GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N°8                                                          

(JULIO-DICIEMBRE) (85-95) -2024

ISSN 2375-7074 ON-LINE

DOI https://doi.org/10.29393/GP8-7PMDN20007

 

Inclusión de personas mayores en las políticas públicas.

Los desafíos de la transformación demográfica en Colombia y Chile

Trends towards the inclusion of the elderly in public policies. The challenges of demographic transformation in Colombia and Chile.

 

Nicole Elizondo Orellana[1]

 Diana Avellaneda Rodríguez[2]

Resumen

En Chile y Colombia se plantea un envejecimiento significativo, fenómeno que impacta las proyecciones sociales y económicas de los países y sitúa retos importantes para la atención a la población adulta mayor. Bajo este marco, el presente artículo se hace un breve panorama sobre las proyecciones de crecimiento de la población para identificar el estado actual en materia de política pública y los retos de este cambio demográfico y presentar las implicaciones de los desafíos de los países de estudio para la atención a personas mayores.

Palabras Claves: Envejecimiento, tecnología, cuidado, política pública, desafío, medio ambiente

Abstract

In Chile and Colombia, there is significant aging, a phenomenon that impacts the social and economic projections of the countries and sets important challenges for the care of the elderly population. According to this, this article presents a brief overview of population growth projections to identify the current state of public policy and the challenges of this demographic change and to present the implications for these two countries in order to attend older people.

Keywords: Aging, technology, care, public policy, challenge, environment

I.              Introducción 

Este artículo analiza las implicaciones de los desafíos que enfrentan las personas mayores en términos de políticas públicas, integrando un análisis comparado sobre la institucionalidad de políticas públicas y desafíos para las personas mayores en Chile y Colombia. La base empírica de este análisis es una investigación que realizará una revisión de literatura y actualización de evidencia científica disponible a través de fuentes secundarias (revistas, libros en la materia, base de datos de organismos públicos, entre otros). Adicionalmente se realizará una búsqueda de literatura gris (como instructivos ministeriales, documentos técnicos) elaborados en Chile y Colombia.

Este texto presenta los principales antecedentes y caracterización del proceso de envejecimiento poblacional en Chile y Colombia bajo los principales indicadores demográficos, expone las políticas públicas vigentes enfocadas hacia las personas mayores en Chile y Colombia, profundizando en el estado actual y las proyecciones en la materia, se analizan los desafíos de la transición demográfica describiendo algunas proyecciones en materia social e institucional y, finalmente, se realizan conclusiones identificando las limitaciones, desafíos e implicaciones de las transformaciones sociodemográficas de los países en estudio.

La transición demográfica indica la tendencia hacia el envejecimiento de las sociedades. Por ejemplo, según el índice de envejecimiento a nivel global, para el año 2050, una de cada seis personas tendrá 65 años o más (Naciones Unidas, 2020). Estos cambios demográficos se unen a las modificaciones en la composición de las familias, el aumento de la esperanza de vida, los cambios laborales y la migración, los procesos de urbanización en las ciudades, entre otras (CEPAL, 2022; Turra & Fernandes, 2021; Mason, 2007). 

El proceso en América Latina y el Caribe ha sido más lento y heterogéneo (Naciones Unidas, 2017; INE, 2022). Sin embargo, los dos países a analizar en este documento, Chile y Colombia, se encuentran en una etapa avanzada y moderadamente avanzada de envejecimiento (Wong & Palloni, 2009). Para 2021, la población mayor de 60 años es 19,6% y 13,5%, respectivamente (Organización Mundial de la Salud). Sin embargo, para 2030 se espera un incremento que llega al 28.4% en Chile y al 20% en Colombia (INE, 2022; DANE, 2023).

En este nuevo contexto, las políticas públicas resultan clave para enfrentar los retos y desafíos de las transformaciones demográficas (CEPAL, 2022). No solo se vislumbran presiones hacia los sistemas de protección social sino también sobre la demanda por articular sistemas de cuidados, servicios de salud y bienestar, adaptabilidad de las ciudades y la tecnología, entre otros (Huenchuan, 2018). 

