GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N°8
(JULIO-DICIEMBRE) (10-25) -2024
ISSN 2375-7074 ON-LINE
DOI https://doi.org/10.29393/GP8-2SGML30002
EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS
GOBIERNOS LOCALES EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. ESQUEMAS INTERGUBERNAMENTALES DE MEDICIÓN DEL
DESEMPEÑO DE LAS CAPACIDADES COERCITIVAS LOCALES
SECURITY PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEMS FOR LOCAL
GOVERNMENTS. INTERGOVERNMENTAL
PERFORMANCE MEASUREMENT FRAMEWORKS FOR LOCAL COERCIVE CAPACITIES.
Santiago
Leyva Botero[1]
Mariana
Pinzón-Villa[2]
Luis Fernando Agudelo[3]
Resumen: Este artículo busca identificar las características de los esquemas intergubernamentales
de medición del desempeño que valoran las capacidades de gestión local de la
seguridad y la convivencia, con el fin de proponer un esquema de medición del
desempeño para los gobiernos subnacionales de Colombia. Los gobiernos nacionales
y federales necesitan herramientas de medición del desempeño de los gobiernos
locales que le provean instrumentos objetivos a las relaciones
intergubernamentales. Estos esquemas se desarrollan en un contexto en el que la
securitización de las agendas públicas coincide con el mayor protagonismo de
los gobiernos subnacionales en la gestión de la seguridad y la convivencia bajo
los enfoques conceptuales de seguridad ciudadana y humana. América Latina vive
una crisis de seguridad y convivencia a la vez que tiene dificultades para
pasar de los esquemas de medición del desempeño de los gobiernos locales a los
sistemas de gestión del desempeño, y esa dificultad es mayor a la hora de medir
capacidades relacionadas con seguridad y convivencia. Las experiencias internacionales
para medir las capacidades de los gobiernos locales en la gestión de la
seguridad y la convivencia reflejan la existencia de un desajuste entre los
objetivos de medición reflejados en las denominaciones de las dimensiones que
pretenden entender de manera integral los problemas de seguridad local
(contextos de desigualdad y pobreza, participación comunitaria o respeto de los
DDHH) y unas mediciones expresadas en los indicadores que se concentran en la
visión tradicional de los resultados de las expresiones criminales y los
delitos de alto impacto.
Palabras
claves: Capacidades
estatales; sistemas de gestión del desempeño; capacidades coercitivas locales; administración
local
Abstract: This article seeks to identify the characteristics of intergovernmental
performance measurement schemes that evaluate local government capacities in
managing security and coexistence, aiming to propose a performance measurement
framework for subnational governments in Colombia. National and federal
governments require performance measurement tools for local governments that
provide objective instruments for intergovernmental relations. These schemes
are developed in a context where the securitization of public agendas coincides
with the increasing role of subnational governments in managing security and
coexistence under the conceptual frameworks of citizen and human security.
Latin America faces a security and coexistence crisis while also struggling to transition
from performance measurement schemes for local governments to performance
management systems. This challenge is even greater when measuring capacities
related to security and coexistence. International experiences in measuring
local government capacities in managing security and coexistence reveal a
mismatch between the measurement objectives, which are reflected in dimensions
aiming to comprehensively address local security problems (such as contexts of
inequality and poverty, community participation, or respect for human rights),
and the measurements expressed through indicators that focus on the traditional
perspective of outcomes related to criminal behavior and high-impact crimes.
Keywords: State capacities; performance management
systems; local coercive capacities; local government
I.
Introducción
La mayoría de los esquemas de medición y gestión del desempeño en
América Latina se concentran en las capacidades[i] extractivas (fiscalidad) y capacidades administrativas, dejando
rezagada la capacidad de los estados nacionales o federales de gestionar las
capacidades coercitivas locales (Pinzón-Villa, Agudelo & Leyva, 2024), es decir, las que se refieren a seguridad, convivencia y justicia
cercana al ciudadano (SCJCC). De hecho, al analizar el alcance de los
principales esquemas de medición del desempeño que tienen algún interés por las
capacidades coercitivas, estas se concentran frecuentemente en mediciones de
delitos de alto impacto y número de policías.
En los principales esquemas de medición del desempeño de Brasil, México,
Colombia, Argentina y Chile analizados por Pinzón-Villa, Agudelo y Leyva (2024) una proporción pequeña (1 de los 12
esquemas) que ese trabajo revisó se interesaba por incluir de forma más o menos
integral los problemas de gestión local de la SCJCC. La gran mayoría de las
mediciones de gestión del desempeño se enfocó en las capacidades fiscales y
administrativas.
Gráfico
1. Tipo de capacidad estatal en cada
dimensión de los esquemas de medición
Fuente: Elaboración propia con base en Pinzón-Villa,
Agudelo & Leyva (2024)
Adicionalmente, solo 3 de los 10 esquemas de medición del desempeño
evaluados para los principales países de América Latina incorporaban algún tipo
de fundamentación teórica en torno al alcance de la acción de los gobiernos
nacionales o federales sobre la gestión de los gobiernos locales. Estos esquemas de medición suelen centrarse en
el funcionamiento metodológico de procesos que surgen de exigencias exógenas de
organismos de crédito y fomento internacionales (Pinzón-Villa, Agudelo & Leyva, 2024). Gilio (2016) confirma que las dimensiones típicas de medición de capacidades
estatales para gobiernos locales en América Latina se circunscriben a: la
administrativa institucional, la política y la dimensión extractiva fiscal.
Más allá de América Latina, en la literatura internacional existen dos
grandes aproximaciones con respecto a los problemas de la gestión local del
desempeño de la SCJCC. Las relacionadas con los esquemas de medición del
desempeño gubernamentales desarrollados en trabajos como el de Behn (2003), Johnsen (2005), Ammons & Riverbank (2008), Bouckaert & Halligan (2008), Sanger (2008), Gao (2015a) o
Halligan (2021), en los que el interés por los problemas de condiciones
infraestructurales asociadas a la seguridad es muy marginal, y en especial en
los países del norte global se reserva a problemas más de convivencia o
confianza en las autoridades.
Existe otra vertiente de preocupación por los problemas de la gestión
local del desempeño de seguridad relacionados con esquemas de medición y es la
que se centra en la medición del desempeño de los cuerpos y fuerzas de
seguridad, especialmente la policía, en su dimensión local (Mastrofski, 1999; Moore & Braga, 2003; Maguire, 2003; Maguire & Johnson, 2010; Jackson & Bradford, 2010; Coleman, 2012; Maslov, 2015). Aquí los trabajos se concentran aspectos como: la definición de
dimensiones típicas que definen la calidad del servicio de policía (Mastrofski, 1999), las complejidades
de la medición en sistemas con policías de niveles territoriales diferentes (Moore & Braga, 2003) y, los
métodos de consulta a las partes interesadas del servicio de los cuerpos de
policía (Coleman, 2012; Maslov, 2015).
