GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA N°8
(Julio-Diciembre) (67-84)
-2024
ISSN 2375-7074 ON-LINE
DOI https://doi.org/10.29393/GP8-6MPSD30006
DEL DICHO AL HECHO: MARCOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA
GESTIÓN LOCAL DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. UN ANÁLISIS DESDE LOS ACTORES E INSTRUMENTOS
BETTER SAID THAN DONE: POLICY FRAMEWORKS FOR THE LOCAL
MANAGEMENT OF SECURITY. AN ANALYSIS FROM THE ACTORS AND TOOLS
Luis Fernando Agudelo[1]
Daniel Gallego[2]
Santiago Leyva[3]
Resumen
Este
artículo hace una revisión sistemática de los principales cambios que se han
dado en la literatura internacional de diseño de políticas públicas para la
gestión local de la seguridad y la convivencia haciendo énfasis en entender las
diferencias o posibles desfases entre los marcos teóricos declarados y los
modelos de implementación. Para ello se analizan 64 casos de política pública a
nivel global en clave de entender los instrumentos y actores que se utilizan
efectivamente en la implementación. La evolución de los marcos de política
pública de seguridad ha ido de la seguridad pública y del Estado a la seguridad
humana pasando por la seguridad ciudadana, se expresa en términos de actores en
el mayor protagonismo de las autoridades locales, de las comunidades,
empresarios, ONG o cuerpos de seguridad privada, en el cambio de la escala
territorial y la evolución de la relación integración social y seguridad en la
esfera de los gobiernos centrales. En relación con los instrumentos de
política, se ha transitado de capacidades monopólicas de gobierno directo de la
policía y la justicia, hacia herramientas de mejora urbanística, participación
comunitaria, gestión de las percepciones ciudadanas y de la integración social.
Los aprendizajes para América Latina del proceso de transición hacia enfoques
de seguridad ciudadana y humana están relacionados con complementar los
esfuerzos de mejora urbanística, civilizar la policía, ampliar la participación
a lo social, de forma que se aborde realmente el cierre de brechas y el combate
al control de la gobernanza local por parte de grupos ilegales.
Palabras Clave: Gestión
Local; Seguridad Ciudadana; Seguridad Humana; Políticas Públicas
Abstract
This
article makes a systematic review of the main changes that have occurred in the
international literature on the design of public policies for the local
management of safety and coexistence, with emphasis on understanding the
differences or possible gaps between the theoretical frameworks declared and
the implementation models. To this end, 64 cases of public policy at the global
level are analyzed in order to understand the
instruments and actors that are effectively used in implementation. The evolution
of policy approaches from public security and the state to human security,
including citizen security, is expressed in terms of actors in the greater role
of local authorities, communities, entrepreneurs, NGOs
and private security forces, in the change of territorial scale and the
evolution of the relationship between social integration and security in the
sphere of central governments. In relation to policy instruments, there has
been a transition from monopolistic capacities of direct governance of the
police and justice to tools for urban improvement, community participation,
management of citizen perceptions and social integration. The lessons learned
for Latin America from the transition process towards citizen and human
security approaches are related to complementing urban improvement efforts,
civilizing the police, expanding participation to the social sphere, so as to truly address the closing of gaps and the fight
against the control of local governance by illegal groups.
Key
words: Local Management; Citizen Security; Human Security; Public Policies
I.
Introducción
Las políticas públicas orientadas a la gestión de la seguridad cobran
mayor relevancia en un ambiente global donde la sensación de inseguridad se
intensifica (Helliwell et
al., 2024). Aunque en regiones del norte global los índices
de criminalidad no han empeorado significativamente, el surgimiento de
discursos político-electorales extremos en relación con la migración (Putnam & Garrett, 2020) y los conflictos de alcance global han incrementado el temor y la
desconfianza generalizada. A esto se suma la inestabilidad económica causada
por el alza de la inflación y los efectos negativos de la pandemia en las
cadenas de suministro y los sistemas productivos.
En este contexto, las políticas de seguridad y convivencia adquieren un
papel cada vez más relevante y de allí surge la necesidad de analizar cómo han
evolucionado estas políticas desde los gobiernos centrales, pero sobre todo
desde la creciente presión por la gestión local de los problemas de seguridad y
convivencia. Comprender esta mayor centralidad de la seguridad y de su
expresión local, permitiría diseñar una nueva generación de intervenciones que
respondan a las dinámicas de una sociedad marcada por el miedo (Bude, 2017).[4]
A lo anterior se suma que los debates de seguridad y convivencia se han
ideologizado de forma creciente. Por un lado del espectro ideológico, aparecen las
posturas con mano dura, demagogia punitiva, restricciones a la movilidad
transfronteriza y confinamiento de la pobreza y, por el otro, se deslegitima y
desfinancia el uso de la fuerza legal y a las burocracias profesionales
asociadas a la seguridad, justicia y la defensa por considerarlos defensores de
intereses elitistas y privilegiados (Antillano, 2012). Pareciera que no hay respuestas de política más allá del extremismo
ideológico.
A las sociedades occidentales que ya tenían preocupación creciente por la
inseguridad se les suma una sensibilidad mayor sobre la migración. En la medida
que se vuelven más diversas se ven enfrentadas al reto de dialogar, reconocerse
e integrarse, es decir, mejorar el capital social (Putnam & Garrett, 2020). Este reto se da en un ambiente polarizado y distorsionado por
estereotipos de amigo-enemigo; es aquí donde se requerirían mejores políticas
públicas de seguridad y convivencia con la participación comunitaria (Skocpol, 2013), y una comprensión más completa del rol de los gobiernos locales en su
gestión.
Las
autoridades locales tienden a estar mejor preparadas para coordinar acciones y
resolver disputas relacionadas con conflictos sociales y políticos específico,
dado su contacto directo con la comunidad y su capacidad para movilizar
recursos de mediación. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que se excedan
en sus atribuciones, especialmente cuando las responsabilidades compartidas con
las autoridades nacionales no están claramente establecidas (Alvarado, 2012).
Existen trabajos de revisión bibliográfica que se preocupan por asuntos
como “Seguridad pública y gobernanza local” (Smith & Jones, 2019), “Seguridad Pública orientada a la comunidad” (Martinez & Lee, 2022) o “Tendencias en gobernanza local y seguridad
pública”, asociados a los arreglos de poder subyacentes al aumento de
protagonismo de la gestión local y comunitaria en asuntos de seguridad, desde
lo politológico y la criminalística.