 

II.            Desarrollo

Antecedentes de los cambios en la población de Chile y Colombia 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el grupo etario de “60 años y más” corresponden a 3.472.000 personas representando el 18,1% de la población total del país según las estimaciones al 2022 (INE, 2018), cifra que se estima aumentaría al doble hacia el 2050, es decir, al 32,1% (INE, 2018).

En tanto en Colombia, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la población mayor de 60 años la conforman 7.107.914, que representa el 13.9% del país. De estas, el 44.9% son hombres y el 55.1% son mujeres. De esta población, el 77.3% reside en zonas urbanas mientras que solo el 22.7% reside en centros rurales, siendo Bogotá, D.C. y los departamentos de Valle, Antioquia, Santander y Nariño donde más se concentran. Las estadísticas señalan que el índice de envejecimiento ha incrementado en un 22.4%; se proyecta que para el 2050 la expectativa de vida será de 76 años en hombres y 82 años en mujeres.

Para Chile y Colombia se proyecta un cambio de la proporción etaria entre 2000 y 2050.  Así, el envejecimiento poblacional en Chile y Colombia mantiene la tendencia observada en la tabla N°1.   Tanto Chile como Colombia   experimentarán un envejecimiento progresivo de la población pasando de 7.6% a 24.8% en el primero, y de 5.2% a 21% en el segundo, es decir, un aumento proyectado en 50 años de 17.2% y 15.8% respectivamente. Esto se compensa con el cambio que ocurre en la población menor de 14 años, que disminuirá desde 27.3% a 14.3% en Chile, y desde 32.6% a 15.1% en Colombia en el mismo período de tiempo.

Tabla 1: Proyecciones poblaciones de Chile y Colombia

País

Porcentaje 65+ (2000)

Porcentaje 65+ (2050)

Porcentaje menores 14 (2000)

Porcentaje menores 14 (2050)

Chile

7.6

24.8

27.3

14.3

Colombia

5.2

21

32.6

15.1

Fuente: Observatorio de Envejecimiento UC, 2021 

Dadas las proyecciones, las políticas públicas paulatinamente han incorporado a su agenda e institucionalidad diversos instrumentos y medidas para incluir a las personas mayores en el marco de lo recomendado por diversos instrumentos internacionales en consonancia con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile en el año 2017 y por Colombia en 2022. 

Colombia cuenta con la Ley 1251 de 2008, que establece normas para procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores. Esta ley ha permitido importantes avances en la garantía, promoción y protección de los derechos de las personas mayores, pero en términos normativos y prácticos aún hay desafíos.

Si bien la legislación colombiana salvaguarda de manera especial los derechos de las personas mayores, es importante fortalecer el seguimiento y monitoreo de cumplimiento de estos derechos desde el Estado.

Desde el ámbito de la legislación, Chile destaca con la reciente aprobación por el Senado del proyecto de ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Boletín N°13822-07).  Proyecto que contempla la generación de políticas, programas y el reconocimiento a los Consejos Asesores Regionales de Mayores, además del robustecimiento de la institucionalidad que, entre otras medidas, incluye la facultad de denunciar la vulneración de derechos de las personas mayores. 

Respecto a la protección social, el país ha desplegado la oferta programática principalmente a través de la creación del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) en el 2002 bajo la ley N°19.828, creando programas y planes con las necesidades sociales y económicas de las personas mayores. Las líneas orientativas a largo plazo se encuentran establecidos bajo la Política Integral de Envejecimiento Positivo en Chile 2012-2024. En términos generales, la oferta programática se encuentra orientada fundamentalmente a los cuidados y bienestar, seguridad y protección social. Destacan al menos 13 programas, planes y/o fondos en la oferta programática del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

En materia de seguridad social, en el año 2022 se inicia la entrega de la llamada Pensión Garantizada Universal (PGU), que consta del pago mensual para personas mayores de 65 años que se encuentren pensionadas o trabajando, y que no se encuentren en el tramo del 10% de ingresos altos según el Registro Social de Hogares. 