En general estas últimas, se interesan mucho menos por entender qué
medir, cómo medir y quién debería medir el desempeño (Gao, 2015a) de las autoridades no policiales de los
gobiernos locales. De hecho, las mediciones se concentran en aspectos
relacionados con la relación de la policía, los delincuentes y los ciudadanos
en dimensiones como: atención, confiabilidad, capacidad de respuesta,
competencia, formas de aproximación y equidad (Mastrofski, 1999). Si bien
estos aspectos son fundamentales en la mejora del desempeño de la SCJCC, están
restringidas a una parte del rompecabezas que debe componer una autoridad
gubernamental local para gestionar. Por
tanto, esta visión del desempeño policial debe integrarse al análisis pero no
circunscribirse a él, especialmente cuando son los gobiernos centrales los que
quieren medir y gestionar el desempeño de las capacidades coercitivas de los
gobiernos locales.
La literatura internacional en las dos vertientes, gestión gubernamental
y gestión policial, está concentrada en países desarrollados. El problema con
estas mediciones es que no tienen en cuenta las restricciones de la estatalidad
de regiones como América Latina o África, en las que la limitada extensión de
una economía mercantil moderna no permite al Estado construir un monopolio de
la seguridad interna. De hecho, estas regiones han tenido numerosos conflictos protagonizados
por unidades políticas que se financian de las economías criminales que les
permiten acumular capital y protección para competir con el Estado de forma
exitosa (Duncan, 2006), especialmente en el ámbito local (Luna & Feldman, 2012). Estos
competidores del Estado, se proveen su propio sistema de protección que les
permite, no solo corregir los problemas de coordinación que les son propios,
sino entremezclarse con el propio Estado para sobrevivir (Giraldo et al., 2014). Esto crea además una paradoja que entre mayores
logros tiene el Estado compitiendo, mayor capacidad tendrán los grupos armados
en lo local de capturar parte de ese esfuerzo presupuestal.
Este vacío en la literatura para América Latina con respecto a los
esquemas de medición del desempeño de los gobiernos locales, se presenta en un
contexto donde los países de la región enfrentan una crisis de seguridad y han
venido transitando desde los enfoques conceptuales de políticas públicas de
seguridad y convivencia inspirados en la seguridad del Estado, hacia enfoques
conceptuales de seguridad ciudadana (Mesa, 2015) y desde allí hacia enfoques de seguridad
humana. Esta transformación de las políticas públicas locales de seguridad y
convivencia pone en el centro de atención la ampliación de capacidades de los
gobiernos locales frente a los retos de seguridad y justicia. En la medida que
los objetivos de políticas motivadas por enfoques conceptuales de seguridad del
Estado se concentraban en asuntos de seguridad física y estabilidad del régimen
político que suelen ser competencia de los gobiernos centrales (Federales o
Unitarios), mientras que los enfoques conceptuales de seguridad ciudadana y
humana ponen en el centro a los riesgos que tienen los individuos y el
colectivo social en sus derechos de primera, segunda y tercera generación (Mesa, 2015), asuntos que de manera creciente están
en la esfera de los gobiernos locales.
Por tanto, las mediciones del desempeño de capacidades estatales que
sirven para estructurar las relaciones intergubernamentales no han logrado, en
la mayoría de los países de la región, evolucionar al mismo ritmo que las
políticas públicas locales de seguridad y convivencia. A ello se suma que, los
esfuerzos de descentralización por un lado y de modernización de los enfoques
conceptuales e instrumentales de la seguridad por el otro, tienen niveles de
avance y desempeños muy desiguales entre gobiernos locales y, de ahí, niveles
muy desiguales de satisfacción de las expectativas ciudadanas (Escobar-Lemmon & Ross, 2014).
Los esfuerzos que se han hecho desde América Latina por medir el
desempeño de los gobiernos locales en el ámbito de la SCJCC, se ajustan más a
la realidad de la fragmentación de los poderes locales, pero replican problemas
de la literatura global asociadas a la motivación teórica y a la profundidad de
la gestión local más allá de los indicadores de crímenes de alto impacto y operatividad
policial.
Los diferentes niveles de profundidad de las mediciones van desde
dimensiones en esquemas de medición comprensivos centrados en delitos de alto
impacto (como es el caso de Colombia), pasando por el seguimiento civil a la
operatividad policial (el caso de Perú), hasta los sistemas socio-territoriales
con relaciones causales más claros (el caso de Chile), reflejan una alta
dispersión del alcance y características de los esquemas de medición del
desempeño de las capacidades coercitivas locales en América Latina. A eso se suma, la ausencia de reflexiones
teórica consolidadas que permitan entender hacia dónde va la región en este
ámbito, este artículo desarrolla una propuesta de sistematización para subsanar
este vacío. En este contexto, este artículo busca identificar las
características de los esquemas intergubernamentales de medición del desempeño
a nivel global que se concentran en medir o gestionar capacidades coercitivas
locales, con el fin de esbozar un esquema de medición del desempeño para el
caso colombiano que refleja los retos típicos de América Latina.
Para ello se recurrió a la literatura internacional de gestión del
desempeño gubernamental y no a la literatura de gestión del desempeño de
cuerpos de policía local, esto con el fin de entender las preguntas
metodológicas esenciales que se hacen a los esquemas de medición del desempeño.
Preguntas que desde lo metodológico se concentran en: ¿Qué se mide? ¿Quién lo
mide? ¿Cómo se mide? Y si ¿Las mediciones tienen impacto en el desempeño? (Gao, 2015a; Halligan, 2021). En ese sentido, la sistematización de
experiencias internacionales se orienta a responder las preguntas fundamentales
de ¿Quién? ¿Qué? Y ¿Cómo se mide el desempeño?
Para ello se procesaron 14 esquemas de medición del desempeño de
capacidades coercitivas locales de todo el mundo, de los que se derivaron 27
dimensiones y 78 indicadores de medición. Se construyó una base datos con el
fin de describirlos y analizar las relaciones existentes entre los objetivos
generales de medición de los 14 esquemas, y las variables que efectivamente se
midieron en la práctica para comprender la coherencia entre objetivos y la medición.
Del análisis se derivó la construcción de 9 dimensiones temáticas que permitieron
agrupar tanto las dimensiones como los indicadores. A partir de allí, se pudo
evidenciar un desajuste entre los objetivos de medición reflejados en las
denominaciones de las dimensiones que pretenden entender de manera integral los
problemas de seguridad local (contextos de desigualdad y pobreza, participación
comunitaria o respeto de los Derechos Humanos) y unas mediciones expresadas en
los indicadores que se concentran en la visión tradicional de los resultados de
las expresiones criminales y los delitos de alto impacto.
