Resumen
Entre 1989 y 2023, la Corte Suprema de Justicia Argentina ha recibido una cifra no menor de solicitudes de juicio político o Impeachment en su contra. Tal recurrencia viene a generar diversos escenarios posibles respecto a las motivaciones de quienes acusan a los jueces, y por qué resulta ser uno de los poderes del Estado más afectado históricamente con este tipo de amenaza. Este estudio intenta determinar las motivaciones que tienen los diputados sobre el uso de este mecanismo tan excepcional, proporcionando un análisis de diferentes causas que podrían afectar la permanencia de un Juez en su cargo y que, de resultar efectiva, podrían terminar con una destitución anticipada.
Palabras Claves: Jueces de la Corte Suprema; Impeachment; destituciones Anticipadas; Argentina
Abstract
Between 1989 and 2023, the Supreme
Court of Justice of Argentina has received a significant number of impeachments
requests against it. Such recurrence generates various possible scenarios
regarding the motivations of those who accuse the judges and why it is one of
the branches of government most historically affected by this kind of threat.
This study attempts to determine the motivations that congresspeople have about
the use of this very exceptional mechanism, providing an analysis of different
causes that could affect the permanence of a Judge in office and that if
effective could result in an early removal.
Key Words: Judges of the Supreme Court; Impeachment;
early removal, Argentina
I.
Introducción
El artículo explora los ingresos de solicitudes de juicio político, en adelante SJUP, los cuales tienen como protagonistas a los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en adelante JCOS y que fueron ingresados por miembros de la Cámara de Diputados. Es necesario destacar que un juicio político es un método reservado exclusivamente para altas autoridades de un país, siendo su uso excepcional y reactivo. Por su parte, la Profesora de la Universidad de Buenos Aires, Mara Pegoraro señala que:
“El juicio político en la Argentina, como en la mayoría de los diseños presidenciales, es una herramienta reactiva, digamos que el poder legislativo tiene para eventuales situaciones de crisis o de incumplimiento de los indicadores funcionarios públicos como especifica la constitución, someter a presidente y vicepresidente miembros de la Corte Suprema y Ministros a un proceso de destitución política” (Pegoraro, entrevista personal, noviembre de 2023).
Se puso énfasis en la realidad Argentina, gobierno Republicano y Federal según su Constitución Nacional, dicha forma de gobierno mantiene una separación o división de lo que se conoce como poderes del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), tal separación no se encuentra exenta de diferencias entre los mismos que intentan ejercer un control político por sobre el otro. Existen métodos que permiten un balance político o estabilidad, conocidos como de frenos y contrapesos, el “Instituto de Juicio Político” se posiciona como un método de control, del correcto ejercicio de las labores de los funcionarios públicos, es una herramienta que intenta responsabilizar a los funcionarios públicos que se alejan de lo que se entiende como un buen desempeño en sus funciones u otras causales descritas en la Constitución. Este pensamiento es compartido por parte de una Senadora Nacional, de quien su nombre se mantendrá en reserva señalando que:
“Es una herramienta necesaria dentro de un sistema democrático, como último recurso para detener a quienes quieren pasar por encima de las instituciones o que hayan cometido una falta grave con sus deberes como funcionarios” (Senadora, entrevista personal, abril 2024).
Esta revisión logró recoger 109 expedientes de ingresos de SJUP desde 1989 al 2023, considerando que sólo los miembros de la Corte Suprema han enfrentado juicios políticos en su contra, con destituciones efectivas de algunos jueces acusados. Estos hechos también fueron confirmados por el Diputado Nacional y vicepresidente 1º de la Comisión de Juicio Político hasta 2023, Juan Manuel López comenta que:
“En Argentina se han sustanciado solamente dos juicios políticos que llegaron a destituciones y en ambos casos, tanto en el año, 1947 como en el año 2002 hasta el 2003 fueron contra jueces de la corte suprema de justicia”. (Diputado López, entrevista personal, noviembre de 2023).
