GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA N°8
(JULIO-DICIEMBRE) (96-107) -2024
ISSN 2375-7074 ON-LINE
DOI https://doi.org/10.29393/GP8-8ETRH10008
UN ESTADO EN TRANSICIÓN: EL RETO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA EN UN GOBIERNO DE CAMBIO EN COLOMBIA
A STATE IN TRANSITION: THE CHALLENGE OF PUBLIC
ADMINISTRATION IN A GOVERNMENT OF CHANGE IN COLOMBIA
Rubin Huffington Rodríguez[1]
Resumen
El artículo ofrece un contexto de
las reformas al Estado colombiano y su significado en los proyectos
sociales y de participación regional, donde se analizan, la situación actual y
las tendencias que empiezan a marcar prácticas desde el Estado, pero
también, los nuevos escenarios de tensión que incluyen cuatro aspectos
estratégicos que deben ser tenidos en cuenta en lo que podemos definir
como un gobierno en transición, entendiendo esto, como el paso de una
hegemonía bipartidista de más de dos siglos de régimen autoritario,
discriminante y empobrecedor de la sociedad colombiana, a un proceso de
cambios y reformas que darán tránsito a la apertura democrática de otros
idearios políticos, distintos a los de la cultura hegemónica en el poder.
Palabras claves o descriptores: Ciudadanías; gobierno; corrupción; políticas
de cambio; desarrollo social; Estado en transición.
Abstract
The article
offers a context of the reforms to the Colombian State and their significance
in social projects and regional participation, where the current situation and
the trends that are beginning to mark practices from the State are analyzed,
but also, the new scenarios of tension that include four strategic aspects that
must be taken into account in what we can define as a government in transition,
understanding this as the transition from a bipartisan hegemony of more than
two centuries of authoritarian, discriminatory and impoverishing regime of
Colombian society, to a process of changes and reforms that will lead to the
democratic opening of other political ideals, different from those of the
hegemonic culture in power.
Keywords:
Citizenships; government; corruption; change policies; social development; State
in transition.
I. Introducción
Las décadas de los setenta y
ochenta crearon grandes imaginarios en las poblaciones de América Latina; para
ese momento se entendía que el mundo giraba hacia un nuevo orden mundial
que superaría los problemas de exclusión, desigualdad y discriminación;
la caída de las dictaduras militares en el cono sur; y la posibilidad de
cesar distintas formas generalizadas del ejercicio de la violencia por
regímenes, que en teoría tenían tradiciones electorales, pero que no habían
sido distintos a los gobierno militares de países como Chile o Paraguay.
El nuevo orden prometía hacer cambios estructurales en nuevos marcos de
democracia que abría posibilidades para una participación: mayor, mejor y
diversa, incluyendo grupos poblacionales que hasta ese momento
eran excluidos.
La buena nueva socialdemócrata se
orientaba a la construcción de territorios integrados en propósitos de
desarrollo, compartidos mundialmente, que garantizarían una competencia
perfecta, reduciendo los factores de riesgo de conflictos y una democracia
renovada en la participación y los derechos humanos, situación que
produjo en algunos sectores sociales, una condición abalada
internacionalmente para hacer exigible estos derechos y lograr reivindicaciones
que hasta el momento habían sido sofocadas bajo el ejercicio de la
violencia de los Estados y en algunos casos de bandas de asesinos al
servicio de grupos de poder (Kalyvas &
Arjona, 2008; Rangel,
2008), como ha
sido el caso de Colombia.
El nuevo orden entra en América
Latina con las reformas a los Estados Latinoamericanos; allí, “se reconoce la
diversidad étnica y cultural, supera los rasgos confesionales del Estado (en el
caso de Colombia, el concordato), ampara los grupos discriminados, supera los
derechos civiles y políticos heredados de las tradiciones demoliberales y
establece derechos económicos, sociales y culturales”, Uprimny (2011). Sin embargo, este
espejismo democrático vendido como la garantía de derechos para los excluidos,
venia acompañada de un Estado tecnócrata y funcional al capital global, que no
ha tenido interés en consolidar acuerdos con estos sectores que demandaban
participación directa y autonomía.