Para ello se desarrollan 5 partes, en el 1er. título se analizará el
marco teórico de las capacidades estatales y el alcance de las mediciones de
gestión local del desempeño de la seguridad y la convivencia. En la 2ª. parte,
la metodología de análisis de los esquemas de medición de las capacidades
coercitivas locales, para luego en la 3ª. parte, mostrar los resultados obtenidos
de la base de datos sistematizada. En la 4ª. se presentará la discusión y una
propuesta de medición para Colombia, y por último, las conclusiones.
II.
Desarrollo
Marco de los esquemas
de medición y gestión de las capacidades coercitivas locales
a. Capacidades
estatales para la convivencia, la seguridad y la justicia
Las condiciones de construcción de la estatalidad han evolucionado desde
la imposición hegemónica del poder (Estado) por medio del uso de la fuerza, por
medio de aparatos administrativos más o menos rudimentarios que aseguraran los
derechos de propiedad y la vida (Estado de Derecho Liberal) hasta los modernos
estados que buscan el respeto de los derechos de tercera generación y los de la
res pública por medio de sofisticados arreglos organizacionales. Los Estados
modernos requieren de capacidades administrativas y fiscales de alta
complejidad, además de coercitivas, para poder responder a las necesidades de
una sociedad donde los retos de seguridad y convivencia van mucho más allá del
monopolio de la fuerza en un territorio para mantener el orden y defender las
fronteras.
De hecho, las dimensiones de capacidades estatales resultan útiles para ordenar
la comprensión de las habilidades necesarias de la estatalidad democrática funcional
para las demandas sociales actuales. Estas capacidades se dividen en coercitivas,
extractivas y administrativas (Balán, 2015; Hanson & Sigma, 2011; 2020). Las primeras se definen siguiendo una
tradición de pensamiento weberiano que las describe como las habilidades que
tiene un Estado para poseer el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza
dentro de su territorio (Weber, 2008). Sin embargo, esta no puede ser la única
manera de definir la capacidad coercitiva; Balán (2015) afirma que esta es “la capacidad del
Estado de penetrar efectivamente en la sociedad civil y de implementar acciones
a lo largo del territorio” (p. 2.013). De manera general, lo anterior se
refiere a mantener el orden interno del territorio y proteger este de amenazas
externas.
Hanson y Sigma (2020) afirman que la coerción se relaciona con
la capacidad que tiene el Estado para, como lo dice también Balán (2015), mantener el orden interno, exigir el
cumplimiento de la ley, protegerse contra amenazas externas y, también,
preservar sus fronteras. En este sentido, para realizar otras funciones,
incluida la recaudación de ingresos, un Estado debe poseer la fuerza necesaria
para contener las amenazas en todo su territorio, o al menos para competir de
forma efectiva por limitar la capacidad de actores no estatales.
Por otro lado, la capacidad fiscal deriva en gran medida la necesidad de
financiar la funcionalidad del Estado. Para Oslak (1982, citado en Balán, 2015), la capacidad extractiva es uno de los atributos definitorios de la
estatalidad, significa la expresión económica del poder político (Théret, 2019). La
extracción de recursos, la planeación y la ejecución de su distribución, de la
mano de la provisión de los servicios públicos para satisfacer las necesidades
básicas de la ciudadanía, es una de las responsabilidades más importantes de un
Estado moderno. Esto es especialmente cierto en Estados federales o unitarios con
alta descentralización donde a los gobiernos locales o regionales reciben funciones
esenciales como las mencionadas anteriormente.
La capacidad de un gobierno para gravar con impuestos a su población
sirve como representación general de la capacidad estatal debido a la amplia
gama de capacidades estructurales que requieren (Hanson & Sigma, 2020); además,
recaudar ingresos fiscales no es solo una función crítica del Estado para
apoyar todas sus actividades, también abarca un conjunto particular de
capacidades que son fundamentales para poderes más amplios del Estado (Elias, 2001). Recaudar
de forma efectiva y justa es la muestra más visible de capacidades
infraestructurales desarrolladas. Aquí también se amplía la complejidad técnica
de funciones económicas como la política monetaria y política productiva que
tienen profundas consecuencias en la política fiscal.
Por último, la capacidad administrativa es la capacidad abarcadora que
trata las habilidades organizacionales del Estado con respecto al desarrollo de
políticas, la provisión de bienes públicos de manera eficiente, la regulación
de las actividades económicas y comerciales, y la garantía de respeto de los contratos
y protección de los derechos de propiedad (Balán, 2015; Hanson & Sigma, 2020). Esta
capacidad retoma elementos tales como el desarrollo de la burocracia y la
necesidad de la profesionalización de los mismos funcionarios estatales,
elegidos con criterios de meritocracia que traducen dicha capacidad de
administrar el Estado que logren desarrollar horizontes de temporalidad amplios,
en el marco de RIG funcionales que permitan la coordinación. Significa la
capacidad de procesar información y recursos, guardar la memoria institucional
y proveer servicios valiosos para los ciudadanos brindado bienes públicos y
regulando efectivamente los excesos del mercado.
b. Las
preguntas fundamentales a cerca de la medición del desempeño
A mediados de los noventa, 3 textos señalaron la centralidad de la
medición del desempeño en las discusiones de administración pública. El primero
de ellos el trabajo de Behn (1995) a cerca de las grandes preguntas de la
administración pública en el que señala cómo la medición del desempeño ganaba
importancia en la comprensión de las reformas de administración pública. El
segundo, el texto de Reformas de Public Management en los países de la OECD (1995) en el que se pone de manifiesto que el instrumento
esencial para regular las RIG y mediar entre quien coordinaba y quien lleva a
cabo las reformas del Estado era la medición del desempeño (OCDE, 1995). Por último, se encuentra el trabajo de Blodgett
y Newfarmer (1996) en el que se afirma que la medición del desempeño se constituía en el
tema de mayor interés de la acción del gobierno (Gao, 2015a).
De hecho, los trabajos más relevantes que se publicaron entre 1980 y
2015 alrededor esquemas de medición y gestión del desempeño estuvieron
centrados cuatro asuntos esenciales: mediciones objetivas, mediciones
subjetivas, el tránsito de las mediciones a la gestión del desempeño y
resultados del desempeño originados en la medición y gestión (Gao, 2015a; Halligan, 2021). Cuando se habla sobre desempeño en
instituciones gubernamentales, se puede abordar de manera diferenciada la
medición y la gestión (Noordegraaf, 2008), sin
embargo, es la medición del desempeño la que prepara el escenario para la
gestión del desempeño, indicando así que una es la evolución teórica y práctica
de la otra.