En la literatura académica, el diseño de políticas públicas de seguridad
y convivencia abarca tres categorías principales: desde la transformación de
cuerpos policiales hacia civiles con objetivos distintos al orden público o
contrainsurgencia (Seguridad del Estado), pasando por la formación de cuerpos
respetuosos de los derechos humanos con participación ciudadana y local
(Seguridad Ciudadana), hasta estrategias recientes de justicia, seguridad y
mejora de vida (Seguridad Humana). Esta evolución conceptual de las políticas
públicas es profunda y requiere revisión.
Es pertinente analizar sistemáticamente la gestión local de seguridad y
convivencia desde las políticas públicas para entender la evolución de dichas
políticas (Anderson, 2018). Estas revisiones revelan
retos clave en los enfoques conceptuales, los actores involucrados y los
instrumentos utilizados, mostrando diferencias entre los objetivos declarados
en las narrativas de política y su implementación real.
Las narrativas políticas a menudo motivan reformas con instrumentos y
actores que no corresponden a los objetivos planteados. Este problema se agrava
cuando las narrativas se polarizan, reflejando sesgos confirmatorios en lugar
de opciones racionales.
La literatura sobre la implementación de políticas públicas de seguridad
ha revelado una brecha recurrente entre los marcos teóricos (enfoques
conceptuales) y las prácticas reales. Estudios como los de Brzoska
(2003), Lester y Stewart (2000), y Bouckaert y Peters (2002) han sentado las bases para analizar esta
discrepancia, destacando cómo factores contextuales y prácticos pueden
modificar significativamente las políticas sobre el terreno. Investigaciones
más recientes, como las de Jackson y Breen (2020), y Sedra (2010; 2016), profundizan en esta problemática, subrayando cómo las teorías críticas
y los enfoques humanitarios pueden encontrar obstáculos en la implementación
debido a inercias burocráticas y limitaciones institucionales.
En el ámbito de la reforma del sector de seguridad (SSR), trabajos como
los de Caparini (2004), Ball (2005), Sedra (2016), Farr (2008) y Wulf (2000) han examinado cómo las teorías de la SSR chocan
con las realidades de los contextos conflictivos y post-conflictivos. Estos
estudios enfatizan la importancia de la cooperación interinstitucional, la
gobernanza democrática y la participación de la sociedad civil, pero también
reconocen las dificultades para lograr estos objetivos en entornos frágiles. Por otro lado, investigaciones como las de la
OCDE (2007; 2017) han proporcionado guías prácticas para la
implementación de la SSR, destacando la necesidad de enfoques flexibles e
iterativos que se adapten a las condiciones locales. Sin
embargo, esta literatura se ocupa poco de estos desfaces en las políticas
públicas de seguridad y convivencia diseñadas e implementadas especialmente en
el nivel local.
Por tanto, el objetivo de este artículo es identificar las diferencias o
posibles desfases entre los marcos teóricos declarados y el modelo de
implementación de un grupo de políticas públicas a través de una revisión
sistemática de literatura que indaga por su abordaje conceptual desde el diseño
y ejecución de las políticas públicas para la gestión local de la seguridad y
la convivencia. Para entender las diferencias entre las perspectivas teóricas
se analizarán los actores, los instrumentos de casos a nivel global elegidos de
forma metódica para una revisión de tendencia de implementación de políticas en
la literatura.
Con el fin de lograr este objetivo se ha realizado un rastreo
bibliográfico que analiza el periodo 1982-2023, utilizando bases de datos como
Google Scholar, ScienceDirect,
and JSTOR. Este artículo realiza una mirada sistemática de literatura
internacional, utilizando una base de datos de Excel para el proceso de
sistematización de los trabajos seleccionados, con el fin de responder a las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la evolución que tiene la literatura en
torno a los enfoques conceptuales (marcos teóricos) que utilizan los programas
y políticas públicas de gestión de la seguridad y convivencia locales?
2. ¿Cuáles son los principales actores e instrumentos
que estos estudios consideran que están en el centro de la intervención pública
estudiada?
II. Metodología
La literatura incorporada a la base de datos de análisis comprende la
búsqueda sistemática de trabajos que desde la perspectiva de la gestión local
reflexionaran sobre lineamientos, políticas o programas para la seguridad y la
convivencia, que hubieran sido publicados entre 1982 y 2023. Una vez se
planteaban las búsquedas se privilegió una mezcla de trabajos de países de la
OCDE que hubieran sido de referencia (especialmente de Estados Unidos y Reino
Unido) y estudios de caso que pudieran mostrar particularidades de países con
sistemas democráticos en transición o sistemas híbridos, con especial atención
en América Latina.
Se utilizó la fecha de 1982 porque coincide con un periodo de
implementación de buena parte de las grandes reformas del estado de carácter
más liberal que cambiaron la concepción de administración pública y rol del
Estado parte del mundo. También porque aparece el trabajo de “Broken Window” de Kelling y Wilson (1982) que significó un hito en la aplicación de los trabajos de Jacobs (1961), Jeffery (1971) y Newman (1973) alrededor de la necesidad de un cambio de enfoque de las políticas de
seguridad y convivencia; trabajo que siguen teniendo impacto en la comprensión
del orden social y el papel del Estado.
La tendencia a desarrollar lineamientos genéricos de seguridad y
convivencia con alcance global o regional por parte de los organismos
multilaterales de crédito y organizaciones internacionales de diseño de
políticas públicas en trabajos como: Ball et al. (2007), Dammert (2007), OCDE (2007), Gómez (2008), England (2009), IIDH (2011), Beliz (2012), ISSAT (2015), Mohor (2017), Chioda (2017), ha sido una línea de trabajo que merece atención
en este artículo, en la medida que establecen factores para el diseño de
políticas y estrategias de gestión.
También se abordan trabajos con una clara intencionalidad de analizar los
problemas de políticas o programas públicos desde la perspectiva de la
seguridad pública o seguridad del Estado (Fuentes, 2003; Antillano, 2012; Kessler, 2012; OCDE, 2007; Robins, 1992; Campbell, 1993; MCconville & Sheperd, 1992), van dado paso a trabajos más centrados en la
seguridad ciudadana.