Algunos analistas como Pedro Brieger (2002) interpretan que este modelo
neoliberal tiene dos momentos importantes: un primer momento que tiene como
referente el golpe militar de Chile y la imposición del modelo que se extendió
en toda América Latina; un segundo momento que buscó el consenso en la década
de los noventa.
“Lo primero a destacar
es que el neoliberalismo, desde una posición marginal y minoritaria durante
todo el siglo, logró convertirse en doctrina hegemónica en los ‘90. En este
proceso podemos distinguir dos fases: la fase de la imposición, y la fase del consenso.
En la primera, el nuevo modelo es impuesto por la fuerza (Chile). En la
segunda, la repetición constante del nuevo paradigma tomó el equivalente a la
demostración aún antes de su comprobación fáctica. Con la apreciable
participación de los medios masivos de difusión se fue consolidando un consenso
ideológico aplastante y la conformación de lo que Ramonet (1998, pp. 87-116) define como “pensamiento único”
... “Además, y no sólo en el caso del régimen militar chileno, se impuso la
idea de que el programa económico liberal era el producto de un saber absoluto
de carácter científico. Como ya señalara Moulian en 1981, en pleno proceso
militar “este mito de la cientificidad se ha usado tanto para sacralizar lo
dicho o lo hecho como para definir quiénes tienen el derecho de discutir la política
económica” (1981: 889). Los que se atrevieron a criticar fueron descalificados
por ignorantes, “estatistas”, de rechazar la modernización o, simplemente,
desconocedores de las leyes económicas”. (Brieger,
2002, p. 342-343)
Los diez puntos que fueron señalados
en el Consenso de Washington (Williamson, 1990), sellaron el destino de América Latina y rompieron
cualquier dinámica distinta al expansionismo global del mercado capitalista,
pero también marcó un cambio en el tipo de organizaciones, liderazgos y actores
que buscan reivindicaciones en el nuevo orden.
En el caso colombiano, ha existido
una resistencia histórica en las bases sociales a los modelos de explotación y
sometimiento, sin embargo, estas luchas que tenían expresiones regionales muy
fuertes para los años ochenta no encontraron la tierra prometida en ese nuevo
orden mundial, proyectos sociales como el movimiento inconforme en el sur del
país (Novoa,
2009). Los
movimientos cívicos, el paro nacional de1977 y la protesta popular (Universidad del
Rosario-FIP 2024),
los paros cívicos y las movilizaciones sociales en Barrancabermeja (Zarate & Moreno,
2007), que dieron
lugar a la Constitución Política de Colombia de 1991 y a la desmovilización de
los grupos; M-19, EPL, PRT y Quintín Lame; hoy no existen y no tienen
expresión, ni en el discurso político, ni en las reivindicaciones que las
movilizaciones sociales <<agencian>> actualmente.
II. Desarrollo
La participación en la reforma
quedo delimitada, no solo en la norma (Ley 134 de 1994) y sus posteriores desarrollos,
sino también, por los escenarios que se crearon para poder participar.
Actores, escenarios y formas de participación se proyectaron con el propósito
de delimitar la propuesta popular; En este sentido, se puede interpretar que
los proyectos que abrieron el escenario a la participación no tenían cabida en
lo que se gestionaba como nuevo modelo.
La clara limitación de grupos y
actores que buscaban reivindicaciones sociales en los nuevos escenarios
de participación fueron considerados como un atentado contra el nuevo modelo,
era también una limitación a los proyectos que no entraban en
consideración de la nueva denominación de “clientes”, Dicho de
otra manera, solamente han sido tenido en cuenta los grupos poblacionales
que necesitaban acceso a bienes y servicios, lo cual es bueno para el mercado y
bueno para la democracia representativa; contingencias de individuos que
legitiman el modelo accediendo a la oferta. Una nueva clase demandante
con criterios de mercado: precio, calidad y acceso.