Inicialmente, la medición del desempeño se enfocaba en la eficiencia y
eficacia (Hatry, 1980) que hacía uso de indicadores cuantitativos para evaluar actividades,
esfuerzos y logros organizacionales (Wang, 2002). El fin último de la medición del
desempeño es poder cuantificar la actuación de las organizaciones públicas
frente a estándares preestablecidos, para entender lo que sucede dentro de sí
mismas y también frente a las demás. Dicha medición, ahora bien, puede hacer
parte de un ecosistema de mediciones de desempeño o hacer parte de un sistema
macro de gestión del desempeño de la calidad de una o varias organizaciones.
También cambió en función de que se medía, inicialmente concentrándose
en inputs y productos para luego priorizar outputs y resultados, dándole
especial énfasis a lo que se hacía con dichos resultados al contrastar estos
con indicadores (Halligan,
2021). Este uso, si bien era importante, no
llevaba en la mayoría de los casos a otro estadio de acompañamiento para la
mejora del desempeño. Es en este vacío donde surge la gestión del desempeño
(performance management en inglés) como proceso evolutivo tanto teórico como
práctica. Sobre esta segunda noción se puede afirmar lo siguiente:
la gestión del desempeño es un estilo de gestión destinado a establecer
metas y garantizar que dichas metas se alcancen a través de un ciclo de
planificación y control. Incorpora un conjunto de actividades, herramientas y
mecanismos destinados a medir y evaluar resultados para mejorar continuamente
el desempeño (Vignieri, 2018, p. 1).
Cuando la literatura internacional busca sistematizarlos esquemas de
medición del desempeño, algunas de las preguntas esenciales que se hace son:
¿Qué se mide? ¿Quién lo mide? ¿Cómo se mide? ¿Las mediciones tienen impacto en
el desempeño? (Gao, 2015a). En el ámbito del qué se mide se encuentran tácitas el objetivo de la
medición, las dimensiones y la relación causal que las integra. En el análisis
de quién lo mide, se interesa por entender la estructura de relaciones de poder
subyacente a la medición, ya sea en estructuras jerárquicas de incentivos y
castigos, o de estructuras en red de gobernanza. Los rasgos de cómo se mide
están determinados por los instrumentos propios de la gestión del desempeño que
determinan la condición de esquemas de medición o de gestión y por último, la capacidad que tienen los
esquemas de lograr que efectivamente se cumplan ciertos objetivos que son
considerados una mejora del desempeño de los gobiernos (Halligan, 2021).
Este trabajo de concentra en las mediciones del desempeño que
estructuran las relaciones entre gobiernos centrales y gobiernos locales (Relaciones
Intergubernamentales - RIG[ii]). Así, es fundamental entender los tipos de esquemas desde la
perspectiva de quién monitorea. De hecho, los esquemas de medición y gestión
del desempeño pueden clasificarse desde esta perspectiva en: [1] aquellos que
miden a un gobierno u organización pública de forma interna
(Intra-organizacionales), [2] amplificados en sectores o conglomerados públicos
y aquellos que [3] estructuran relaciones intergubernamentales. A continuación,
se presenta un análisis de la tipologías de medición del desempeño local
dependiendo de quién mide a quién.
Tabla 1. Tipologías de
esquemas de medición del desempeño determinadas por el alcance y la participación
social
Fuente: Elaboración propia Centro de Valor
Público con base en Elazar (1987); Bardan & Mookherjee (2006); Moynihan, (2008); Sanger, (2008); Gao (2015a) y Halligan (2021).
Este artículo se concentra en la búsqueda de esquemas de medición y
gestión del desempeño de capacidades coercitivas locales llevadas adelante por
gobiernos centrales (nacionales o federales) que monitorean gobiernos locales,
con el fin de construir respuestas de medición y gestión del desempeño
municipal para América Latina y Colombia específicamente. Todo ello concentrado
en los esquemas de medición estructurados para regular las relaciones
intergubernamentales (RIG). No se tienen en cuenta las otras tipologías ni
desde una perspectiva interna de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
ni desde la perspectiva de sectores o conglomerados de seguridad, defensa o
justicia. Ello en la medida que las fuerzas y cuerpos de seguridad y justicia
de los Estados tienen esquemas internos de medición del desempeño de sus
estructuras organizacionales locales, pero estas mediciones no son el interés
de este trabajo.
II.
Metodología
Caracterización a los
sistemas de medición y gestión del desempeño con énfasis en capacidades
coercitivas locales
Este trabajo se concentró en las mediciones del desempeño que los
gobiernos centrales realizan de las capacidades coercitivas locales,
identificadas como Intergubernamentales y de diseño de arriba hacia abajo (Ver
la Tabla 1). Se realizó
una búsqueda de esquemas de medición sin un espacio geográfico definido, debido
a que se pretendía tener una visión amplia de las características más
destacables en diferentes contextos territoriales diversos, para así poder construir,
en última instancia, una medición de gestión de la seguridad y la convivencia
pertinente para América Latina y Colombia. Dicho esto, se seleccionaron
mediciones de los siguientes países: Canadá, Chile, Colombia, Escocia, India,
Perú, Reino Unido, Sudáfrica, Tanzania y Túnez.
Es fundamental aclarar que este trabajo no buscaba analizar problemas de
implementación en los esquemas de medición, sino sólo identificar las
características de dimensiones y variables del diseño de esquemas de medición
del desempeño que hubieran sido realmente aplicados.
Del mismo modo, debe decirse que las mediciones y los sistemas
seleccionados se componen, de los siguientes niveles analíticos: el nivel macro
(índice o estructura de informe o reporte), nivel meso (dimensión) y nivel
micro (indicador). Se usan las dimensiones como unidad de análisis, en la
medida que permite entender el sentido conceptual hacía lo macro y lo micro,
permite entender las relaciones causales con los objetivos generales de los
esquemas de medición. Las mediciones fueron sometidas a un proceso de
tratamiento donde se extrajo tanto las dimensiones de análisis como los
indicadores usados para medir los gobiernos locales en términos de seguridad y
convivencia.
La búsqueda se realizó en función de la visibilidad que los gobiernos les
dan a los procesos de medición del desempeño en los sitios web con acceso
público, en ese sentido se concentraba en procesos que tuvieran visibilidad
para los ciudadanos, independientemente que estos y sus representantes
políticos o iniciativas de acción colectiva participaran en el diseño,
seguimiento o rendiciones de cuentas, o de la efectividad de los esquemas de
medición para mejorar la gestión. Adicionalmente, se realizó la búsqueda
independientemente de sí los esquemas se siguieron actualizando o no, en el
sentido de entender las características de los esquemas de medición del
desempeño más que de analizar su efectividad para mejorar los resultados.