Seguridad ciudadana combinada con la implementación de medidas en las que
el eje se traslada de la monopolización de los problemas de seguridad y
convivencia en la esfera policial (nacional-federal), hacia una apertura a más actores
y la participación ciudadana creciente.
Allí aparecen textos como: Crawford (1995), Nelken (1985), Currie (1988), Stanko (1995), Pfeiffer et al. (2005), Roché (2002), OCDE (2007), Den Boer (2008), Becerra (2012), Abello & Guarneros-Meza (2014), Weisburd & Telep
(2014), Boessen & Hipp (2018), Blattman et al. (2019) ó Putra
& Salim (2023).
Los trabajos de seguridad humana dan una apertura mayor al alcance de
actores y de objetivos de política asociados a problemáticas de seguridad y
convivencia, la incorporación de las variables de contexto, que parecían no
estar en el centro del debate en la seguridad ciudadana, se convierte en un
nuevo espacio de discusión sobre las causas de los problemas públicos. Trabajos
como: Ball et al. (2007), Faber (2008 en Den Boer, 2008), Terpstra (2008), Roncken (2012), García (2012), Viscardi y Fraiman
(2013), Leibler y Brand (2012), Adel et al. (2016), ISSAT (2015).
Además de las categorías de Seguridad del Pública o del Estado, Seguridad
Ciudadana y Seguridad Humana, se incorpora una cuarta clasificación asociada al
análisis de problemas de seguridad y convivencia implementados en medio de conflictos
armados internos, teniendo como telón la gestión local de la seguridad y la
convivencia. Así mismo, se clasifican los trabajos dependiendo de su pretensión
frente a los programas o políticas, determinando si son: estudio de caso de
seguridad y convivencia, lineamientos de política de seguridad, evaluación de
políticas de seguridad o revisión de tendencias de seguridad.
Este análisis utiliza un libro de excel como
base de datos en el que se sistematizan los siguientes campos para cada
trabajo: base de datos académica utilizada, autores, enfoque de política
(diseño), enfoque aplicado (en evaluaciones de implementación de programas o
políticas), diez actores principales ordenados de más a menos importantes,
instrumentos de política pública, entidad responsable de ejecución, efectividad
percibida (en evaluaciones de caso de programa o política) y teoría de cambio
(variables que se relacionan como dependientes e independientes).
Tabla 1. Número de Artículos y
Capítulos de Libro distribuido por fuentes de consulta
|
No. |
Base de Datos (DB) |
Total por DB |
Total |
|
1 |
Google Scholar |
21 |
51 |
|
2 |
Jstor |
17 |
|
|
3 |
ScienceDirect |
13 |
El reto más grande de este tipo de artículos es seleccionar trabajos
sólidos y variados geográficamente. Para lograr ese propósito se utilizaron los
siguientes criterios para elegir los textos académicos relevantes (artículos,
capítulos de libro o documentos de lineamiento de política), fueron los
siguientes:
1. Trabajos que se refirieran a la escala de actuación
local de la seguridad y convivencia.
2. Trabajos que tuvieran reconocimiento como marcos de
referencia.
3. Trabajos que incorporaran revisiones teóricas para
aplicación de políticas o programas de seguridad y convivencia.
4. Trabajos que tuvieran arbitraje académico.
5. Trabajos que significara enfoque en estudios de caso
ya fuera describiéndolos o evaluándolos, teniendo preferencia por países del
sur global o de democracias en transición.
6. Trabajos en inglés y en español.
7. Trabajos que mencionaran de la forma más explícita
posible los enfoques teóricos definidos en la categorización.
Los conceptos típicos de búsqueda que se usaron traducidos al español
fueron “gestión local de la seguridad”, “gobernanza local de la seguridad”,
“políticas de seguridad local”, “criminalidad local”, “participación ciudadana
en la seguridad”. De estos trabajos
surgen millones de resultados que se fueron filtrando con el uso de las
opciones que Jstor, Science
Direct y Google Scholar proveen para refinar las
búsquedas. A partir de allí, se
priorizaron aquellos a los que se pudiera tener acceso en el marco de convenios
y medios disponibles en la institución. En el caso de trabajos muy
referenciados como libros o capítulos de libro que estuvieran fuera de este
marco de convenios, se utilizaron trabajos de divulgación de los mismos
autores. Una vez aplicados esos filtros se usaron expresiones más complejas de
búsqueda para cada enfoque teórico, tales como:
Tabla 2. Búsquedas más precisas
según enfoque teórico de política pública
Fuente: Elaboración propia autores
Después de aplicar las fases de búsqueda exploratoria en la que se
proponen los grandes temas de gestión local y gobierno de la seguridad local,
se aplican filtros específicos de las bases de datos utilizados como los
ilustrados en la tabla anterior (local government security; Public policy of security;
governance of local security; cases of security; reform of local security; citizenship security; human security; state security).
Ese filtro permite llegar a la segunda fase de acercamiento y exclusión
en la que se aplican los elementos de elegibilidad, hasta lograr una tercera
fase con una lista de elegibles. A
final, y utilizando el análisis de los investigadores para encontrar relevancia
posterior en las conclusiones para América Latina se priorizan algunos casos
sobre otros. A continuación, se describe el proceso que se réplica el esquema
de presentación que usó Putra & Salim (2023) y las revisiones de Anderson (2018):
Ilustración 1. Proceso gráfico de la
revisión sistemática de literatura de políticas de gestión local de la
seguridad
Fuente: Elaboración propia de los autores
La selección de trabajos permitió no solo concentrarse en trabajos
relevantes de la literatura anglosajona en torno al análisis criminalístico,
económico y urbanístico de las políticas públicas, sino también entender como
países de África, Asia y especialmente Sudamérica han diseñado las políticas
para la gestión local de la seguridad y convivencia.
Ilustración 2. Países y regiones con casos de programas, políticas o
lineamientos de seguridad y convivencia analizados
Fuente: Elaboración propia de los autores
III.
Resultados
La evolución de los enfoques teóricos de las políticas públicas de
seguridad y convivencia
Los problemas públicos lo son en función de las interpretaciones que
tienen múltiples actores sobre las situaciones que los generan, las soluciones
y sus preferencias (Birkland, 2018: 10).
De hecho, la definición de los problemas públicos que originan arreglos de
diseño e implementación de políticas públicas surge de la arena política, de
las asimetrías de representación y representatividad de las diferentes voces de
actores, con sus grupos de interés, desde funcionarios públicos de los aparatos
de seguridad y justicia, pasando por líderes políticos, formadores de opinión,
empresas privadas que forman redes de relaciones desiguales (Lindblom, 1991:93).