El condicionamiento al realizar la
inversión pública solamente en los grupos focales que son determinados por los
planes de inversión que proyectan los gobiernos en ejercicio, restringen la
posibilidad de construir proyectos alternativos en lo regional asegurando la
eliminación de grupos con demandas distintas que se convirtieron en obstáculo a
los intereses del mercado global.
El nuevo modelo introdujo en la
administración pública nuevas nominaciones como: nueva gerencia pública,
nueva administración pública, neoinstitucionalimo,
sin embargo, todos estos enunciados aplicados a las reformas de los
estados latino americanos traían consigo un cambio de valores
representados en la <<eficiencia del Estado>>, con un discurso que
niega la capacidad estatal para satisfacer necesidades sociales, privilegiando
la renta y el valor públicos como garantes de una nueva sociedad que
puede satisfacer sus necesidades materiales de existencia en un gran
mercado global en el cual todo el mundo tiene derecho a acceder, y
aquellos que no puedan acceder, lo que se reconoce como fallas del
mercado (Stiglitz,
2010), el Estado
lo suplirá mediante políticas públicas como garantía del acceso.
En este contexto la posibilidad de
no aceptar el mundo deseado del mercado no existe y la desigualdad que
genera el modo de producción del capital se suple con el “universalismo de
la ideología dominante arraigada en un nivel mucho más profundo que la
expansión mundial del capital e, incluso, que la necesidad de procurar en
todos los “marcos” de esta expansión normas de acción comunes; se arraiga
en la necesidad de construir, a pesar de su antagonismo, un “mundo”
ideológico común a los explotadores y a los explotados (Wallerstein & Balibar, 1991).
En Colombia, la Constitución
Política de 1991 reconoce el Estado social de derecho, el cual tiene fundamento
en los principios de derechos políticos, sociales y culturales, reconociendo la
importancia del territorio en la posibilidad de construir procesos de
desarrollo endógenos que tienen la pretensión de integrar las aspiraciones de
los movimientos sociales de los años setenta y ochenta, a participar y edificar
procesos más autónomos frente a los modelos desarrollistas del capital.
Múltiples grupos poblacionales han
generado variados movimientos reclamando ser reivindicados en los propósitos
del Estado como interlocutores en la formulación de las políticas públicas, y,
o, como grupos focalizados en la inversión pública. Este nuevo orden mundial,
este Estado eficiente y organizado, perdió varios referentes importantes, entre
ellos el territorio como su espacio de ejercicio de poder; la construcción
colectiva y de lugar, fue migrada hacia el deseo de tener, consumir y ser
reconocido, en el marco de una perspectiva desterritorializada
(Delleuze & Guattari, 2010), (Guattari & Rolnik, 2006),
refundida en la virtualidad, con ausencia de relaciones interpersonales y de
entornos donde desarrollarlas. Se ha querido superar el concepto de lugar y
las relaciones sociales y económicas que allí se construyen, por el de global,
como concepto asociado al modelo capitalista de producción y reproducción que
transforman esas relaciones de lugar, en localidades de la globalización
capitalista para la obtención de insumos, desarrollo tecnológico para la
producción de mercancías y su mercantilización, y hoy, el aprovechamiento
de los desechos, todo ello en un régimen monopólico que destruye la
diversidad.
En esta perspectiva de la
modernidad contemporánea que vivimos, las instituciones representan la
intermediación material entre el Estado y la sociedad, relaciones que son
construidas como subjetividades que interiorizan las prácticas del mercado
y que transforman, <<el sentido común>> entendido como lo que
nos relaciona y produce lo social, en <<lo común>>, como la
moda estadísticamente hablando, marcadas por tendencias y contratendencias que van orientando la decisión
pública a partir de percepciones alimentadas desde las redes y los medios de
comunicación, así como un tipo de academia que construye status quo en
las pretensiones de ser científica, partiendo de una objetividad
enajenante y profundamente antropocéntrica, que determina los campos
relacionales, de forma única, como relaciones de poder y dominación, y no
como sistemas de relaciones complejas donde se construye, deconstruye; y
entornos donde se coopera y fraterniza.