Es un control ejercido por el Congreso, por sobre los otros poderes del estado, es considerado un procedimiento correcto, justo y que permite a quien es acusado su legítima defensa, pero que no se encuentra exento o ajeno a ser utilizado como una herramienta política, haciendo aún más necesario poder conocer las reales motivaciones de su uso, en este sentido la Diputada Nacional y presidenta de la Comisión de Juicio Político entre los años 1999 al 2001 la Diputada Margarita Stolbizer sostiene que:
“El procedimiento que
establece la constitución es justo, es razonable, asegura el ejercicio del
derecho de defensa, pero siempre vale la aclaración, acá se ha utilizado
también como una herramienta política, sin ir más lejos lo estará viendo hoy
ahí en marcha digamos un pedido de juicio político abierto contra los miembros
de la Corte Suprema de Justicia” (Diputada Stolbizer, entrevista personal,
noviembre de 2023).
Del mismo modo el profesor Mario Midón
señala que “el juicio político ha sido una figura, digamos más politizada, muy
partidizada en la vida política Argentina” (Midón, entrevista personal, febrero
2024).
Son múltiples los ingresos que se
reciben, un número reducido logra materializarse y prosperar como un juicio político,
muchas son rechazados en instancias previas, quedando archivadas. La recurrencia
de las solicitudes en contra de los jueces podría entenderse como lo menciona Sancinetti,
los miembros del Poder Judicial gozan de estabilidad en sus cargos mientras
dure su buena conducta (Sancinetti, 2005).
Escándalos
políticos, toma de posición y corrupción.
Para iniciar el proceso de revisión de la literatura disponible y lograr con esto diferenciar algunas de las que podrían ser las motivaciones que tendrían los Diputados, resultó necesario establecer algunos elementos comunes para poder lograr comprender este fenómeno, se realiza una división en tres niveles o tipos de motivaciones, en donde se diferencian las motivaciones que habitan en un nivel macro o país y que son de conocimiento público, un nivel personal o propio de los Diputados y un nivel con motivaciones relacionadas a la institucionalidad formal e informal.
Iniciando con la propuesta del nivel macro, una vez que salta a la palestra noticiosa algún escándalo político, relacionados por ejemplo con corrupción en alguna institución o entidad de gobierno, inmediatamente genera una serie de opiniones y repercusiones tanto en el mundo político como en la percepción y confianza que la ciudadanía deposita en sus autoridades, esto es abordado por Antonio María Hernández:
“La impunidad reinante produce efectos demoledores sobre las bases éticas y espirituales de nuestra democracia y sobre la confianza en las instituciones, como lo acreditan las distintas encuestas realizadas. Y aquí aparece de nuevo la inocultable responsabilidad de los órganos de control políticos, administrativos y, especialmente, del Poder Judicial en los fueros más vinculados a estos hechos: los penales, electorales y tributarios” (Valadés & Hernández, 2022).
Otra motivación sería una crisis económica que el país pudiera ir atravesando, sobre esto Hugo Macías Cardona, comenta que:
“Adoptar el dólar de la manera que lo hizo Argentina
implica renunciar a la política monetaria y cambiaria; eliminando de plano la capacidad
de respuesta a los fenómenos monetarios externos. Esto sumado a una mayor
apertura del mercado de capitales que en los países de la región, la hizo
fuertemente vulnerable a las crisis externas” (Macias, 2022).
Otro factor o
motivación sería la existencia de protestas y crisis sociales, debido a que en
tiempos donde existe descontento, podría existir un incremento en la utilización
de un mecanismo de salida anticipada de una autoridad. Alejandro Grimson aborda las protestas en Argentina señalando
que:
“Las tres crisis
Argentinas y las respuestas populares ante ellas enseñan algo relevante para la
situación actual. Durante las crisis crece una multiplicidad de acciones de la
sociedad que apuntan a diferentes salidas y soluciones” (Grimson,
2018).
Otro elemento que aparece como una posible motivación, que podría afectar a los jueces, sería la existencia de conflictos de intereses entre los poderes del Estado, mayormente cualquier administración intenta tener dentro de sus filas a las personas más idóneas al cargo, de igual forma considerando que se trata de autoridades que tienen el poder de decidir sobre un tema de su competencia, sería esperable que su juicio no sea viciado por elementos o presiones que otros intenten ejercer sobre ellos. Sobre esto se refiere Germán Marcelo Farina quien indica que:
“Sin embargo, desde hace varios años, diferentes gobiernos y partidos políticos han buscado influir o de alguna manera limitar la actuación de los jueces, situación que puede llegar a afectar a todos los habitantes de un país, ya que hace a la esencia de una república el contar con magistrados independientes, que puedan ejercer su labor aplicando el texto constitucional y el resto de las normas que rigen el sistema legal, sin tener que estar sujetos a amenazas de cualquier índole” (Farina, 2023).