La construcción de respuestas efectivas en materia de seguridad y
convivencia requiere superar obstáculos comunes, como la delimitación precisa
de los problemas y la diversidad de perspectivas entre los actores involucrados
(Dunn,
2018). Tradicionalmente, la
respuesta a la inseguridad se ha centrado en una visión policial que prioriza
la represión del crimen. Sin embargo, esta perspectiva ha demostrado ser
insuficiente para abordar la complejidad de los conflictos sociales actuales (Terpstra, 2008).
El énfasis en el control estatal y la represión ha limitado la capacidad
de las políticas de seguridad para abordar las causas profundas de la
inseguridad. La participación de actores diversos, más allá del sector
policial, es esencial para desarrollar respuestas integrales que aborden tanto
las manifestaciones visibles como las causas subyacentes de la inseguridad.
Las agendas de seguridad se han expandido para incluir una gama más
amplia de problemas y actores. En lugar de centrarse exclusivamente en
cuestiones como la corrupción y el crimen organizado, las nuevas agendas
reconocen la importancia de factores sociales, económicos y políticos que
contribuyen a la inseguridad. La preocupación por los incentivos al acceso de
jóvenes a las organizaciones criminales que estructuran las expresiones
criminales (Chioda, 2017; Tobón, 2020; Feixa et al., 2023), las condiciones de
inclusión, ordenamiento territorial y valores sociales en procesos de
urbanización desordenados (Leibler & Brand, 2012; Tulumello, 2016; Adel et
al., 2016; Bessen, 2018), o la movilización de intereses ideológicos e identitarios que ponen en
cuestión las instituciones sociales que tramitan dichos conflictos (Barreira et al, 2013; Maynard, 2015; Hierro & Gallego, 2018), son factores que juegan un papel cada vez más central
en la delimitación de los problemas de seguridad, convivencia y justicia.
De hecho, la atención por la gestión local de la seguridad y la
convivencia ha ganado relevancia (Roché, 2002; Terpstra, 2008; Alvarado, 2012; Matsukawa, 2015; Lazzati, 2016; Belaunde, 2016; Tudela, 2023). Acercar las políticas a los ciudadanos, quitar del centro de la
intervención a los cuerpos de policía simétricos, mejorar urbanísticamente los
entornos y racionalizar el uso de los recursos de coerción en equilibrio con la
inclusión social y los recursos de capital social de las comunidades aparecen
como intereses crecientes de diseñadores y practitioners
(ISSAT,
2015) (PNUD, 2018).
Por lo tanto, de una estructuración de problemas de políticas públicas de
seguridad esencialmente centrada en el enfoque de seguridad pública, orientada
por la idea de seguridad del Estado y la regulación institucional a los comportamientos que se alejan de cierta idea de armonía o
transgreden normas o comportamientos socialmente aceptados, se ha ido transitando
hacia una visión más cercana a tramitar conflictos de convivencia y resolver
asuntos socioespaciales específicos. Es decir, se ha ido hacia el enfoque de
seguridad ciudadana como una esfera más amplia de preocupación por la
posibilidad de ejercer los derechos sin restricciones (Vargas et al., 2021) especialmente en el marco de democracias en transición,
procesos de posconflicto, y superación de procesos autoritarios. La seguridad
humana, como el enfoque más reciente, se incorpora como un escalón superior de
la seguridad ciudadana y significa la mejora de las condiciones objetivas del
ejercicio de la ciudadanía y el acceso a bienes públicos que permitan el
desarrollo de proyectos de vida y el progreso social (Andersen-Rodgers & Crawford, 2022).
La seguridad ciudadana es el proceso de establecer,
fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de
violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. (...)
La seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos sino
de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de
la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del
acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en
los valores, el respeto por la ley y la tolerancia. La seguridad ciudadana es
un elemento fundamental de la seguridad humana (PNUD, 2013).
En la medida que se amplifican los actores que participan en las
políticas públicas locales de seguridad y convivencia en medio de los cambios
de enfoque y las demandas sociales, las causas, las consecuencias, también lo
hace la definición conceptual que soporta la comprensión de los problemas de
seguridad. La evolución de teoría de las políticas públicas contribuye a la
inclusión de nuevas demandas sociales de seguridad y convivencia. En la medida
que refleja como la democratización de la deliberación de la política es
necesaria, estimulando que los expertos, los funcionarios y los ciudadanos
interactúen en espacios comunes alrededor de los problemas públicos (Fischer, 2003, p. 205).
Los actores y los enfoques teóricos de las políticas públicas de
seguridad y convivencia
La creciente complejidad de las políticas de seguridad ha llevado a la reconfiguración
y emergencia de redes de actores cada vez más diversas e interconectadas (Jessop, 1999). Estas redes, que incluyen actores estatales y no estatales,
interactúan en torno a problemas específicos y configuran subsistemas de
política pública (Adam & Krieski, 2007). Aunque el análisis de redes de actores y el
análisis de governance (Zurbriggen, 2011) son herramientas útiles para identificar las relaciones entre los
actores, sus niveles de influencia y las dinámicas de poder en estos sistemas,
este artículo no se enfoca en el análisis de dichas relaciones, sino únicamente
en la identificación y jerarquización de los actores. Sin embargo, se reconoce
que estos enfoques proporcionan un marco conceptual valioso para estudiar las
interacciones en las políticas públicas.
El concepto de "policy networks"
(Zurbriggen, 2003) resulta particularmente útil para comprender las
interacciones entre actores públicos, privados y comunitarios en el ámbito de
la seguridad. Al identificar los "policy domains", es decir, los espacios donde se concentran
estos actores se busca comprender la toma de decisiones y su implementación.
Este artículo, tomando como base la idea de jerarquización de Zurbriggen (2011), clasifica e identifica a los diferentes actores que protagonizan las
políticas de gestión de la seguridad y la convivencia, sin analizar las
relaciones entre ellos, pero considerando los postulados que enmarcan su nivel
de influencia.
Además, se interesa por categorizar a los actores desde la perspectiva de
los enfoques teóricos específicos de programas y políticas de seguridad y
convivencia, en el nivel macro, es decir, el de relaciones entre instituciones
entendidas como reglas de juego sociales (Vélez, 2007). Este trabajo no se ocupa del nivel de análisis meso o de relaciones
interorganizacionales y mucho menos por el nivel micro o de relaciones
interpersonales o entre individuos específicos (Vélez, 2007).