Dicho de otra manera, las reformas
a los Estados latinoamericanos trajeron consigo una alta flexibilidad en
el concepto y una indeterminación en la decisión, lo cual exige un gran
desarrollo de los criterios con los que se evalúa los momentos de
decisión entendiendo que estos, son complejos y se desarrollan en
ambientes de participación con actores técnicos y sociales que viven en
mundos de virtualidad y enajenación, pero que están cohesionados por la
mano invisible de la ideología y la tecnología al servicio del capital
global.
Las propuestas de cambio social o
la desarticulación de los factores de violencia no son posibles si se construyen
desde los mismos lugares del capital. Cuando se piensa y construye desde este
campo relacional no podemos esperar rupturas reales, o construcciones sociales
nuevas; solamente generamos construcciones y deconstrucciones desde un mismo
lugar en un juego infinito que intenta perpetuar un sistema que propende por
relaciones desiguales en la dominación y el despojo.
La Constitución Política de 1991
había logrado un consenso al momento de ser escrita frente al territorio
y la participación de los movimientos sociales que tenía expresión en los
propósitos descentralizadores de la administración territorial, buscando
consolidar procesos de gobierno y desarrollo endógeno como una salida a
la discriminación territorial históricamente construida en el centralismo
político-administrativo y fiscal, heredados del proceso de regeneración y
materializada mediante la Constitución Política de 1886, que estableció
un modelo centralista, autoritario y presidencialista (Gómez, 1994). Es necesario anotar que las
diferencias entre las Constituciones políticas de 1886 y 1991 se encuentran en
los procesos que dieron origen a una y otra.
“La constitución de 1886, por su
parte, fue impuesta por el vencedor a las fuerzas liberales derrotadas en la
batalla de la Humareda y por ende a todo el pueblo colombiano” … “De una
Constitución liberal, laica, federal, se pasó a una conservadora, autoritaria,
clerical y centralista. La batalla que terminó por hundir al radicalismo se
produjo en aguas del río Magdalena (Camacho, 2014).
Mientras que la Constitución de 1991 “fue el resultado de acuerdos y consensos”
(Gómez,
1994) de una
diversidad donde se encontraban representados los movimientos regionales,
algunos movimientos guerrilleros, los partidos políticos y grupos distintos que
participaron de su formulación.
Es así como movimientos que
hicieron tránsito en Colombia durante el siglo XX desde una perspectiva
territorial y cultural, que luchaban por ganar mayor autonomía, vieron en la
propuesta constituyente de 1991 una opción; sin embargo, las valoraciones
que hoy estos grupos o personas hacen en la desesperanza de un proyecto
fallido, no da cuenta de la importancia de ese momento democrático que
fue apagado en los siguientes 30 años de la Constitución de 1991 con un
proceso sistemático de violencia, donde el asesinato y el desplazamiento
borró la capacidad instalada en las regiones para sostener un proceso de
autonomía territorial como garantía del proceso democrático.
El movimiento social y el
movimiento armado de los años ochenta, lograron desestabilizar el statu quo
dejando un legado en la Constitución de 1991 a partir del orden
descentralizador del territorio, los mecanismos de control del sector
público y los mecanismos de protección de los derechos como la tutela,
sin embargo, los desarrollos de estas normas constitucionales se desdibujaron a
partir de lo que la hacían fuerte y novedosa que era el reconocimiento
vinculante de la diversidad, étnica, religiosa, cultural y de
espacialidades múltiples[2]; Escrito de otra manera,
el discurso modernizador no fue un consenso, su materialización siguió
dependiendo de las luchas y reivindicaciones que la sociedad colombiana
ha peleado históricamente.