Colombia destaca como “el país con más medidas relacionadas al cambio poblacional” (Observatorio Envejecimiento UC, 2021, p.6). En 2022 fue adoptada la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, creada para garantizar condiciones dignas y necesarias para un envejecimiento y vejez digna con igualdad, equidad y sin discriminación. De esta, se desprende el Plan Nacional de Acción Intersectorial y el nacimiento del Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez. La implementación de esta política es competencia del Ministerio de Salud y Protección Social, que lidera las acciones de protección y garantía de derechos a los adultos mayores.

A esta política la antecede el programa Colombia Mayor, que buscó garantizar y aumentar la protección a los adultos mayores por medio de transferencias monetarias condicionadas para quienes se encuentren en condición de pobreza o no cuenten con pensión.

Uno de los frentes de inclusión de adultos mayores que más se ha buscado fortalecer es el educativo, donde el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lidera las acciones de educación especialmente en modalidad virtual. De igual forma, universidades privadas han empezado a desarrollar programas de educación no formal destinados a esta población para compartir experiencias de vida, actualizar conocimiento, generar redes de apoyo y de solidaridad, descubrir y potenciar sus habilidades, estudiar un nuevo campo de conocimiento o profundizar en otro, reconociendo su experiencia y conocimiento.

A nivel local, Bogotá es el ente territorial con más programas y avances para el adulto mayor donde destacan los centros Día y Noche de la Secretaría de Integración Social, las caminatas ecológicas de la Secretaría de Ambiente, el programa de actividad física y las casas de igualdad de la Secretaría de la Mujer.

Además de las acciones emprendidas a nivel gubernamental, es importante resaltar los programas que han sido impulsados por el sector privado y las universidades. Los fondos privados de pensiones han desarrollado programas de deporte, acompañamiento al tránsito del trabajo a la jubilación, así como estudios e investigaciones para fortalecer el conocimiento y diagnóstico de esta población. Esto ha estado de la mano, por otro lado, de las iniciativas que han surgido en las universidades, centradas principalmente en investigación, estudios, monitoreo y creación de programas de emprendimiento, aspecto que, como se mencionó anteriormente, debería ser fortalecido a nivel estatal.

En cuanto a la seguridad social, actualmente tanto Chile como Colombia tienen una edad mínima de jubilación de 60 años (mujeres) y 65 años (hombres) para el caso de Chile (Decreto Ley 3.500) y de 57 años (mujeres) y 62 años (hombres) en Colombia (Ley 100/93), aspecto que ha sido ampliamente debatido por los últimos gobiernos y en el que el gobierno de Gustavo Petro plantea una gran reforma.

En Chile, el sistema de pensiones ha sido objeto de debate en los últimos años debido a los bajos niveles de ahorro de las cuentas de capitalización individual y los costos administrativos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).  Dado lo anterior, cuando los jubilados no alcanzan a cubrir con sus propios fondos la pensión mínima vigente, es el Estado el que se compromete a financiar la parte restante (Superintendencia de Pensiones, 2023). 

A partir del año 2022, se implementó la Pensión Garantizada Universal (PGU) como sustituto del "Pilar Solidario”, en materia de seguridad social. Esta pensión mensual se otorga a personas mayores de 65 años que estén pensionadas o trabajando y que no se encuentren en el tramo del 10% más alto según el Registro Social de Hogares. De esta manera, se busca brindar una mayor protección a los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Solo a modo de ejemplificar, a junio del 2022, los reportes de Informe Estadístico Mensual de la Pensión Garantizada Universal y del Pilar Solidario realizado por la Subsecretaría de Previsión Social (2023) dan cuenta que 1.977.784 personas que recibieron el pago de algún beneficio en materia de pensiones por parte del Estado, el 86,1% (1.703.412) correspondió a pagos por Vejez y el 13,9% (274.372) por Invalidez. El 60,2% (1.190.768) de los beneficios fueron pagados a mujeres y el 39,8% (787.016) a hombres (Subsecretaría de Previsión Social, 2023).  