La última motivación tiene relación con la independencia del poder judicial. Los jueces son los encargados de la interpretación final de la Constitución y su pronunciamiento va frente a intentos de implementación de leyes u otra acción que se pudiera considerar inconstitucional, en ese sentido la idoneidad, la inamovilidad e imparcialidad, entre otras, podrían ser cuestionadas, sobre esto Alejandro Matozo señala:
“Teniendo entonces la conciencia de estas necesidades, es nuestra obligación procurar un sistema que fomente la independencia del poder judicial y ayude a la recuperación de su confianza y la de la clase política, y le asegure a la sociedad que existe un Poder Judicial en manos de jueces idóneos, mantenidos al margen de los otros dos poderes” (Matozo, 2003)
Respecto al nivel personal del Diputado, no encontrando mucha información disponible en donde se analice este tema, se hizo necesario poder buscar el fenómeno en otra figura política, es por ello que se logra observar una similitud en otra autoridad, un Presidente de la República; Martínez, Llanos y Tatalovich, abordan esta inquietud señalando que “Utilizar una resolución de juicio político para la toma de posiciones podría ser un dispositivo “barato” y eficaz para los extremistas ideológicos de la oposición” (Martínez et. al, 2022).
Otra posible motivación considera que presentar SJUP, aparte de generar en la imagen una mayor notoriedad de quien acusa, también podría lograr generar un cupo disponible dentro de la corte, los investigadores señalan que “Una vacante en la Suprema Corte es una ventana de oportunidad para los políticos, porque crea un nuevo espacio para reforzar su agenda política a través de fallos constitucionales” (Castagnola, 2020).
Otra considera que, los legisladores podrían ser más proclives a activar el mecanismo del juicio político de acuerdo con su militancia política, con relación a esto, Mauricio Fondevila menciona que “La oposición al Gobierno en una democracia no se agota en la oposición parlamentaria, aunque esta es la que, tradicionalmente, ha recibido más atención" (Fondevila, 2022).
Otra motivación que podría considerarse como importante sería que, el Diputado pertenezca a sectores extremos políticos, pues podría intentar iniciar más procesos en contra de una autoridad. Sobre el extremismo político Rosario Jabardo se refiere diciendo:
“Cuando en una politeya surgen formas de acción política de cuyas declaraciones programáticas, actitudes y conductas se desprende una posición favorable a la utilización de procedimientos extralegales, entre los que destaca la justificación implícita o explícita del uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos, les aplicamos el término extremismo político” (Jabardo, 1998)
Otro elemento diferenciador sería la experiencia política del parlamentario, creyendo que, si se trata de una persona que tenga poca experiencia, que sea outsider, o poca permanencia como legislador, eventualmente podría ser más propenso a iniciar o apoyar una SJUP. En relación con esta eventual motivación Roberto Rodríguez comenta que:
“Un candidato outsider es aquel que se presenta a unas elecciones desde fuera de la política y, por tanto, sin tener experiencia previa en partidos o instituciones. Un criterio que sirve para marcar la diferencia entre candidatos outsiders y candidatos insiders, es decir, aquellos que sí proceden de la política, que son denominados como “políticos profesionales” (Rodríguez, 2016).
Otra motivación la cual podría ser una de las más significativas, tiene que ver con la disconformidad con una sentencia, al resultar adverso un pronunciamiento en contra de un sector, podría ser un motivo suficiente para una SJUP. Andrea Castagnola comenta que “Los políticos quieren tener cortes amigables porque los jueces son actores políticos relevantes en la política nacional con la capacidad de frustrar la formulación de políticas” (Castagnola, 2020).