La propuesta de descentralización
trajo consigo la necesidad de fortalecer fiscalmente los municipios para que
lograrán su autonomía mediante un ejercicio de gobierno con visión progresista.
Imagen 1: Crecimiento de las
transferencias municipales 1988-1999
Fuente: Dirección de Desarrollo
Territorial DDT, Planeación Nacional de Desarrollo de Colombia
Lejos de cumplir su cometido, las
transferencias se convirtieron en un botín de distintos agenciamientos, los
narcotraficantes, ven una oportunidad de control territorial mediante la
cooptación y captura del Estado, (De León, 2022),
a través del control de alcaldes y las tesorerías municipales, los
grupos hegemónicos que se sentían desplazados en la Constitución de 1991,
enfilaron alianzas con grupos narcotraficantes financiando grupos paramilitares
y controlando la contratación pública; el sector financiero y privado
empresarial termina beneficiándose con grandes flujos de capital. Y de
nuevo la historia circular de la violencia, como la única constante en el
modelo de gestión económica y de la tierra, fortalecida con prácticas de
corrupción público-privada que persiste en las reformas y cambios
institucionales (Tovar,
2014).
En el 2002 el Departamento Nacional
de Planeación (DNP) publica la evaluación de una década de la descentralización
municipal en Colombia, y es en ese preciso momento en que se disparan los
asesinatos selectivos entre 1998, con un pico máximo en 2002 y desciende, pero
con cifras altas sobre todo en los territorios de producción de hoja de
coca.
Imagen 2: Comportamiento de la
violencia en Colombia 1997 - 2005
Fuente: Elaboración propia con
datos del Centro Nacional de Memoria Histórica.
En el 2002 gana las elecciones
Álvaro Uribe Vélez, lo cual muestra el ambiente electoral de ese momento,
su gobierno va de 2002 a 2010, viene el gobierno de Juan Manuel Santos
2010-2018 y el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FARC-EP (2016); proceso que abre de nuevo expectativas para la paz, pero
no logra consolidar un acuerdo nacional, lo cual se manifiesta en el
Gobierno de Iván Duque Márquez 2018-2022 quien de manera clara se
manifestó en contra de los acuerdos de paz, y su gobierno se caracterizó
por muchos escándalos de corrupción y la evasión del cumplimiento de los
puntos del acuerdo, así como asesinatos de líderes sociales y una marcada
represión policial contra el movimiento social.
Una vez más la sociedad sale a la
calle a reclamar sus derechos en el 2021 en un ambiente represivo por
parte del gobierno; lideres sociales se empoderan en este proceso, que fue
nombrado por la prensa como el estallido social, movilizaciones que se
realizaron denunciando las enormes desigualdades y abandonos históricos
invisibilizados por décadas y que Francia Marques líder social y
ambiental autodenominó el movimiento de los nadie, los invisibles, los
desprotegidos; tal vez inspirada en el poema de Eduardo Galeano escrito
en 1940 “Los nadie”, pero que visibilizó los sectores que quieren y
necesitan cambios reales en el Estado, que toquen el discurso y el actuar
de la burocracia, que es quien constituye la cara material del estado.
Vientos de cambio y situaciones por
resolver en el estado colombiano
Los votantes eligieron un mandato
de cambio para el periodo 2022-2026, después de una historia de control
hegemónico de unas elites que llevaron a la población a experimentar muchas
formas de lucha, y que finalmente, logra acceder al control del gobierno
por la vía democrática o de elección popular.
En el análisis no pueden pasar
desapercibidas las grandes expectativas de la sociedad que tienen la
esperanza en un gobierno de cambio que pueda saldar la deuda histórica del
Estado colombiano; sin embargo, la coyuntura no supera su historia; el
presidente electo Gustavo Petro viene de la lucha armada, proviene del
grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M19), que se proponía abrir los
canales de participación política en un periodo bipartidista llamado el frente
nacional, un acuerdo de partidos tradicionales que fue firmado en 1957, para
parar la guerra entre partidos tradicionales liberales y conservadores.