En Colombia, el Sistema General de Pensiones actual fue creado por la Ley 100 de 1993. A este, deben afiliarse todas las personas, mayores de edad, población económicamente activa, en calidad de empleado o independiente, bajo cualquier modalidad de contratación, por medio de un fondo de pensiones privado o al fondo de pensiones del Estado llamado Colpensiones. 

Los aportes al Sistema General de Pensiones están atados al salario que reciben las personas por su trabajo, que resulta complejo debido a las condiciones de empleo y remuneración del país. El caso de los fondos de pensiones privados resulta más polémico debido a que el valor de la pensión dependerá de los rendimientos e inversiones que tengan estos fondos en los mercados bursátiles por lo que, en múltiples casos el valor de la pensión que obtienen los jubilados de estos fondos no es proporcional al valor aportado y cotizado al sistema durante sus años de trabajo.

Actualmente, el Sistema General de Pensiones tiene múltiples desafíos, siendo una de estas su sostenibilidad debido a que se presenta una inversión de la pirámide poblacional en la que hay una reducción de la población económicamente activa y un aumento de la población de adultos mayores, lo que tiene un impacto en los aportes pues éstos se reducen, lo que pone en tela de juego su sostenimiento. Para aliviar el tema pensional es necesario atender las situaciones de desempleo y baja remuneración que tienen una relación y efecto directo con el pasivo pensional. Así mismo, se percibe que hay una asimetría de información en la ciudadanía sobre el funcionamiento del Sistema General de Pensiones y de Seguridad Social y de las implicaciones que tiene estar afiliado a un fondo privado.

Este cambio demográfico tiene implicaciones significativas para Chile y Colombia, incluidos los cambios en las necesidades de atención médica, la planificación de la jubilación y las consideraciones económicas.


Tendencias globales sobre los cambios en la población de Chile y Colombia 

Como se ha descrito, el conjunto de políticas públicas y legislación destinadas a las personas mayores en Chile y Colombia, da cuenta de desafíos ante los nuevos escenarios demográficos y de política social. Tanto en Chile como en Colombia es compleja y desigual la situación para las personas mayores. Factores como la seguridad social, salud, pensiones, situación económica y apoyo de la red familiar; muestran distintos focos de preocupación a largo plazo (OIT, 2022).  A continuación, se identifican las siguientes tendencias globales para la población adulto mayor: 

a. Los cuidados hacia personas mayores, enfermas o en situación de discapacidad: Diversos estudios (CEPAL, 2016; Marco & Nieves, 2013) dan cuenta que la demanda de cuidados es creciente. Los llamados cuidados informales son clave por el impacto que proporcionan a la población envejecida. La implementación de sistemas y políticas integrales se ha convertido en un desafío dado los cambios demográficos proyectados. La inversión y la creación de una oferta programática destinada a los cuidados resulta importante para países como Chile y Colombia debido a la proyección del envejecimiento y esperanza de vida. En Chile, se plantea la creación de un “Sistema Nacional de Cuidados” que involucra el fortalecimiento de los programas de cuidados domiciliarios, el fomento de la capacitación y empleo formal para quienes ejercen labores de manera informal, la universalidad de los servicios y transferencias para las familias y comunidad y la promoción del fortalecimiento de la oferta de Centros Diurnos para el Adulto Mayor (CEDIAM), para la favorecer la teleasistencia (tecno care), entre otros. 