Los esquemas de medición del desempeño diseñados de arriba hacia abajo
por gobiernos nacionales o federales para medir el desempeño de los de los
gobiernos locales suelen tener como eje de articulación entre los propósitos de
la medición y los resultados locales del desempeño un índice que estructura una
serie de indicadores clasificados en dimensiones de análisis. Por tanto, los esquemas de medición del
desempeño seleccionados se componen, en general, de los niveles mencionados:
índice, dimensión e indicador.
Cabe destacar que no se excluyeron esquemas de medición multisectoriales
que incorporan mediciones propias de seguridad, convivencia y justicia cercana
al ciudadano, que estuvieran acompañadas de mediciones de otros sectores como:
medio ambiente, transporte, servicios públicos o salud por mencionar algunos
ejemplos. Por tanto, aparecen mediciones de gestión del desempeño local de la
seguridad y la convivencia que son una dimensión de un índice comprensivo y
también las que son un índice independiente del desempeño local de la
seguridad, la convivencia o la justicia cercana al ciudadano.
Para sistematizar esta información se construyó una base de datos de la
que resultaron 78 indicadores, asociados a 27 dimensiones de medición y 14
experiencias internacionales (con o sin índice) de medición intergubernamental
del desempeño local de la seguridad, la convivencia y la justicia cercana al
ciudadano. Las mediciones del desempeño de los
gobiernos locales fueron priorizadas en función del nivel de focalización en
asuntos de seguridad, convivencia y justicia cercana al ciudadano (SCJCC) se
presentan en el Anexo 1. Los campos utilizados en la base de datos fueron los
siguientes: Nombre de sistema/medición, País que fue objeto de la medición, Entidad
que realizó el diseño, Año de inicio de medición, Año de finalización de
medición, Dimensión de la medición, Indicador, Naturaleza datos del indicador
(datos de percepción, datos objetivos), Tipología de indicador, Alcance de
Dimensiones de Medición, Con/Sin Índice, Datos objetivos (Índice), Datos de
percepción (Índice), Categoría Dimensión (Véase Tabla 5).
El problema metodológico fundamental de las revisiones de esquemas de
medición del desempeño está relacionado con lograr representatividad en los
casos seleccionados. Para ello, se utilizan los siguientes criterios de
selección con el fin de refinar una primera búsqueda exploratoria.
1.
Casos de esquemas de medición que realizan los gobiernos centrales del
desempeño de gobiernos locales que se refieran al desempeño de las capacidades
coercitivas locales.
2.
Casos de esquemas de medición que se concentren en desempeño de seguridad
y convivencia o que teniendo objetivos más generales, tuviesen una dimensión de
seguridad y convivencia.
3.
Casos de esquemas de medición en los que el diseño se realice de arriba
hacia abajo, es decir, de los gobiernos centrales (federales o nacionales) hacia
los gobiernos locales.
4.
Casos de esquemas de medición que generan amplia visibilidad nacional o
internacional reflejada en el acceso público a la metodología y los resultados.
5.
Casos de esquemas que tuvieran reconocimiento internacional como
referentes a la medición del desempeño local.
6.
Casos de esquemas de medición del desempeño local que trataran de ir más
allá de la medición de delitos de alto impacto.
A pesar de la aplicación de estos criterios de selección, el trabajo
tiene limitaciones metodológicas asociadas a la representatividad de los casos
seleccionados debido a que existen casos de esquemas de medición del desempeño
local de la seguridad que tienen diseños de gran interés para la investigación
pero que es posible que no hubieran los mecanismos de divulgación adecuados o
que presentaran obstáculos de implementación que les hubieran perder
visibilidad. Para estos casos, el proceso de investigación aplicado no tiene
manera de detectar estos esquemas de medición.
Para realizar la búsqueda,
los conceptos que se utilizaron fueron los siguientes, tanto en español como en
inglés: “Gestión de la seguridad local”, “Sistemas de medición de seguridad
para gobiernos locales”, “Índices de desempeño de la seguridad local”. Se intentó buscar
estas expresiones en bases de datos académicas (Science Direct, Google Scholar,
Jstor), sin embargo, los resultados no fueron relevantes debido a que los
esquemas de medición no surgen de reflexiones académicas, sino de ejercicios
administrativos realizados directamente por autoridades gubernamentales que
buscan hacer seguimiento o evaluación de programas o políticas públicas
específicas. En este caso, relacionadas con seguridad y convivencia en el marco
de las Relaciones Intergubernamentales. A partir de la utilización de estas
expresiones generales, se aplicaron filtros más refinados que se detallan a continuación.
Tabla
2. Expresiones
utilizadas en el proceso de selección de casos
|
No. |
Ámbito de búsqueda |
Expresión de búsqueda en inglés |
Expresión de búsqueda en español |
|
1 |
Performance
management |
Performance
Measurement Systems, Performance Management System, Measurement systems for
public security |
Sistemas
de medición del desempeño, sistemas de gestión del desempeño, sistemas de
medición para la seguridad pública |
|
2 |
Public
security |
Public
Security measurement systems, Public Security measurement scheme, Public
Security Local Measurement systems |
Sistemas
de medición de seguridad pública, esquemas de medición de seguridad pública,
sistemas de medición de seguridad pública local |
|
3 |
Local
performance index |
Performance
Management System security dimension, Local government performance systems |
Dimensión
de seguridad de sistemas de gestión del desempeño, sistemas de gestión de
gobierno local. |
Fuente: Elaboración propia.
Como resultado de la búsqueda, los siguientes fueron los esquemas
seleccionados.
Tabla 3.