Imagen 3: Antecedentes históricos
Fuente: Elaboración propia
Antecedentes e historia reciente.
El Frente Nacional es realmente una respuesta de unidad de las hegemonías
frente a las amenazas de movimientos internacionalistas que dieron origen a las
guerrillas marxistas, maoístas, frentes de liberación nacional, movimientos
regionales pidiendo autonomía y nacionalistas con una visión de democracia
social, como el M-19. (Cuadro, elaboración propia).
El M-19 no se propuso la toma del
poder del Estado por la vía armada; mantuvo siempre una plataforma de
dialogo con el statu cuo en la búsqueda de
reformas fundamentales para acceder mediante voto popular como partidos y
movimientos distintos al partido liberal y el partido conservador, dando
participación así a sectores invisibilizados; de alguna manera lo lograron con
la Constitución Política de 1991, pero en contraprestación se normó el
derecho a participar; una nueva forma de cerrar el acceso; se constituyó
una participación sin autonomía, y sobre todo, en gran parte del
desarrollo normativo la participación no se estableció vinculante en las
decisiones de Estado.
Entre la experimentación para
implementar la nueva Constitución de 1991, el auge del modelo neoliberal para
América Latina y la emergencia de una clase política que representaba los intereses
de viejas oligarquías y nuevos ricos narcotraficantes (Velasco, 2018), comienza el milenio para
Colombia.
III. Conclusiones
Cuatro asuntos estratégicos del
cambio
La principal preocupación del nuevo
gobierno se encuentra en ¿Cómo llenar de contenido el concepto de cambio? El
cual está construido a partir de un gran acuerdo nacional para buscar el camino
conjunto, y un pacto histórico para unir y organizar la sociedad en un Estado
en proceso de transición, tal y como lo definían José Luis Coraggio
y Diana Deere (1986), de sociedades periféricas, a
socialismos raizales latinoamericanos (Fals-Borda, 2008).
En este primer asunto estratégico
colocamos la construcción de un cuerpo burocrático que hable el lenguaje de un
estado social de derecho, como reza en la Constitución Política vigente; no puede
haber ambigüedades en tecnicismos burocráticos para establecer los caminos de
la transición que obstaculicen los cambios. (la Ley se deshace como se
hace).
En un segundo lugar estratégico
encontramos los nadie, quienes se encuentran sin distinción de lo rural, o lo
urbano, que tienen la característica de ser invisibles, pero tienen una fuerza
decisoria en tiempos de elecciones.
La mirada que hacemos sobre la
sociedad es amorfa llena de contenido en la denuncia, pero sin
significado en los tejidos de palabra y en los trenzados de red que una
sociedad construye para sobrevivir en medio de la violencia; los sujetos
políticos no son solamente los que logran dar el salto a la confrontación,
también son los sujetos anónimos, como diría Bruno Latour, los actantes, los
que están en medio de la red y no los vemos, pero afectan la red, allí
encontramos una minoría que ha decidido el rumbo de las elecciones
presidenciales y las elecciones a cargos regionales; por ser amorfas han
sido relegadas, diluidas en estudios de pobreza pero no identificadas como
sujetos activos del sistema; es el ejercito votante e invisible que ha acompañado
a los grupos hegemónicos de poder en los procesos de elección popular.
Los mismo que hoy necesitan reivindicación en un gobierno en transición, por
tanto, en un Estado en transición se tiene la obligación de elevar su nivel de
participación rompiendo su invisibilidad, su pobreza, y su marginalidad, la
misma que los ha refugiados en los partidos políticos tradicionales que
los empobrecen, o en las alianzas entre partidos políticos y algunas
iglesias que les dan esperanza.
El tercer lugar estratégico de
enunciación lo constituye la producción social del espacio y la construcción
del espacio social; colocar los tejidos y trenzados en el espacio social y
ponerlos en el dialogo de las regiones, lo local se ha agotado en el discurso
singular de los problemas, que terminan constituyéndose en el espacio de
resiliencia de la crisis del modelo neoliberal.
