. Este enfoque destaca cómo la participación ciudadana, enraizada en los principios de buena administración pública, contribuye a un gobierno más responsable y efectivo. Por ello, la participación ciudadana es vista como un mecanismo para influir en decisiones individuales y un pilar fundamental de un gobierno que es transparente, inclusivo y responsable ante sus ciudadanos (Roncancio, et al., 2022).

Con relación al concepto de eficacia veeduría en Colombia

Por otro lado, la eficacia de mecanismos de participación ciudadana en Colombia, como las veedurías, ofrece perspectivas variadas sobre su impacto y efectividad en la supervisión de la administración pública y la gestión de recursos. Por ejemplo, el análisis realizado por Cocuy y Machado (2022) se enfoca en las dificultades enfrentadas por las veedurías en Yumbo durante la pandemia de COVID-19, resaltando cómo estas circunstancias extraordinarias pusieron a prueba la capacidad de adaptación de los mecanismos de control social. Dicho estudio destaca que, pese a las barreras impuestas por la crisis sanitaria, las veedurías pudieron continuar desempeñando un papel crucial en la vigilancia de la gestión pública, demostrando la resiliencia y la necesidad de innovación en las prácticas de veeduría para mantener su eficacia.

En otro estudio, Portela (2022) examina la interacción entre los concejos municipales y las veedurías en Ibagué, evaluando su capacidad para supervisar las empresas de servicios públicos domiciliarios. Este análisis sugiere que existen falencias significativas en la ejecución del control político y social, lo que a menudo resulta en una prestación subóptima de servicios. Este subraya la importancia de una mayor colaboración entre los actores políticos y la comunidad para fortalecer los mecanismos de control y asegurar una gestión más transparente y efectiva.

2. - Metodología

El diseño de la investigación es fundamentalmente descriptivo y documental, ya que este enfoque se centra en describir las características y el funcionamiento de las veedurías ciudadanas en Colombia. Se emplea una metodología dogmática que, mediante un análisis sistémico y una técnica de recolección documental, examina las leyes y reglamentaciones junto con los informes del Registro Único Empresarial y Social (RUES). Este análisis aborda la implementación de veedurías ciudadanas en Colombia, enfocándose en indicadores de participación ciudadana y veedurías desde 1994 hasta 2024. A través de este diseño, se busca proporcionar una comprensión de cómo estas organizaciones operan dentro del marco legal y cuál su impacto en la supervisión de la gestión pública y la lucha contra la corrupción, valiendo de los niveles de los muestreos no intencionales que reposan en los informes que se reportan, y los indicadores institucionales.

Igualmente, los instrumentos y técnicas de recolección de datos empleados en este estudio son documentales e incluyen el análisis de documentos legales, informes de gestión, y publicaciones previas sobre las veedurías. Este enfoque permite una evaluación detallada de la información disponible de manera pública y oficial, facilitando un análisis riguroso de la normativa y prácticas administrativas que afectan a estas entidades de control ciudadano. Es preciso advertir, que al no ser política pública, y partir de esfuerzos autónomos de ciudadanos, los ejercicios de evaluación solo pueden evidenciarse sobre las valoraciones de los datos que se encuentran reportados, y los análisis que se pueden realizar de los mismos.

El procedimiento para recopilar y analizar los datos se desarrolló en varias etapas: inicialmente, se realizó una revisión de la legislación pertinente y de los documentos oficiales que definen y regulan las veedurías en Colombia, estructurando un marco de referencia que posibilita establecer los indicadores de análisis que evidencian los principios. Posteriormente, se analizaron informes de actividades y resultados de diferentes veedurías conforme los niveles de indicadores que se reportan en el RUES, y de fuentes disponibles en ejercicios de rendición de cuentas, siendo importante advertir que la gran mayoría de las veedurías, no plantean acciones o informes correlativos a su gestión, con el objetivo de identificar patrones comunes y diferencias significativas en su desempeño. Este proceso se complementó con el análisis de estudios anteriores y literatura sobre la participación ciudadana y el control social, para contextualizar los hallazgos dentro de un marco teórico más amplio.