Colombia, aún carece de una iniciativa formal estatal que cobije a los cuidadores en el país. En la última década es un tema con más frecuencia en la agenda de política pública, no solo en lo relacionado al adulto mayor sino también en primera infancia, género, pobreza y juventud, generando ejercicios de diagnóstico que permiten comprender y conocer mejor la situación de estas personas para generar acciones de política pública. El cuidado del adulto mayor ha sido una tarea que, históricamente, ha sido realizada por el sector privado y el tercer sector, muestra de esto es la existencia de hogares de cuidado especializados que no son de fácil acceso debido a su costo y fundaciones que atienden y cuidan a los adultos mayores que se encuentran en desamparo o abandono. Es importante mencionar que los cuidadores se han identificado como población que cuenta con baja formación en el tema del cuidado al adulto mayor, lo cual supone un desafío para su atención y calidad de vida pues, en muchos casos, la labor que realizan estos cuidadores puede resultar contraproducente en el cuidado del adulto mayor.

b.  Soledad y redes sociales: la fragilidad de las relaciones familiares y sociales se ha convertido en motivo de preocupación en los países desarrollados; en Suecia, según un informe del Consejo Nacional de Bienestar Social de Suecia (2020), se estima que alrededor del 13% de la población vive sola, y muchas de estas personas no tienen contactos sociales significativos por lo que, cuando mueren, la familia y/o vecinos no lo descubren durante semanas o meses (SVT Nyheter, 2021). Un estudio realizado por la World Health Organization llamado Social isolation and loneliness among older people: advocacy brief (2021) da cuenta de la creciente preocupación política y de salud pública sobre estos temas, que se han vuelto más urgentes por la pandemia de Covid-19. 

Esto resulta interesante producto de que las relaciones interpersonales se encuentran ante cambios en las relaciones humanas como lo son la tendencia a vivir solo, a no comprometerse ni planear familia la creciente tendencia al individualismo (Orrange, 2003), los cuales son vistos como signos de alerta ante la precariedad emocional que enfrenta la sociedad y que se acentuará. Esto no solo afecta la demografía a largo plazo sino también la solidaridad intergeneracional se ve comprometida producto de los cambios en los estilos de vida y la situación de soledad y el aislamiento de las sociedades (Fragoso, Valadas & Paulos, 2023).

En cuanto a las innovaciones realizadas por la gestión pública para abordar el problema global de la soledad destaca la experiencia de dos países: Reino Unido y Japón. En Reino Unido, crearon el Ministerio de la Soledad (2018), que entre las medidas contempla la cooperación con organizaciones sociales a través de financiamiento, campañas informativas, servicio de chatbot vía WhatsApp, entre otros (Gov Uk, 2022). A raíz de la pandemia del Covid-19 se evidenció la profundización de sentimientos y estados de soledad en ese grupo etario, así lo confirma un estudio realizado por el Gobierno del Reino Unido por medio del el Centro Nacional de Investigación Social (NatCen) a partir de los datos de la  Encuesta de Vida Comunitaria de 2013/14 - 2019/20 y el Estudio Longitudinal de Hogares del Reino Unido (Understanding Society), donde confirman el vínculo directo entre los impactos de la soledad y mayor angustia en salud mental (Department for Culture, Media and Sport, 2022). 

Japón también cuenta con una secretaria en el Gabinete llamado Ministerio de la Soledad y Aislamiento (2021). Las alertas se encendieron a partir de un estudio realizado por el gobierno del país en el año 2016, que sostiene que el 40% de las personas mayores de 65 años en el país se sintieron solas (Secretaría de Gabinete – Oficina contra la Soledad y Aislamiento, 2022). Una de las medidas que ha tomado el Ministerio es la creación de centros comunitarios para personas mayores, que ofrecen una variedad de programas y actividades para mantener a las personas activas y socialmente conectadas. Adicionalmente, aplican medidas conectadas a la innovación y tecnología a través del desarrollo de aplicaciones, asistencia remota, mascotas virtuales, entre otros (Cabinet Secretariat, 2023). 

c. Tecnología e inteligencia artificial: diversos estudios dan cuenta de la mejora en la calidad de vida (salud física y psicológica) de los adultos mayores a partir de la tecnología y teleasistencia (Chopik, 2016), a través de la utilización de videollamadas, mensajería instantánea, teléfonos inteligentes, redes sociales, entre otros. Es por ello que la tecnología resulta más beneficiosa para las personas mayores que para los jóvenes (The Economist, 2017) dado que, a partir de los 80 años, las personas mayores tendrán más tendencia a padecer problemas relacionados con la pérdida de visión, audición o discapacidad en mayor grado. 