Los enfoques de desarrollo
territorial no se solucionan con listados de conectividad, parques, etc. cómo
han sido desarrollados hasta ahora por el Departamento Nacional de Planeación,
se deben constituir con una fuerte negociación de y en las regiones (sus
Habientes, habitantes) sobre el futuro deseable en autonomía y
autosostenibilidad. El problema del desarrollo no es un problema técnico, es un
problema de visión y gestión de la vida de quienes habitan las regiones, es un
dialogo de saberes, de nuevas epistemologías.
Como cuarto lugar estratégico
tenemos la mirada obligada sobre la corrupción, el ejercicio de la violencia y
el monopolio de las armas. Tal vez son los temas más importantes en materia de
geopolítica y política exterior. Aquí podemos identificar cuatro puntos
importantes que definen este lugar estratégico.
Primer punto. La corrupción se
refiere a la transgresión de los marcos de valor de una sociedad; los
delitos se refieren a la transgresión de los marcos jurídicos establecidos y
están tipificados como cohecho, peculado, etc., la sociedad, el Estado y
la norma producen el delito y el delincuente, es la sociedad misma la que
puede cambiar sus reglas de juego y sus arreglos institucionales, sin
embargo, los Estados Unidos de América han hecho carrera en tipificar la
corrupción como un delito transnacional del cual ellos serían los
gendarmes, alimentando la posibilidad de juzgar y controlar gobiernos de
acuerdo a sus interés; una prueba de ello es el caso Odebrecht y sus efectos en
el gobierno brasileño; La política anticorrupción no es solamente un mecanismo
punitivo, forma parte de establecer un sentido común de lo que está bien
y de lo que está, y pactarlo históricamente para que sea el patrimonio de
todos – todas – todes. La legalización de la droga pasa por esta
discusión.
El segundo punto de este cuarto
lugar estratégico contempla el marco de valores en los cuales se mueven los
capitales globales, donde de una parte se estiman los valores con una visión moralista,
y, de otra parte, las multinacionales contratan grupos armados que han tenido
muchas caras en nuestro medio “Águilas Negras”, “Clan del Golfo”, en versiones
más institucionales “GAOS”, entre otras, que tienen como función el
aseguramiento de territorios de explotación. Esta figura ha quedado más
expuesta con los procesos de paz en la medida que se diluye el enemigo interno
y solo quedan habientes y habitantes que estorban las operaciones económicas ya
sean de minería, represas, o de palma, entre otras. Esta situación es de suma
importancia para el país, ya que los procesos de paz y de desarrollo
económico se tocan en este punto, los grande capitales acumulados por
estas “Multinacionales Armadas” que operan en Colombia (no como fenómeno
exclusivo) son un factor de desequilibrio de la paz en los territorios,
sino que se constituyen en un factor de desigualdad en el accesos a la
producción de nuevos capitales porque no tienen competencia en el mercado
y su función se establece en la dinamización monopólica del capital
mafioso.
El tercer punto se encuentra
referido al monopolio de las armas por parte del Estado, los valores que
contienen ese monopolio y el comportamiento de nuestras fuerzas armadas ligadas
a Instituciones débiles y en muchos casos totalmente cooptadas, lo cual
nos lleva a reflexionar sobre el papel que empiezan a cumplir como
exportadora de servicios asociados al ejercicio de la violencia en la
misma transgresión de los valores del Estado Moderno, la soberanía de su
territorio y la protección y respeto a sus ciudadanos. La expresión más
clara de lo anteriormente dicho es la exportación de “Mercenarios”,
“Ejércitos del Mundo”, hoy “Empresas de Seguridad”, con casos recientes
suficientemente públicos como el caso Haití; este contubernio entre instituciones
del Estado, políticos y “Empresarios de Seguridad” (llámense oficiales en
retiro) dejan claro los límites entre los valores liberales del
capitalismo clásico frente al Estado, y la crisis del modelo neoliberal
que agotó la premisa de utilizar la oferta y la demanda como reguladora del
mercado, llevándonos a conflictos de nuevo orden como los que estamos
viendo hoy.