De hecho, la hipótesis de base para los actores es que cada enfoque
teórico de política pública de gestión de la seguridad y convivencia tiene una
tendencia clara del tipo de actores que se involucran en su diseño e
implementación. Para comprobarlo se realiza un relevamiento de los principales
tipos de actores identificados en los lineamientos, programas y políticas que
fueron seleccionados, entendiendo como señala Klijn (1998) que, el análisis de redes de gobernanza es un
instrumento para la gestión concreta de los problemas públicos en la medida que
permite entender la jerarquía y los intercambios existentes.
El análisis de los casos lleva a sistematizar cómo ha cambiado la mención
e involucramiento de los actores en la concepción de la gestión local de las
políticas públicas de seguridad y convivencia. Para ello, las 51 fuentes y los
64 casos analizados (Estudio de Caso de Seguridad, Lineamientos de programas o
políticas públicas de seguridad y convivencia, Evaluación de programas o
políticas de Seguridad y Convivencia o Revisión de tendencias de intervenciones
de seguridad local) fueron clasificados por enfoque (Seguridad del
Estado-Pública, Seguridad Ciudadana y Seguridad Humana) y se determinaron los
actores más importantes de la siguiente lista adaptando la estructuración de
actores de Knoepfel et al. (2007) y Zurbriggen (2011):
Tabla 3. Actores identificados en el diseño o implementación de
programas o políticas de seguridad y convivencia
Fuente: Elaboración propia autores (Centro de Valor
Público – Universidad EAFIT) con base en Knoepfel et
al. (2007) y Zurbriggen (2011)
De cada política que se verificó, se seleccionaron un máximo de 10
actores mencionados en el diseño, implementación o evaluación de los resultados
o impacto. De allí se estableció una
bonificación por la posición del actor, desde los actores más importantes hasta
el más marginal, con el fin de construir una jerarquía que permitiera entender
su relevancia. Los actores no mencionados se consideraron menos relevantes. Las
bonificaciones para identificar la posición de centralidad o marginalidad de
los actores que se usaron fueron las siguientes:
Tabla 4. Calificación de los
actores identificados en los casos de programas o políticas de seguridad y
convivencia
Fuente: Elaboración propia autores del Centro de Valor Público
La sistematización de los actores con esta metodología permitió encontrar
2 grupos de hallazgos con respecto a los actores. Primero, la centralidad
creciente de la acción colectiva y las autoridades de seguridad local en los
trabajos de seguridad ciudadana y de los actores de políticas de equidad
nacionales en seguridad humana. Y segundo el desalineamiento entre el enfoque
declarado como enfoque teórico de política y el enfoque que se podría asignar
al tipo de implementación real.
Del monopolio nacional-federal de la policía, a la ciudadanía y de vuelta
a los diseñadores de política social nacional
Con respecto a la posición de cada categoría de actores, con relación al
enfoque conceptual declarado, los resultados del análisis reflejaron que existe
una tendencia en los trabajos analizados de Seguridad Pública (que suelen no
declarar su enfoque) a concentrar la acción del diseño e implementación en “Autoridades
Civiles y Militares Nacionales” y en las “Expresiones criminales o
contravencionales” que son los grupos de actores que lidera la calificación de
los casos. Del mismo modo, el grupo de políticas con enfoque conceptual de
Seguridad Pública y del Estado, es el grupo que menos involucra a la “Sociedad
civil y el mercado local”, a las “Autoridades civiles locales” y a las “Organizaciones
internacionales y a los tanques de pensamiento” (Véase Gráfico 1).
Gráfico 1. Principales
tipos de actores de programas y políticas públicas de gestión de la seguridad y
la convivencia clasificados por Enfoque Teórico de Política
Fuente: Elaboración propia autores (Centro de Valor Público – Universidad
EAFIT)
En las políticas con enfoque conceptual de seguridad pública o del Estado
se privilegió la construcción de un orden nacional monopólico, menos ajustado a
las realidades locales de seguridad y convivencia. Se favorecieron burocracias
profesionales nacionales o regionales para el diseño y ejecución de políticas,
con mínima interacción con tanques de pensamiento o acceso a datos. Su enfoque
es más reactivo frente a amenazas visibles y existenciales, con mucha menos
atención a las “víctimas de los conflictos o expresiones criminales”.
En contraste, las políticas de seguridad ciudadana involucran autoridades
civiles locales, tanques de pensamiento, organizaciones comunitarias, sociedad
civil y actores del mercado (acción colectiva). Se nota
en el tránsito de enfoques de seguridad pública a seguridad ciudadana un claro
esfuerzo por el uso de diseños e instrumentos de política que asocian a las
comunidades con los gobiernos locales y el conocimiento experto de
intervenciones específicas para programas y políticas de convivencia y
seguridad. Aparece de forma clara la preocupación por la corresponsabilidad de
las comunidades y su movilización por y para la convivencia y la seguridad
centrada en la prevención del delito y tramitación de los sentimientos de miedo
y amenaza asociados a la percepción de inseguridad.
En este enfoque se asocian comunidades con gobiernos locales y
conocimiento experto para diseñar políticas de convivencia y seguridad,
promoviendo corresponsabilidad comunitaria y prevención del delito, así como, el
miedo y la percepción de inseguridad. Aunque estas políticas consideran la
delincuencia, se enfocan en prevenir el acceso de jóvenes a contextos
criminales y en evitar la reincidencia. También se priorizan actores legales de
la sociedad civil en los territorios intervenidos, mientras que organizaciones
criminales quedan fuera de diálogos o mediación, reforzando un marco de
gobernanza colaborativa.
Tabla 5. Categorías de los actores identificados en los programas y
políticas analizados por calificación
Fuente: Elaboración propia autores (Centro de Valor
Público – Universidad EAFIT)
Las políticas con enfoque de seguridad humana tienen como actor
determinante a las víctimas (de transgresiones a los derechos humanos, de
desigualdades estructurales y más marginalmente de la delincuencia cuando esta
se relaciona con las anteriores). Además, tiene una particularidad y es que los
gobiernos nacionales ganan protagonismo frente a los gobiernos locales, dado
que, se presentan medidas que se ocupan de los desequilibrios sociales
estructurales que están asociados al origen de expresiones de criminalidad o
comportamientos contravencionales.