Las llamadas “brechas digitales” y el poco uso de los aparatos tecnológicos por parte de las personas mayores realza la necesidad de buscar estrategias de alfabetización digital. En Chile se aplican estrategias de Alfabetización Digital dado que solo un 31% de las personas mayores cuenta con herramientas digitales funcionales, en contraposición del 73% de la población mayor de 18 años (CASEN, 2017). En Colombia, siguiendo datos de la Gran Encuesta TIC de 2017, el 43% de las personas mayores no usa internet debido a que no sabe cómo acceder a este servicio ni cómo funciona, mientras que el 63% lo usaría si tuviera la posibilidad de que le enseñaran. En cuanto al uso de Redes Sociales, los adultos mayores solo representan un 9% de audiencia, de acuerdo con datos de We Are Social y Hootsuite.

d. El cambio climático: afecta de manera desproporcionada a las personas mayores, ya que son más vulnerables a las condiciones extremas del clima ya las enfermedades relacionadas con el clima (Gasparro, 2022). A ello se agrega la frecuencia de fenómenos como los episodios de temperaturas extremas como olas de calor; así como la frecuencia de desastres naturales (inundaciones, sequías, aluviones, entre otros) (Naciones Unidas, 2023). Esto incluye también lo que se relaciona con la producción de alimentos que impacta la calidad y tipo de nutrición que reciben los adultos mayores.

Dicha preocupación se encuentra correlacionado con las propuestas de la llamada Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que si bien no cuenta con un Objetivo específico para adultos mayores, si considera aspectos relevantes en el bienestar integral de los adultos mayores tales como el fin de la pobreza (ODS 1), salud y bienestar (ODS 3), igualdad de género (ODS 5), reducción de desigualdades, entre otros. A lo anterior, se encuentra la promoción y estudio del envejecimiento por parte de las Naciones Unidas a través de la Unidad de Cambio Demográfico y Envejecimiento Saludable que entre sus propósitos se encuentra abordar el aislamiento social y la soledad para la década de 2021 al 2030. 

e. Las megaciudades y concentración urbana: entre las tendencias globales que están surgiendo hoy día se encuentra el crecimiento de las megaciudades y la concentración de la población en las urbes (Montero & García, 2017), lo que hace evidente la necesidad de conciliar ciudades “amigables” que permitan el buen vivir de las personas mayores (World Health Organization, 2007). En las grandes ciudades latinoamericanas, la conciliación con los adultos mayores resulta compleja por variables como el transporte, vivienda, movilidad e inclusión social, conectividad, entre otros. Sin embargo, es necesario también tener en cuenta a la población de adultos mayores que se encuentra en zonas rurales donde las variables de acceso y complejidades se acrecientan por las condiciones propias de estas zonas, acentuando así los desafíos y necesidades propias de esta población.

Como se aprecia, la experiencia comparada entre países identifica una serie de medidas y políticas que se han generado debido al proceso de envejecimiento poblacional. Poco a poco somos testigos de buenas prácticas de colaboración con diversas organizaciones sociales y del tercer sector, sin embargo, la asistencia y seguridad pública se encuentra ante grandes desafíos. Por ejemplo, la creación e implementación de una ley estatutaria de salud en Colombia que explicite y regule los derechos de las personas mayores para facilitar la prestación de servicios. En 2024, el gobierno colombiano aumentó el subsidio a esta población pasando de 18 a 54 dólares mensuales, lo cual es un avance en la mejora de calidad de vida del adulto mayor vulnerable, sin embargo, aún es necesario realizar ajustes para mejorar el resultado e impacto de la política pues es una población que continúa en alto grado de vulnerabilidad, como lo indica la evaluación de impacto del programa Colombia Mayor (2016).