Mediciones del desempeño de gobiernos
locales de la seguridad y convivencia locales en el Mundo, 2006-2024
|
Índice |
Año |
País |
Número
de observaciones |
|
LGPI (The Local Governance Performance Index) |
2016 |
Túnez (Gobierno Nacional y
BM) |
24 gobernaciones y 3
municipios por cada uno |
|
LGIP (Local Governance Performance Index
Transparency Focus) |
2007-2022 |
Canadá (Frontier Centre for Public Policy) |
96 ciudades y Gobiernos
locales |
|
LGPI (Department for International Development UK) |
2017 |
Tanzania (Mzumbe
University y la Fundación para la sociedad civil de Tanzania) |
2 distritos (Mvomero and
Kigoma-Ujiji) |
|
LGP (Local Government
Performance) |
a. 2006-2007 b. 2006-2018 |
Reino Unido (a: Oficina
del Primer Ministro para Comunidades y Gobiernos locales; b. Dpto. de
Comunidades y G. Local) |
39 Counties, sumado a
Escocia y Gales |
|
LBTLG (Local Area Benchmarking tool to Local
Government) |
2019-2022 |
Reino Unido (la Local
Government Association con base en Datos de la Oficina de Gobiernos Locales
OFLOG) |
250 unidades
administrativas (Distritos, Autorida-des locales, Consta-bularios arreglos
metropolitanos) |
|
LGBF (SOLACE - Sociedad de
ejecutivos de Autoridades Locales) |
2010-2022 |
Escocia (COSLA Convención
Autoridades locales de Escocia) |
32 ciudades y gobiernos
locales (Community Planning Partnership - CPP) |
|
GPI (Governance
Performance Index) |
2021-2024 |
Sur África |
9 provincias y 257
Municipalidades. |
|
MPI (Municipal Performance
Index) |
2019 |
India (Ministry of Housing and Urban Affairs f y
el Institute for Competitiveness) |
Se concentró en las
consideradas 111 Smart Cities (SCM: Smart Cities Mission) |
|
IDSCGS (Indicadores de
Desempeño para la seguridad ciudadana en gobiernos subnacionales) |
2015-2021 |
Perú (Ministerio del
Interior, Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana) |
26 Regiones, 196
provincias con sus correspondientes distritos |
|
BSP (Barrios Seguros de
Perú) |
2016-2022 |
Perú (Ministerio del
Interior) |
14 Departamentos,
distribuidos por Distrito, Comisaría Barrio. |
|
IVSD (índice de
Vulnerabilidad Socio delictual 1.0) |
2013-2014 |
Chile (Asociación de
Municipalidades de Chile con Información de Subsecretaría de prevención del
delito, Instituto Nacional de Estadística y Sistema Nacional de Información
Municipal) |
345 comunas del país en 4
macrozonas, 15 regiones |
|
IMEMS (Índice Más Equidad, Más Seguridad - índice de
Vulnerabilidad Socio delictual 2.0) |
2023-2024 |
Chile (Subdirección de
Prevención del Delito-División Gestión Territorial, perteneciente al
Ministerio del Interior y Seguridad Pública) |
345 comunas del país en 4
macrozonas |
|
IVT (Índice de
Vulnerabilidad Territorial) |
2006-2012 |
Colombia (Dirección de Justicia,
Seguridad y Gobierno Subdirección de Seguridad y Defensa del Ministerio del
Interior) |
1.102 Municipios (Cabe
recordar que el Ministerio del Interior en Colombia no contiene a la Policía
Nacional que se encuentra en la estructura del Ministerio de Defensa) |
|
IAEJ (Índice de Acceso
Efectivo a la Justicia) |
2017 |
Colombia (Banco Mundial,
Ministerio de Justicia y Departamento
de Planeación Nacional) |
29 de los 32 departamentos
del país, más el Distrito Capital de Bogotá. |
|
OBSERVA (Observatorio de DDHH
e IDH) |
2016-2021 |
Colombia (Alta Consejería
para los DDHH perteneciente a la Presidencia de la República) |
1.102 Municipios y 32
Departamentos |
Fuente: Elaboración propia.
Por último, el proceso de construcción metodológica de la base de datos
implicó un segundo proceso de tratamiento donde se construyó una tipología que
permitieran agrupar para el análisis de los indicadores y dimensiones medidos
en los esquemas. Estas categorías permiten consolidar en pocas tipologías las
múltiples denominaciones que los esquemas de medición le asignan a las
dimensiones o índices. Las categorías
son: Manifestaciones del Delito o Transgresión a DDHH (1); Contexto social y
político (2); Estructura de Gobernanza asociada a SCJCC (3); Capacidades
fiscales y administrativas (4); Justicia cercana al ciudadano (5); Prevención
de conflictos y delitos (6); Capacidades coercitivas locales (7); Confianza en
las autoridades de seguridad y justicia (8); Coordinación interinstitucional
(9).
Ilustración
1.
Estructura metodológica del análisis de los esquemas de medición del desempeño
de los gobiernos locales en el ámbito de la seguridad, la convivencia y la
justicia cercana al ciudadano
Fuente: Elaboración propia.
Las preguntas que estructuran el análisis de un esquema de medición del desempeño
están dadas por: ¿Qué se mide? ¿Quién lo mide? ¿Cómo se mide? Y si ¿Las
mediciones tienen impacto en el desempeño? (Gao, 2015a; Halligand, 2021). Este artículo se concentra
especialmente en la pregunta de ¿Qué se mide?, en la medida que busca entender
las características de mediciones de gestión del desempeño de gobiernos locales
desde una perspectiva no policial. En ese sentido, la pregunta por ¿Qué se
mide? Permite colegir de él análisis de las dimensiones e indicadores: los ámbitos temáticos (derivados en las
categorías definidas en el párrafo anterior) y la coherencia entre los
diferentes niveles de medición que reflejan las relaciones de causalidad entre
el objetivo y el ámbito de lo que se mide.
III.
Resultados
La búsqueda global
por mejorar el desempeño de los gobiernos locales en el ámbito de la seguridad,
la convivencia y la justicia cercana al ciudadano
De los 14
esquemas analizados de medición del desempeño local con interés en Seguridad,
Convivencia o Justicia Cercana al Ciudadano (SCJCC) que se desarrollan en clave
de relaciones intergubernamentales, la mitad de ellos (7) eran esquemas que
tenían un carácter multisectorial e incluían una dimensión de SCJCC. La otra
mitad de los trabajos (7), son esquemas exclusivos para medir el desempeño
local o subnacional de la gestión de la SCJCC. Visto desde la estructura de
consolidación, es decir si son o no un índice, la mayoría los esquemas que
sintetizan los resultados de las mediciones en un índice comprensivo (10
esquemas), mientras que solo 4 de ellos responden más a una organización de
dimensiones y variables que se integran luego en informes más extensos, pero
que no se sintetizan en una sola expresión numérica de índice.
Tabla
4. Esquemas de medición del desempeño
local de la seguridad, la convivencia o la justicia cercana al ciudadano
Fuente:
Elaboración propia
En los
esquemas analizados se evidenciaron 27 dimensiones de medición diferentes,
tanto de los esquemas que se sintetizan como índices, como de aquellos que son
una estructuración de indicadores. Las dimensiones, constituyen el elemento que
une a los objetivos de la medición con los resultados específicos de los
indicadores. Estas dimensiones permiten
darle orden conceptual a la construcción de objetivos de medición que son
vitales para estructurar instrumentos de gestión del desempeño y poder evaluar
los resultados (Halligan, 2021). Estas dimensiones se
sintetizaron en 9 categorías como se puede evidenciar en la Tabla 3.