En entornos locales, las políticas basadas en enfoques de seguridad
humana son menos protagonizadas por la sociedad civil que las de seguridad
ciudadana, pero más que las de seguridad pública o del Estado. Estas políticas,
influenciadas por gobiernos y organizaciones extranjeras, surgen de procesos de
transferencia y veeduría en posconflictos o transiciones democráticas. Se
centran en causas estructurales, combinando componentes locales (convivencia y
resolución de conflictos) con políticas nacionales para cerrar brechas y
aumentar el gasto, más que en abordar directamente la criminalidad.
El desacople entre los enfoques conceptuales anunciados en las políticas
y programas y los enfoques aplicados en la ejecución
De los estudios de caso o evaluaciones de programas analizados en este
trabajo, el 31,8% tenían diferencias significativas entre los enfoques teóricos
declarados en el diseño y los enfoques conceptuales en los que dichos programas
y políticas podrían enmarcarse en la práctica.
¿De qué depende este desacople? En este artículo la brecha se determina
por: [1] el actor que se pone en el centro del diseño o acción de la política,
[2] por la redistribución de las condiciones de poder entre los actores, ó [3] por el tipo de instrumentos utilizados. A continuación,
se hace un análisis de cómo entender esa brecha entre el enfoque declarado y el
enfoque práctico:
Tabla 6. Diferencias que permiten
identificar el enfoque declarado de las políticas del enfoque práctico
Fuente: Elaboración propia autores (Centro de Valor Público – Universidad
EAFIT)
La mayoría de los trabajos que desarrollan lineamientos de política o
realizan descripciones o evaluaciones de los programas o políticas de seguridad
y convivencia local expresan claramente el enfoque teórico. Sin embargo, una
parte de ellos resulta de la expresión de problema público o de prioridad de
relaciones de poder protegidas. Es
decir, existen programas que discursivamente se presentan como de seguridad
ciudadana, pero que en términos de ejecución son respuestas simbólicas a retos
de seguridad del Estado, por tanto, se hizo un análisis tanto del enfoque
declarado como del enfoque práctico.
El camino entre el diseño y la ejecución de políticas públicas es siempre
pedregoso, y surge de la tensión entre ambigüedad y conflictividad, así como,
del origen del diseño de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo (Matland, 1995)[5].
Fischer (2003) recuerda la importancia de
los enfoques teóricos (de las ideas) y no solo del comportamiento individual o
del debate, señala la importancia de delimitar los alcances conceptuales no
solo en el diseño, sino también en los discursos de implementación. Birkland (2011, p.295) sistematiza las causas más frecuentes de los fallos en la
implementación, y que para este artículo están relacionados con el desacople
entre el sistema de ideas, instrumentos y actores previstos y los que realmente
terminan teniendo protagonismo.
Ya refiriéndonos a las políticas de seguridad, Andersen-Rodgers y Crawford (2022) señala la necesidad de encuadrar los límites de
los enfoques teóricos de la seguridad, en especial para la seguridad humana,
que al ser el enfoque conceptual más novedoso, es fundamental diferenciarlo de
seguridad nacional y seguridad global, y ponerlo en contexto cuando cambia de
escala territorial en la aplicación a programas y políticas públicas. Este
hallazgo es un aprendizaje esencial para los países de Centro y Sur América que
viven procesos de transición democrática mientras que lidian con fenómenos de
posconflicto, migración masiva, empeoramiento de la distribución del ingreso o
la agudización de las mafias transnacionales. En la medida que el alcance
declarado más allá de las capacidades reales de implementación puede llevar a
frustraciones con los resultados que ponen en peligro la sostenibilidad de los
programas y políticas de gestión local de la seguridad y convivencia.
La evolución de los instrumentos en las políticas públicas de seguridad y
convivencia
Los instrumentos de las políticas analizadas permiten rastrear las
diferencias entre el diseño y la implementación. Pero también son una manera de
entender las relaciones entre el Estado, el mercado y las comunidades, así como
de entender los cambios de nivel de implementación entre lo nacional y lo local,
dado que el objetivo de este trabajo es: entender como la literatura
internacional ha abordado la gestión local de la seguridad y la convivencia y
extraer de allí aprendizajes para América Latina.
En el análisis de los casos y evaluaciones de política incluidos en este
trabajo, se identificaron 224 instrumentos que se sintetizan en 31 tipos de
instrumentos típicos de políticas y programas de seguridad. A continuación, se
presentan estos 31 instrumentos normalizados y presentados por: clase, por
enfoque conceptual y por la frecuencia con la que se utilizan en los programas
o políticas analizados:
Tabla 7. Instrumentos de política clasificados por enfoque conceptual
Fuente: Elaboración propia autores (Centro de Valor Público – Universidad
EAFIT)
Con el fin de mejorar la comprensión de este universo de instrumentos, se
sintetizaron en 8 grandes categorías inspiradas en la clasificación de
instrumentos de gobierno de Salamon (2002) y adaptadas a la realidad de las políticas
públicas y programas de gestión de la seguridad y convivencia ciudadana que
involucra a gobiernos locales. Del texto
de Salamon (2002), surgen categorías típicas de gobierno directo como: Gobierno Directo,
Control social, Contratación, Regulación Económica y Articulación Público
Privada. Además, se complementa con los instrumentos de la gestión de las
políticas y programas de seguridad y convivencia que se han dado en el tránsito
enfoques de seguridad pública-del Estado, a seguridad ciudadana y de allí a
seguridad humana (Tecnología, información, gobernanza o justicia cercana). A continuación, se presentan los instrumentos
clasificados únicamente por las clases de instrumentos usados en la
implementación.
Tabla 8. Instrumentos de política
clasificados por clases
Fuente: Elaboración propia autores (Centro de Valor Público – Universidad
EAFIT)
Los instrumentos que con más frecuencia aparecen mencionados en el
proceso de diseño e implementación de políticas y programas de seguridad con
enfoque conceptual de seguridad pública o del Estado son los referidos a
“Gobierno Directo Nacional o Federal” (Robins, 1992; Campbell, 1993; MCconville & Sheperd, 1992; Fuentes, 2003; OCDE, 2007; Kessler, 2012; Antillano, 2012; InterCrisisGroup, 2023b).