3.- Resultados y discusión

Los principales resultados del proceso de revisión documental revelan que las veedurías han impactado de manera diversa en la mejora de la transparencia y la eficiencia de la administración pública en Colombia. Lo primero que se advierte es que es atípico la implementación de veedurías en el territorio nacional, existiendo una fuerte concentración de las mismas en ciudades capitales y en temas que comprometen a entidades territoriales, mientras que en la Colombia territorial, es decir, la alejada de las ciudades capitales, son casi nulas o escasas. Los resultados sugieren que las veedurías que están longevas en el tiempo desde su fundación, y que se sostienen pese a los cambios institucionales y de gobiernos, cuentan con el respaldo de marcos legales sólidos y recursos adecuados tienden a ser más efectivas. Sin embargo, también se identifican desafíos significativos como la falta de capacitación y recursos, lo que en ocasiones ha limitado su eficacia (Cocuy et al., 2021). Además, se destaca que la participación activa y continua de los ciudadanos es crucial para el éxito de las veedurías, lo que subraya la importancia de desarrollar estrategias sostenibles que fomenten un compromiso duradero.

El estudio de Cocuy et. al (2021) revela que, aunque las veedurías han sido fundamentales para promover la transparencia y la participación ciudadana en Colombia, enfrentan desafíos significativos, entre ellos se destaca la variabilidad en su estructura organizativa, la falta de recursos consistentes y la insuficiente capacitación adecuada para sus miembros. Estas limitaciones afectan su capacidad para funcionar con eficacia como mecanismos de control social y supervisión de la gestión pública. Según indica el mismo RUES, en la mayor parte de los casos las dificultades de su funcionamiento están ligada a los problemas de financiación, el nulo reconocimiento institucional, y las diferentes actividades laborales y familiares que asumen quienes tienen interés en integrarse en veedurías.

El análisis en el RUES, muestra que las cifras que se reportan evidencian una relación significativa entre estructura organizativa de las veedurías y su capacidad de control. El estudio de Cubides (2021) resalta la importancia de contar con un apoyo institucional constante y capacitación continua para mejorar la capacidad de las veedurías de funcionar como mecanismos eficaces de control social. Los estudios revisados en la investigación coinciden en la importancia de fortalecer las veedurías en Colombia. Se destacan recomendaciones como mejorar la legislación para asegurar recursos suficientes y establecer un marco sólido para la capacitación y soporte técnico de los veedores (Villarreal, M., 2022).

Asimismo, lo anterior sugiere la importancia de una mejor integración de las veedurías en los procesos de toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas. El fortalecimiento de la capacidad de respuesta y la retroalimentación entre veedores y entidades gubernamentales podría mejorar considerablemente la efectividad de estas organizaciones en su rol de vigilancia (Zuliani, et al., 2015).

Finalmente, se plantea la necesidad de generar una mayor conciencia pública sobre el valor y la función de las veedurías en el sistema democrático colombiano. En otras palabras, educar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes en relación con la vigilancia de la gestión pública puede empoderar a más individuos para que participen activamente en estas iniciativas. Promover una cultura de transparencia y responsabilidad no solo fortalecerá el tejido social, sino que también contribuirá al desarrollo de políticas más justas y equitativas que reflejen las necesidades y deseos de la población colombiana.

Ahora bien, partiendo del anterior análisis sobre las veedurías ciudadanas en Colombia, se revelan varias implicaciones importantes dentro del marco teórico de la participación ciudadana y el control social. En primer lugar, la eficacia de las veedurías depende significativamente de su estructura organizativa y del soporte legal e institucional que reciben. Esto está en línea con la teoría de la gobernanza participativa, que sugiere que la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana se fortalece con un soporte institucional y un marco legal sólido, es preciso advertir que estas propuestas solo son factibles de sostenerse en la medida que se garantice la autonomía y la independencia de las veedurías ciudadanas, por lo cual sería impropio determinar su existencia en el estado actual de todas las veedurías.