Sobre pertenecer a mayorías parlamentarias se considera una motivación debido a que, eventualmente ser miembro de una mayoría parlamentaria podría acelerar un proceso de destitución anticipada de una autoridad, particularmente sobre este fenómeno visto en la figura de un Presidente de la República, Martínez, Llanos y Tatalovich (2022) señalan que:
“Esperamos que las resoluciones de juicio político sean patrocinadas en gran medida por miembros del Congreso afiliados al partido político que se opone a la administración actual”.
La última motivación diferenciada tiene relación a los costos y beneficios de una solicitud. Ésta plantea que hacer un ingreso puede representar mayores beneficios para quien acusa, ya sea en su imagen o generar nuevas oportunidades, esta idea es discutida por los investigadores como lo indica Andrea Castagnola:
“Una vacante en la Suprema Corte es una ventana de oportunidad para los políticos porque crea un nuevo espacio para reforzar su agenda política a través de fallos constitucionales” (Castagnola, 2020).
Al hacer la revisión de la literatura permitió dar luces de lo que se podrían considerar motivaciones que inciden a la hora de que los Diputados hagan ingresos de SJUP, éstas mayoritariamente propuestas hacia un presidente, pero que de igual manera podrían extrapolarse a los JCOS.
El
Impeachment y la Institucionalidad formal e informal.
La existencia de leyes, reglamentos u otro instrumento de regulación resultan fundamentales para el buen gobernar, estas ordenan el actuar humano, siendo establecidas con la finalidad de lograr una convivencia a lo menos armoniosa.
Por su parte, el decano de la facultad de derecho de la Universidad Austral de Argentina, Manuel García-Mansilla se refiere a la institucionalidad del juicio político y las reformas que este tuvo dentro de la Constitución mencionando que:
“Hay que ver cuál es el origen del juicio político en la república, entonces nuestra constitución de 1853, que tuvo reforma sucesiva, la última en 1994, se basó en el modelo de la Constitución de Filadelfia, en 1787 en líneas generales, tanto en sistema presidencial, el modelo de separación de poderes, el modelo de frenos y contrapesos (García-Mansilla, entrevista personal, noviembre 2024).
Cada país tiene sus propios métodos que le permiten regular el actuar de sus autoridades, los cuales buscan sancionar el mal desempeño de los funcionarios públicos. Como ya pudo observarse, se tiene a la vista un instrumento de carácter extremo, el cual al ser iniciado busca que el funcionario sea removido de forma anticipada de sus funciones y eventualmente sea inhabilitado a ejercer cargos públicos por algún periodo de tiempo, siendo esto último sólo un accesorio. Este mecanismo constitucional de remoción está reservado sólo para autoridades descritas en la Constitución Nacional, donde en diferentes artículos entrega la responsabilidad a la Honorable Cámara de Diputados de Argentina como la de la Cámara de Senadores de Argentina. Considerando el párrafo precedente cada cámara tiene su rol, el cual se encuentra detallado dentro de 3 artículos, particularmente el 53, 59 y 60, dentro de las responsabilidades de la Cámara de Diputados se detalla según lo indica la constitución:
“Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes.” (Constitución Política de Argentina, 1853)
Por otra parte, existen otro tipo de elementos, que se pueden considerar como procedimientos de tipo informal, esto quiere decir que, en algunos casos, se realiza algún tipo de procedimiento amparado en tradiciones, la cual no se encuentra descrita como una norma a seguir, pero se respeta y considera como si de una ley se tratara.
II.
Metodología
Como diseño
metodológico se consideró un diseño mixto, debido a que por una línea se
realizó una revisión documental la cual, entregó nuevos datos, por otra parte,
se integraron una serie de entrevistas de distintos perfiles. En adición, se realizó una búsqueda y
recopilación de artículos de revistas donde se abordaban las diferentes etapas
de un juicio político, otras que aportaban a la respuesta de forma indirecta de
los objetivos establecidos, de igual manera se recopilaron diversos artículos
periodísticos, publicados en la prensa, como diarios de circulación nacional y
otros recuperados desde portales de noticias online.