Aparecen también instrumentos de “Gobernanza de la seguridad” y de “Inclusión
social y urbanismo” de forma más marginal. Pareciera paradójico que en
programas y políticas que están asociados a enfoques de seguridad pública
aparezcan este tipo de instrumentos, sin embargo, surge la hipótesis con la
lectura de los textos que esto sucede porque son programas o políticas de
gestión de la seguridad y la convivencia que se dan en contextos
internacionales y nacionales con importantes brechas de bienestar, además de
las necesidades de fortalecimiento del Estado.
Con respecto a los programas y políticas con enfoque se seguridad
ciudadana, los instrumentos se concentran más en mecanismos de “Gobernanza de
la seguridad”, con toda suerte de arreglos público, privado, comunitarios para
la coordinación de intereses de supervisión y participación ciudadana,
incluyendo medidas de control social (Currie, 1988; Fleming, 2005; Roché, 2002; OCDE, 2007; Becerra, 2012; Weisburd & Telep, 2014; Galvani, 2015; Lazzati, 2016; Belaunde, 2016; Arisukwu et al, 2020; InterCrisisGroup, 2023a). De hecho, la tercera parte de los instrumentos que se utilizan en este
tipo de programas y políticas son de esta índole.
A ello se suma el fortalecimiento de la “Gestión de los gobiernos locales”
que se convierten en actores centrales en acciones relacionadas con
mejoramiento tecnológico (patrullas, cámaras, redes de comunicaciones), del
mismo modo, el fortalecimiento de las capacidades de cuerpos de policía y
funcionarios locales es otra categoría frecuente. Los instrumentos como “Información
pública” o “Mejoramiento del urbanismo” que no están en esta clase de “Gobernanza
de la seguridad” son operados en buena parte de los casos por entidades
locales.
Es así como la mitad de los instrumentos mencionados en el diseño e
implementación con enfoque de seguridad ciudadana, están agrupados en dos
clases “Gobernanza de la seguridad” y “Gestión de los gobiernos locales”,
profundamente relacionadas con los gobiernos locales. Los instrumentos de gobierno directo nacional
siguen teniendo la relevancia lógica de las funciones de seguridad y
convivencia, pero en una proporción mucho menor que las relacionadas con los
enfoques conceptuales de seguridad pública o del Estado.
Los instrumentos de “Información pública” se vuelven relevantes, junto
con los de “Justicia cercana al ciudadano” que ganan protagonismo en la medida
que se vuelve más importante el control social al comportamiento de las fuerzas
y cuerpos de seguridad estatal, y en la medida a que los arreglos de “Gobernanza
de la seguridad” y las intervenciones novedosas frente a un abanico de derechos
mayores, exige espacios para la mediación y la tramitación de conflictos que
sean alternativos al punitivismo tradicional de los
gobiernos que pretenden un monopolio de la seguridad y la convivencia en la
policía y la justicia tradicionales.
Los esfuerzos por ampliar la seguridad humana se han enfocado en estudios
de seguridad global y relaciones internacionales (Liotta & Owen, 2006). Este enfoque global y nacional complica la
implementación local (Fukuda-Parr
& Messineo, 2012). Además, expandir los objetivos hacia derechos
humanos (Gasper,
2010) y derecho internacional
humanitario (Andersen-Rodgers
& Crawford, 2022) supera el alcance presupuestal de la mayoría de
gobiernos locales.
En políticas de seguridad y convivencia con enfoque de seguridad humana,
predominan los “Instrumentos de inclusión social y urbanismo” y “Gobierno
Directo Nacional-Federal”. Aunque los instrumentos de “gobernanza de la
seguridad” son menos frecuentes, se mantienen, y los de “justicia cercana al
ciudadano” tienen la mayor frecuencia en este enfoque. Estas diferencias
permiten a los diseñadores de políticas entender marcos típicos en función de
capacidades institucionales y prever obstáculos específicos, no solo de forma
general como Birkland (2011, p.295), sino para programas locales de seguridad y
convivencia en América Latina.
IV. Discusión de los resultados
Los resultados de este artículo reflejan la tendencia de los programas o
políticas con enfoque conceptual (marcos teóricos) de seguridad pública o del
Estado a tener protagonismo de los gobiernos centrales que utilizan gobierno
directo para mantener un orden monopólico (Fuentes, 2003) (Kessler, 2012). Del mismo modo, enfoques de
seguridad ciudadana liderados esencialmente por autoridades locales y
organizaciones ciudadanas estimulan el uso de instrumentos de gobernanza de la
seguridad y gobierno directo local (Nelken, 1985). Así mismo, enfoques teóricos de seguridad humana los gobiernos
nacionales y la sociedad civil y el mercado, estimulan el retorno de
instrumentos de gobierno directo nacional para el desarrollo de programas y
políticas centradas en el cierre de brechas, asociadas a instrumentos de
justicia cercana al ciudadano (que por su escala requieren recursos que suelen
estar en los gobiernos centrales); sin olvidar el involucramiento social local
pero no con la intensidad de los enfoques de seguridad ciudadana (Terpstra, 2008).
Una metáfora plausible para resumir este trabajo es que hemos pasado de reparar
la ventana rota, a involucrar a la comunidad y de allí a abordar las
inequidades. De los procesos de
democratización de las autoridades de justicia y seguridad que se abrieron paso
por todo el mundo, de la mano del consenso de Washington, vinieron reformas de Seguridad
Ciudadana (Putra & Salim, 2023). La idea del involucramiento ciudadano, la corresponsabilidad y la
hegemonía discursiva de las ideas de “reparar la ventana rota” permitió el
surgimiento de actores e instrumentos inéditos (Kelling & Wilson, 1982), algunos existentes (Matsukawa, 2018) y algunos nuevos (Fleming, 2005), para
gestionar la seguridad y la convivencia.
Los cuerpos de seguridad y justicia se “civilizan” (Becerra, 2012) (García, 2012) (Viscardi
& Fraiman, 2013) (ISSAT, 2015) y los gobiernos locales en asocio con las
comunidades toman la posta de las políticas de “Ley y Orden” (Galvani, 2015) (Lazzati, 2016).
Estas políticas que se dieron con diferentes grados de brutalidad e
insensibilidad dependiendo de la fortaleza de la democracia en cada lugar del
mundo, se producen al compás de procesos acelerados de urbanización (Adel et al., 2016) o de deterioro urbano (Antillano, 2012). Los barrios segregados en Chicago, San Francisco,
Los Ángeles o New York (Lazzati, 2016),
el crecimiento de las megaciudades latinoamericanas en medio de regímenes
autoritarios, las ciudades dormitorio del Gran Paris sin solución de
integración racial o los suburbios obreros de las ciudades británicas
desindustrializadas, fueron semillero para plantar estas ideas, que parecen
estar de regreso.