Tabla 5. Dimensiones de los esquemas de
medición del desempeño de los gobiernos locales referidos a SCJCC
Fuente: Elaboración propia
Las
dimensiones que se presentan de manera más frecuente (8 dimensiones) son las
referidas a mediciones de “Manifestaciones del Delito o Transgresión a DDHH”,
que se concentra en los resultados típicos de delitos de alto impacto que
significan la dimensión de resultados asociados a datos objetivos que suelen
estar atados a fenómenos multicausales en los que las autoridades civiles
locales son corresponsables. El segundo grupo de dimensiones más frecuente es
el referido a todo tipo de arreglos y “estructuras de Gobernanza asociada a
SCJCC” (5 dimensiones). Esta es una
dimensión sobre la que las autoridades civiles locales tienen una gran
influencia en el desarrollo de estrategias de coordinación y medición con
actores de la sociedad civil, de policía, justicia y empresarios.
Luego aparecen las dimensiones de “Capacidades fiscales y
administrativas”, “Contexto social y político” y “Prevención de conflictos y
delitos” con la misma cantidad de dimensiones (4 cada una). La prevención ha sido un elemento tradicional
de las mediciones del desempeño de seguridad, convivencia y justicia, lo mismo
que capacidades administrativas y fiscales, sin embargo, la comprensión de los
contextos sociales y las dinámicas políticas y territoriales son un elemento
que surge como una dimensión de medición relativamente nueva que permite
perfilar las mediciones entendiendo la diversidad de condiciones de integración
social, brechas de bienestar y poder de sistemas políticos locales corruptos o
control territorial de organizaciones criminales. Por último, aparecen
dimensiones de medición de justicia cercana al ciudadano (2 dimensiones).
Dado que los esquemas
de medición del desempeño de la gestión local de la SCJCC, tienen tres niveles:
el macro del índice (en caso de sintetizar a través de él), el meso de las
dimensiones de medición y el micro de los indicadores. ¿Qué es lo que miden los esquemas en el nivel
micro? La base de datos permitió identificar 78 indicadores diferentes que
están asociados a las 9 dimensiones, que miden en una de cada tres ocasiones
(33%) a las “manifestaciones del delito, los conflictos de convivencia o las
transgresiones a los derechos humanos”. Luego, el 19% de los indicadores mide
el “contexto, social, político y de conflictividad territorial”. Las “estructuras de gobernanza y
participación” (14%) son junto con las “capacidades fiscales, administrativas y
tecnológicas” (14%) los siguientes son tipos de variables que miden los
esquemas de desempeño local.
Tabla
6. Frecuencia
de los Indicadores de los esquemas de
medición del desempeño de la gestión local de la SCJCC, agrupados en categorías
Fuente:
Elaboración propia
Otros asuntos
como la “Justicia Cercana” (5%), la “Prevención de conflictos y delitos” (5%), las
“Capacidades coercitivas locales” (3%), la “Confianza en las autoridades de
seguridad y justicia” (3%) o la “Coordinación interinstitucional” (1%) se miden
con mucha menos frecuencia. Existe un
desfase entre dimensiones que anuncian mediciones relacionadas con “prevención de
los delitos o conflictos de convivencia” con una alta frecuencia (14.8%),
mientras que las variables que realmente reflejan condiciones de prevención son
más escasas (5%). Esto refleja la
dificultad para expresar relaciones causales más o menos sistemáticas en las
mediciones del desempeño de la gestión local en relación con la prevención.
De hecho,
existe una preferencia por seguir llevando las “manifestaciones de la
criminalidad, la conflictividad y las transgresiones de derechos humanos” como
elemento central de las mediciones del desempeño. Esto se constituye en una
expresión de resultados más propio de enfoques conceptuales de seguridad del
pública o del Estado que de seguridad ciudadana o humana, sin embargo, existe
un creciente interés por identificar factores sociopolíticos contextuales como indicadores
priorizados. Esto daría cuenta de una tendencia a desarrollar mediciones que
encuentran en las condiciones socio territoriales factores de causalidad plausibles
(propio de enfoques conceptuales de seguridad ciudadana y humana). Sin embargo,
existe aún una gran dispersión de relaciones de causalidad lo que llevaría a
dispersar también los objetivos de gestión de las autoridades locales, que como
lo expresan Gao (2015a) y Halligan (2021) esta dispersión es una patologías común en la evolución de esquemas de
gestión del desempeño.
Estas dispersión
de objetivos conlleva una autonomización de la gestión interna de los gobiernos
frente a los reportes de los esquemas de medición de obligatorio complimiento
por parte de gobiernos nacionales, federales o estatales (Gao, 2015a). También significa la aparición de
procesos de gaming, es decir, tratamiento malicioso de los mecanismos de
reporte de resultados, sobre todo de percepción o encuestas auto-diligenciadas
que son manipuladas para mostrar mejores resultados de los que realmente se
tienen, con el fin de lograr que gobiernos supralocales no molesten u
obstaculicen la gestión local (Gao, 2015b; 2016; 2020). Este es un ámbito de investigación poco
explorado en América Latina que merece atención futura.
IV.
Discusión
Aprendizajes
para medir el desempeño de los gobiernos locales en el ámbito de la seguridad,
la convivencia y la justicia cercana al ciudadano: una medición nacional
Los
principales aprendizajes que dejan las experiencias internacionales de medición
del desempeño local de la gestión de la seguridad, la convivencia y la justicia
cercana al ciudadano tienen que ver con qué se mide y cómo se mide. En el
ámbito de la manera cómo se mide, los esquemas internacionales analizados se
centran esencialmente en indicadores objetivos que reflejan las “manifestaciones
del delito” y “capacidades fiscales y administrativas”, mientras que de otro
lado los indicadores subjetivos están más relacionados con factores como: “confianza
en las instituciones”, “prevención de delitos”, o “coordinación
interinstitucional”. La dificultad para desarrollar mediciones para estas
categorías es comprensible por el tipo de fenómenos que suelen disponer de menos información
objetiva. Sin embargo, la tendencia a quedarse solo con la percepción es un
factor que genera riesgo de gaming o manipulación de la medición (Gao, 2015a).
Gráfico 2. Categoría de
dimensiones vs. naturaleza de los datos.
Fuente:
Elaboración propia
Con respecto
a qué se mide, las dimensiones e indicadores muestran una tendencia a centrarse
en las “manifestaciones del delito”, “los conflictos de convivencia” y “las
transgresiones a los derechos humanos”.