Desde la perspectiva de la transparencia, los resultados indican que las veedurías han jugado un papel crucial en incrementar la apertura de las instituciones públicas. Este hallazgo resalta, a importancia de la transparencia como un prerrequisito para la eficacia de la vigilancia ciudadana, esto claramente es evidenciable, porque notoriamente en Colombia al proporcionar acceso a la información y facilitar la rendición de cuentas, las veedurías no solo cumplen con su papel de monitoreo, sino que también contribuyen a un entorno de confianza y colaboración entre los ciudadanos y el gobierno (Acosta, 2016). Este aspecto está profundamente conectado con la teoría de la democracia deliberativa, que enfatiza la importancia de la información accesible y el debate público como pilares de una sociedad democrática, es preciso dar cuenta que solo en veedurías organizadas y con longevidad se evidencia independencia, y preocupa advertir la poca permanencia de la ciudadanía en los procesos de control social y veeduría, atribuible en su mayor indicador por la falta de financiación y los compromisos laborales y económicos que tienen quienes en un primer momento se unen a estos procesos.

En cuanto a la participación ciudadana, los datos recogidos sugieren que la activa y continua implicación de la comunidad es fundamental para el éxito de las veedurías. Esto subraya la teoría de que la participación ciudadana no solo es beneficiosa para la legitimidad de las acciones de vigilancia, sino que también es esencial para su eficacia práctica (Buriticá & Garzón, 2021). La participación activa asegura que las veedurías sean relevantes y respondan a las necesidades de la comunidad, lo que las fortalece como agentes de cambio y supervisión. A nivel nacional, las veedurías a menudo se constituyen mediante representación electoral para legitimar al gobernante territorial y su plan de acción, subrayando la importancia de mejorar los procesos de rendición de cuentas.

Así pues, la discusión sobre estos resultados debe abordar también cómo mejorar la eficacia de las veedurías. En este sentido, Ospina Diaz (2023) recomienda a los diferentes territoriales, fortalecer los aspectos de capacitación y recursos, como se observó en los casos más exitosos. Además, es crucial seguir desarrollando marcos legislativos que ofrezcan claridad y soporte a estas entidades. Integrar tecnologías modernas de información y comunicación podría ser una estrategia eficaz para ampliar el alcance y mejorar la gestión de las actividades de las veedurías, asegurando así una participación más amplia y efectiva. Es preciso comprender que la participación ciudadana posibilita más eficiencia en actividades que se ven potencialmente expuestas como procesos de contratación estatal, obra publica y gestión de recursos, lo cual, se constituye en una oportunidad para generar mayor legitimidad.

Por otro lado, las implicaciones para la política pública derivadas de estos hallazgos incluyen la necesidad de revisar y, posiblemente, reformar la legislación actual para eliminar obstáculos burocráticos que limitan la operación de las veedurías. Las muestras de registro del RUES, no son coherentes con los procesos de organización social de bases, quienes en su defecto al surgir de iniciativas sociales, populares y comunitarias que se evidencian en el país, pues estos desconocen que son las cámaras de comercio, quien administra el RUES quien permite su formalización. La creación de un ambiente más propicio para la operación de las veedurías podría incluir también medidas de protección para los veedores frente a posibles represalias, fomentando un ambiente seguro y abierto para la crítica y la supervisión (Merat, J. y Roth, A., 2006), y posibilita a través de estos el fortalecimiento de criterios democráticos que evitan ejercicios populistas con los procesos de organización política.

Finalmente, la discusión debería considerar la importancia de educar a la población general sobre el rol y los beneficios de las veedurías en una democracia. Aumentar la conciencia sobre cómo los ciudadanos pueden involucrarse y beneficiarse de la participación en veedurías podría potenciar su uso y efectividad, es preciso advertir que ejercicios de la ciudadanía digital, y los entornos virtuales son propicios para fortalecer los canales de interacción de ciudadanos quienes están comprometidos a sus núcleos laborales y familiares pero que se preocupan por la gestión de lo público, haciendo cada vez más accesible la información y posibilitando la interacción de los diferentes momentos de control social. Esto fortalecería la estructura de las veedurías existentes y podría motivar la formación de nuevas entidades en áreas que aún no están cubiertas de manera efectiva, ampliando así el alcance y el impacto de estas importantes herramientas de participación ciudadana en Colombia.