La convergencia de estas mega tendencias a escala global indica que serán de particular interés para Colombia y Chile, el envejecimiento de la población y los cambios en la composición de los hogares, así como las relaciones interpersonales anticipan cambios significativos en la gestión pública y las políticas sociales, y una serie de preocupaciones sociales, de salud y de solvencia financiera para los países en estudio. 

III.          Conclusión

La transición demográfica hacia el envejecimiento de la población, la caída en la natalidad y los cambios en la composición del hogar son una oportunidad para las políticas públicas para el fortalecimiento de los lazos sociales, la comunidad y la red familiar.

El envejecimiento de la población en los países en estudio tendrá un impacto en el desarrollo de nuevos mercados y la generación de empleos en sectores como los cuidados y salud, la tecnología y los servicios hacia las personas mayores (CEPAL, 2022; CEPAL, 2008), así como en la sostenibilidad de las acciones de política pública y de seguridad social pero también sobre otros actores claves de las sociedades como, las instituciones educativas. Esto demuestra que la inclusión y atención de los adultos mayores no es un tema exclusivo ni sectorizado, sino que afecta en conjunto a toda la ciudadanía, por lo que debe ser también analizado desde esta perspectiva.

Es posible inferir que la atención a personas mayores y garantía de sus derechos requiere ser abordada con un enfoque de integralidad, es decir, no es posible atender las problemáticas de esta población desde una sola perspectiva, sino que éstas implican un abordaje intersectorial en temas de salud, empleo, temas económicos, culturales y sociales pero también incluyendo un enfoque de interseccionalidad[3]. Por tanto, el Estado debe contar con la fortaleza y capacidad suficiente para el desarrollo de estas acciones y para la coordinación intersectorial que de aquí se deriva para responder con pertinencia y calidad a las necesidades y problemas públicos de los adultos mayores.

Así mismo, las iniciativas que se desarrollen deben ser integradoras a nivel territorial. No es suficiente ni eficiente que este sea un tema que solo aborde el nivel central, sino que también debe haber articulación y proposición desde los niveles de gobierno municipal y regional o departamental, pues esto facilita la gestión de recursos y la cercanía con la población, lo cual implica también que haya una institucionalidad fortalecida en los distintos entes territoriales y niveles de gobierno.

Para asegurar que la atención sea de calidad y pertinencia, es necesario desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan un conocimiento y diagnóstico de la realidad y necesidades de esta población e indagar los resultados, efectos, impacto y posibilidades de mejora y ajuste de las acciones que se desarrollan, así como nuevas posibilidades de acción.

Es importante generar procesos de innovación para el abordaje de la inclusión y derechos de los adultos mayores. En esto, se considera que es importante profundizar y fortalecer los usos de las tecnologías de la comunicación e información, ya que tiene una relación directa con el mejoramiento de la calidad de vida de este grupo poblacional al favorecer la independencia y acceso a la información pero también es necesario revisar y evaluar los mecanismos de atención ya existentes para contemplar posibilidades de mejora y ajuste que permitan potenciar la labor desarrollada lo cual, a su vez, conlleva al fortalecimiento del aparato estatal.

Se considera importante abordar el envejecimiento y la vejez desde una perspectiva de prevención y promoción. Es decir, generar acciones preventivas y de sensibilización sobre hábitos de vida saludable, mejoramiento de las condiciones laborales, entre otros puede favorecer que la inclusión y garantía de derechos de las personas mayores no sea un asunto de atención de emergencia ni reactividad y que la brecha de desigualdad no sea tan grande. Teniendo en cuenta también que estas problemáticas afectan a la sociedad en su conjunto, como ya se mencionó previamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.          Referencias 

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[1] Magíster Gestión y Política Pública. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Universidad de Chile. Investigadora Centro UC de la Familia, Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo: nelizondo@uc.cl; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1984-0782

[2] Magister en Educación para la Innovación y las Ciudadanías, Profesora de Cátedra en Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Correo: davellaneda@javeriaba.edu.co; ORCID: http://orcid.org/0009-0005-4241-0870

[3] Enfoque que reconoce que hay varias condiciones, características y factores sociales de las personas que se superponen.