Por otro lado, existe una preocupación creciente por comprender asuntos
como “prevención del delito”, “condiciones socioeconómicas de los territorios”,
“capacidades de las autoridades locales” y “rasgos de las estructuras de
gobernanza de los territorios locales” (control ilegal). Existe una
discordancia entre dimensiones de medición que tienen la prevención y la
gobernanza como factor relevante, pero que luego a la hora de convertir esas
dimensiones en indicadores y variables de medición, presenta dispersión de las
que podrían entenderse como relaciones causales plausibles para esas
dimensiones.
Esta descripción
general de lo que se mide, abre la posibilidad para identificar aprendizajes puntuales
provenientes del análisis detallado cada uno de los 14 esquemas de medición
seleccionados. Esos aprendizajes puntuales, se estructurarán en tres grandes categorías
siguiendo la idea de elementos constitutivos de un esquema de medición del
desempeño de Thomas (2006): contexto (inputs), procesos (medios) y resultados (outcomes). A
continuación se presentan los principales aprendizajes puntuales.
Tabla 7. Aprendizajes del análisis de las características de los
esquemas de medición del desempeño local de SCJCC
Fuente:
Elaboración propia
Teniendo en
cuenta los aprendizajes de las mediciones internacionales, en la Tabla 6, se presenta una propuesta de estructura
de índice para Colombia orientado a medir las capacidades coercitivas locales. Se sigue la lógica de Thomas (2006) por lo cual se tiene en cuenta las
dimensiones de contexto, medios y resultados que se extrajeron de la
experiencia de los países estudiados, sin dejar de atender la inclusión de
variables que ya tienen disponibilidad de datos en el país. Se trata de un
ejercicio que busca crear una base para medir fenómenos de seguridad y
convivencia local que no han sido medidos de manera recurrente, así como los
diferenciadores para cada uno de los gobiernos locales (municipios) del país. En
este sentido, se priorizaron los indicadores y dimensiones en: diferenciales,
habilitadoras y de resultados.
Esta
propuesta se suma a la tradición escrita colombiana con respecto a la medición
del desempeño de los gobiernos locales, dentro de la cual hay tres vertientes:
diseño metodológico y reflexión en torno a los esquemas de medición (Avellaneda,
2009; 2023; Bello-Gómez et al, 2023; DNP, 2002; 2018a; 2018b; 2024; González, 2011; González & Angulo, 2017); evaluación del proceso de descentralización (Zapata et al,
s.f.; Angulo et al.,
2018; Barrera, 1998; Becker et al, 2003; Bonet, 2006); y, el de medición de la gestión del
desempeño de los funcionarios públicos (Bucheli et al., 2021; Rodas-Gaiter & Sanabria-Pulido, 2020; Rodríguez-Hernández, 2013). Vale la pena mencionar que en Colombia se
ha escrito académicamente menos sobre la teoría de medición y gestión del
desempeño, con la mayor parte de los esfuerzos concentrándose en ejercicios de
tipo práctico.
Existe además
una propuesta de calibración en los diferenciadores, en la que se agruparían
los municipios en función de la mayor o menor exposición a los fenómenos
estructurales de contexto que afectan la gestión local de la seguridad, la
convivencia y la justicia cercana al ciudadano, referidos a “Control de los
grupos armados ilegales”, “Riesgos de conflictividad de agua y tierra”,
“influencia de las autoridades tradicionales paralela a las funciones de las
alcaldías” y “posición central o marginal en el sistema urbano y regional”. A
continuación, se presenta una aproximación a lo que sería la estructura del
índice:
Tabla
8. Índice de
medición de capacidades coercitivas locales
Fuente: Elaboración propia
El ejercicio anterior recopila la medición de condiciones organizativas
locales y tradicionales (un aprendizaje de Sudáfrica), así como también las
iniciáticas locales de participación para la seguridad, haciendo del mismo modo
una diferencia en el grado de control territorial de la fuerza pública y la
existencia de gobernanza criminal como factor para diferenciar desempeño.
También, gracias a resultados (fines), puede pensarse en la entrega de
recompensas monetarias y estandarizadas según buenos resultados en gobiernos
locales; esto se visualiza en el índice de vulnerabilidad socio-territorial que
es fundamental en el caso de Chile y puede ser útil para el caso colombiano.
Para finalizar, se plantea de manera evidente la necesidad desmilitarizar la
política pública de seguridad y convivencia, especialmente en el caso de
amenazas a la seguridad nacional proveniente de organizaciones armadas
ilegales.
V.
Conclusión
En América Latina se ha
visto, con mayor frecuencia en la última década, un intento por medir los fenómenos
de SCJCC, haciendo un énfasis especial en indicadores objetivos que miden tasas
de delitos de alto impacto y comportamientos asociados a la convivencia que
pueden ser cuantificados (infracciones a la ley, denuncias, entre otros). Ahora
bien, la evolución de los esquemas de medición hacia índices exclusivos para el
desempeño local de seguridad es relativamente reciente y no tiene una relevancia
similar a las mediciones administrativas o fiscales, especialmente en Colombia
Una razón de este fenómeno es que la justicia, la seguridad y la convivencia no
tiene un rubro presupuestal claro en los gobiernos locales más allá de los
fondos de seguridad y de los recursos propios que se dediquen a políticas
públicas de SCJCC.
Del mismo modo, falta refinar
los índices y lo que estos miden en función de los objetivos que se tenga con
las políticas nacionales de seguridad y justicia. Además existen vacíos con respecto a
variables y dimensiones como lo son el género y la migración, que tienen una gran
relevancia en cuanto a la SCJCC y todavía más en una región como América Latina
y un país como lo es Colombia. Existe una gran posibilidad de abrir los datos
de las agencias públicas de todos los niveles en relación con estos asuntos,
con el fin de proveer información para la medición del desempeño y el control
ciudadano.
Es notoria la falta de la
inclusión de la participación ciudadanía en las mediciones como elemento de
diferenciación de la gestión de la seguridad local, tanto como un ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas, pero también por el significado que tiene
la participación ciudadana en la construcción de legitimidad de la acción del Estado
y mejora de la percepción que tiene la comunidad sobre los fenómenos que la
afectan directamente.
Por otro lado, es necesaria
la construcción de una cultura del reporte que permita articular los reportes
internos de la gestión del día a día, con los reportes de los esquemas de
medición en materia de seguridad. Esto permitiría aclarar las competencias y
recursos de los gobiernos locales con respecto a la SCJCC, y responder en
última instancia a las pregunta de ¿quién es el responsable? y ¿con qué
recursos debe hacerlo? Esto último debe ser supervisado y acompañado por
autoridades nacionales, con el fin de lograr la gestión y no sólo la medición,
permitiendo también que se pueda evadir el gaming que simula una mejora
en resultados sin que haya un avance real en la calidad de vida y percepción de
los ciudadanos.
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