El reemplazo de las ideas de mano dura de la seguridad pública por las políticas
enfocadas en seguridad ciudadana (Dammert, 2007) (Gómez, 2008), ha sido un cambio global,
que ha definido su ritmo en función de la fortaleza institucional. Las ciudades
y regiones con sus comunidades recibieron el peso de la corresponsabilidad por
la seguridad y la convivencia (MCconville
& Sheperd, 1992). La eclosión de las estrategias urbanísticas (Putra & Salim, 2023), de policía de cercanía (PONAL, 2008) (PONAL, 2021) (Weisburd & Telep, 2014) y activismo comunitario se convirtieron en el nuevo estándar de las
políticas de seguridad y convivencia (Nelken, 1985). La búsqueda de un orden local encuentra en el diseño de programas y
políticas públicas de gestión local (England, 2009) (PNUD, 2018) (Tudela, 2023) una nueva estrella para el interés público (Mohor, 2017) y electoral (Belaunde, 2016).
Lo que se gana en recursos, diversidad y creatividad (Roché, 2002), se pierde por la dispersión. La emergencia de
estrategias de mejoramiento urbanístico significó una evolución socioespacial
indiscutible (Newman, 1973) (Tulumello, 2016) (Boessen & Hipp, 2018) que cambia la idea del espacio de lo público (Colomer, 2016) (Leibler & Brand, 2012) y el ejercicio de la ciudadanía (Crawford, 1995) (Adel et al., 2016), sin embargo, estas estrategias encuentran sus límites en la profundidad
de la exclusión y la capacidad de movilización comunitaria genuina (Gans, 1982) más allá del miedo a la inseguridad. En ocasiones
surgen las brechas entre anuncios de políticas con inspiración ciudadana o
humana las acciones concretas de implementación que en el fondo impulsan
agendas ideológicas para fortalecer el clientelismo o la seguridad del Estado (Roncken, 2012) (Antillano, 2012).
La seguridad ciudadana, y sus instrumentos de gobernanza y movilización
social (Currie, 1988) (Gallego et al., 2018), con el tiempo muestran que las brechas
socioespaciales estructurales siguen intactas (Beliz, 2012). A ello se suma el desgaste que significa
movilizar a la comunidad desde la preocupación o el miedo por el otro (Ardanaz et al., 2014) y su propio entorno. Además
surgen preocupaciones exacerbadas por el grado de inseguridad percibida frente
a la frecuencia, impacto y severidad de los delitos y contravenciones que
realmente ocurren (Ardanaz et
al., 2014). Las sociedades insatisfechas por las crisis
económicas sucesivas quedan segadas por la expectativa de una especie de
paraíso perdido de armonía (carente de todo conflicto) (Yang & Baek,
2022), que se expresa en lo
electoral como demagogia punitiva (Pfeiffer et al., 2005), xenofobia o nacionalismo desbordado.
De hecho, la movilización social alrededor de la convivencia, pero sobre
todo de la preocupación de la seguridad tiene varios posibles efectos negativos
como exacerbar lo identitario con riesgo de la exclusión, el rechazo a lo
desconocido como el mecanismo más simple para alejarse de las amenazas que se
asocian con la diferencia (Robins, 1992; Campbell, 1993). A ello se suma que la
indefinición de la responsabilidad por controlar las expresiones criminales o abordar
los problemas de convivencia, o la falta de capacidad de los organismos
formales de seguridad y justicia (Beliz, 2012) (Arisukwu et
al., 2020) genere el espacio y la tentación para que
organizaciones privadas e informales (inspiradas algunas en lo
identitario-nacional) ejerzan el poder y hagan gravitar el orden alrededor de
su poder el orden local.
La irrupción de la seguridad humana bebe de estas fuentes, pero nace
desde lo internacional (IIDH, 2011) (Maynard, 2015), desde las relaciones
entre naciones (Hierro & Gallego, 2018) y la búsqueda por un nuevo estadio de civilización de las
conflictividades globales (Den Boer, 2008) o de procesos nacionales de posconflicto (Faber, 2008 en Den Boer, 2008) (OCDE, 2007) (InterCrisisGroup, 2023b). Las políticas de seguridad
humana encuentran su escala de actuación en otro lugar, en lo nacional, ya no
esencialmente en lo local como lo fue la seguridad ciudadana. La necesidad de
cerrar las brechas de bienestar (Chioda, 2017), lograr la integración (Anten, 2008)
y dar respuestas más contundentes a la inseguridad (InterCrisisGroup, 2023a) y la injusticia (Dobles, 2013), son asuntos que superan las capacidades y
competencias de gran parte de gobiernos y comunidades locales.
Las crisis económicas de la globalización ponen en los gobiernos
nacionales la demanda de resolver brechas sociales profundizadas en la pandemia.
Esto cambia las prioridades en el destino de los recursos y los instrumentos de
gobierno. Las políticas y programas de seguridad y convivencia con énfasis en
los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (Ball et al., 2007) y la reivindicación de colectivos históricamente
discriminados (Mujeres (Stanko, 1995), diversidades, minorías étnicas, migrantes y refugiados), se concentran
en intervenciones más amplias y profundas en lo socio-territorial, sin perder la
capacidad de participación y control sociales, así como la preocupación amplia
por la justicia en lo nacional y en lo cercano al ciudadano (OPEN SF, 2018).
En este contexto, se produce un cambio de enfoque discursivo, de actores
e instrumentos, se generan un espacio inédito para la competencia de las
autoridades y comunidades con las estructuras delincuenciales (en cuanto
actores políticos), por el control territorial y la regulación de la vida
social, y por tanto un ambiente particular para el diseño e implementación de
programas y políticas de seguridad y convivencia. Civilizar el uso de la
violencia del Estado, reparar la ventana rota, reunir a los ciudadanos con la
policía y los gobiernos locales no es suficiente, sin profesionalizar las
capacidades coercitivas, superar la corrupción y la desconfianza social en los
cuerpos de seguridad y justicia y sin cerrar las brechas de bienestar y
oportunidades.
V. Bibliografía