4. Conclusiones

A través de este texto se destacan que estas entidades desempeñan un papel crucial en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. A pesar de los desafíos enfrentados, como la variabilidad en la estructura organizativa y la falta de recursos consistentes, las veedurías han demostrado ser efectivas en varias regiones, especialmente donde hay un fuerte soporte legal e institucional. Sin embargo, la eficacia varía significativamente dependiendo de la organización interna y del apoyo externo que reciben.

Una de las principales recomendaciones es la necesidad de fortalecer las capacidades organizativas y de gestión de las veedurías. Esto incluye la provisión de recursos adecuados y la capacitación continua de sus miembros para asegurar que puedan realizar sus funciones de manera efectiva.

Es crucial también integrar tecnologías de información y comunicación en las operaciones de las veedurías para mejorar la eficiencia y el alcance de sus actividades. El uso de herramientas digitales puede facilitar el proceso de monitoreo y aumentar la participación ciudadana, permitiendo una mayor transparencia y accesibilidad a la información pública.

Además, se recomienda fomentar una cultura de participación ciudadana donde los ciudadanos estén mejor informados sobre sus derechos y responsabilidades en la vigilancia de la gestión pública. Esto no solo incrementará la efectividad de las veedurías, sino que también fortalecerá la democracia participativa en Colombia.

En términos de políticas públicas, los hallazgos del estudio deben utilizarse para diseñar intervenciones que aborden las barreras identificadas que limitan la eficacia de las veedurías. Esto incluye la revisión de políticas existentes y la implementación de nuevas estrategias que promuevan un ambiente más favorable para el control social.

Finalmente, se enfatiza la importancia de la cooperación entre veedurías, entidades gubernamentales y otros actores relevantes para mejorar la gestión pública. El establecimiento de alianzas estratégicas puede facilitar un intercambio más efectivo de información y recursos, lo que, a su vez, puede mejorar la capacidad de las veedurías para realizar sus funciones de supervisión de manera más efectiva y con mayores resultados.

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Principio	Descripción
Democratización	Las veedurías deben operar de manera democrática y participativa, asegurando que todos los integrantes tengan derechos y obligaciones iguales. Las decisiones deben tomarse preferentemente por consenso o, en su defecto, por mayoría absoluta de votos.
Autonomía	Las veedurías actúan con total independencia de entidades públicas y organismos de control. Los veedores son ciudadanos que actúan por iniciativa propia y no son considerados funcionarios públicos, ni reciben pago de las entidades que vigilan.
Transparencia	Se garantiza el acceso libre a la información y documentación relacionada con actividades de interés colectivo, asegurando que la gestión del Estado y las veedurías sean abiertas y accesibles a todos, conforme a la ley y otras normativas relevantes.
Igualdad	Las veedurías deben proporcionar acceso equitativo a los espacios de participación en el control de la gestión pública y usar los instrumentos y procedimientos legales en condiciones de igualdad y respeto por la diversidad.
Responsabilidad	La participación en las veedurías implica una responsabilidad compartida entre los ciudadanos, sus organizaciones y las autoridades públicas para cumplir con los fines del Estado. Cada parte tiene la obligación de responder ante los demás, la sociedad y el Estado.
Eficacia	Los derechos y deberes establecidos para las veedurías deben conducir a acciones públicas que satisfagan las necesidades colectivas y contribuyan al logro de los objetivos del Estado social de derecho, garantizando la efectividad en sus funciones.
Objetividad	Las actividades de las veedurías deben ser guiadas por criterios objetivos, proporcionando certeza en sus conclusiones y recomendaciones, y evitando actitudes parcializadas o discriminatorias.
Legalidad	Las acciones realizadas por las veedurías deben adherirse estrictamente a los marcos legales y estatutarios, asegurando que todas las actividades sean llevadas a cabo en conformidad con las leyes vigentes y los procedimientos establecidos.

Tabla 1: Principios rectores de las veedurías según la Ley 850 de 2003

Fuente: Desarrollo propio basado en la ley 850 de 2003.

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