En este marco de situación
estratégica se ha de mover el gobierno de cambio hacia un Estado en transición.
Las pasadas elecciones cambiaron un discurso pendular entre paz y guerra que
fue asumido por la sociedad colombiana por varias décadas, el concepto que
movilizó una gran mayoría de la población fue cambiar lo que había. El
“cambio” como proceso político, y como referencial de política, establece un
marco muy amplio para su interpretación, sin embargo, es claro que
tenemos varias ideas de ello, las de las regiones que sufren el rigor de
la violencia directa y criminal; el de las sociedades urbanas que
identifican el cambio con el acceso a muchas cosas como salud, vivienda,
educación; el reconocimiento de poblaciones históricamente discriminadas,
los cambios en el sistema laboral (especialmente público),la flexibilidad
laboral, entre muchas otras necesidades que se ameritan cambiar.
Sin embargo nos encontramos con el
sentir de la población que sufre el rigor del régimen; todos estos sentimientos
de cambio son el producto de dos siglos sumidos en un sistema de
privilegios y de saqueos continuos del Estado, lo que nos muestra que
las inconsistencias son problemas más estructurales. Cuando unimos en el
análisis , salario mínimo, sistemas de contratación y pobreza, el
resultado es violencia estructural, no podemos pensar que la solución es
aumentar el salario mínimo, regular los procesos de orden de prestación
de servicios y dar subsidios de alivió; aquí hay que tomar medidas de fondo,
que seguramente un primer gobierno en transición no lo logre, pero si es
el momento de producir los referenciales de política que nutran el
sistema legal, y el lenguaje, para la interpretación del nuevo país, o lo
que se quiere de él.
Dicho en otras palabras, los
problemas puntuales del sistema no se solucionan con el arreglo institucional;
los lenguajes institucionales y los cuerpos burocráticos han sido formados en una
academia construida para la dominación y el abuzo, históricamente determinada,
y después puesta en el lugar de la meritocracia y de la clientela para ser
contratada por el Estado.
No tenemos un lenguaje burocrático,
ni un cuerpo burocrático que pueda traducir el cambio como concepto y
como referente de la política; seguirá siendo una idea de la sociedad civil,
que será enmarcada por los medios de comunicación como abruptos contra el
estado (el de ellos) y el gobierno de Gustavo Petro, pasará cuatro años
negociando con el funcionariado de planta la traducción en el lenguaje
burocrático la decisión política de cambiar, lo cual, impide desarrollar
una mirada de fondo sobre el sistema y sus subsistemas.
El cambio desde el Estado comienza
por la constitución de un lenguaje burocrático que establezca los parámetros
del Estado Social de Derecho en contraposición a un Estado de Mercado
Neoliberal. En este sentido, se construyen las bases para establecer un nuevo
liderazgo estatal que oriente la relación público – privada, como lo viene
expresando la economista Mariana Mazzucato (2019).
Para el caso colombiano, retomar la
fortaleza del Estado para llegar a un dialogo transformador con los sectores
económicos y cambiar la voluntad política del empresariado colombiano en la
búsqueda de sentido a la crisis del capitalismo, le implicaría al
gobierno y al Estado redoblar tanto el análisis de política como la
intervención en la economía para un nuevo reordenamiento que prevea los
limites ya puestos por el ambiente en el cambio climático y la crisis
humanitaria producida por el saqueo y la voracidad del modelo actual.
En consecuencia, los escenarios de
implementación de las nuevas reformas serán las regiones, y en ellas existen
configuraciones históricas, que de manera epocal han funcionado, y hoy se traducen
en muchas dimensiones de lo que se considera regional, de otra parte, los
fenómenos comunes a lo nacional y propios de la región, configuran análisis
distintos, e intervenciones distintas. Suficientes retos para un
gobierno nuevo y toda una experiencia para América Latina.
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