Respecto a la obtención de información de primera mano, se estimó conveniente la realización de entrevistas mayormente presenciales, se realizó una revisión de los Diputados que se encontraban designados en la comisión de juicio político, posteriormente se extiende a Diputados en general y asesores políticos, debido al rol que poseen dentro del tema estudiado. En otro plano se hacen extensivas las entrevistas a académicos de universidades argentinas con la finalidad de tener una visión amplia del caso de estudio, evitar sesgos y conocer la forma en que ellos ven al juicio político y al ingreso SJUP. De esta separación de actores se logró realizar un total de 26 entrevistas, si bien estas podrían considerarse una cifra pequeña, teniendo presente el universo total de Diputados o académicos en las instituciones de estudios, se toma en cuenta su calidad de experto e incluso partícipe de estas solicitudes en alguna etapa de su periodo parlamentario, de igual forma a medida que se realizaron preguntas a los entrevistados de observó que se llegó a un punto de saturación en algunas rápidamente.
Para la elaboración de esta investigación fueron consultadas diversas publicaciones científicas, las cuales mayormente abordaron el por qué los Diputados presentan SJUP en contra de un Presidente de la República, las cuales sirvieron para ir determinando motivaciones en los niveles propuestos en los párrafos anteriores (macro, personal e institucional), pero en contra de los JCOS no se puede concluir que haya sido discutido en profundidad. Además, la investigación contempló la revisión y análisis de 109 expedientes de ingresos. Estos expedientes son archivos que contienen los antecedentes relacionados a la tramitación de una SJUP y todos los movimientos que esta tuvo, en algún caso contiene la también la sentencia, estos documentos fueron proporcionados por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina por medio de una respuesta a una solicitud de transparencia, fueron clasificados y transformados en una base de datos, tal acción permitió entregar nuevos elementos estadísticos que vienen a apoyar los datos recogidos por otros métodos. Se consideró un periodo de estudio desde 1989 a 2023 y específicamente al análisis y revisión de las solicitudes que fueron ingresadas en contra de los JCOS por parte de los Diputados, excluyendo a otras autoridades.
III.
Resultados
El presente artículo contiene la revisión de las solicitudes, muestra los resultados de la revisión documental y entrevistas, como también dar respuesta al objetivo inicial establecido. En este sentido, la revisión de la literatura permitió entrever lo que podrían ser algunas de las motivaciones consideradas por los Diputados, a la hora de realizar una SJUP, ya sea en un plano macro o en un nivel personal, siendo por temas éticos, valóricos o por conveniencia. Donde se aborda la institucionalidad formal e informal se aprecian hallazgos en cuanto a la informalidad, la cual podría incluso ser objeto de estudio en forma específica.
Esta investigación buscó responder un
objetivo general, el cual consistió en determinar ¿por qué los diputados
ingresan solicitudes de juicio político a los JCOS en Argentina? Adicionalmente
se desprendieron cuatro objetivos específicos: a) Determinar cuáles son los
costos y beneficios para un Diputado el ingresar una SJUP; b) Determinar si
elementos generales del contexto país (escándalos políticos, economía, u otro)
aumentan las posibilidades de que los congresistas ingresen más SJUP en contra
de los JCOS; c) Determinar si las características individuales de los Diputados
como (extremismo político, poca experiencia en política, edad o pertenecer al
bloque opositor u otro) inciden a que estos tengan el mismo interés que otros
Diputados de ingresar SJUP en contra de los JCOS; y d) Identificar si, el
diseño institucional argentino puede facilitar o no el ingreso de SJUP.
Se plantean
también 4 hipótesis: Hipótesis1:
Un ingreso de juicio político en contra de las autoridades ayuda a un Diputado
a tener mayor notoriedad dentro de su partido o del escrutinio público;
Hipótesis2: Los escándalos políticos donde los JCOS se encuentran envueltos pueden
predisponer a los Diputados a concentrar sus esfuerzos ingresando SJUP;
Hipótesis3: Factores propios de cada diputado pueden aumentar el interés de
ingreso de SJUP hacia los JCOS; e Hipótesis4: La existencia de elementos institucionales formales e
informales facilitan, limitan o coartan el ingreso o la tramitación de SJUP.
Tabla Nº1: Detalle de jueces acusados
entre 1989 a 2023
|
JUEZ ACUSADO |
EJERCICIO |
ACUSACIONES |
SITUACIÓN |
CARGO EN LA CORTE SUPREMA |
|
MOLINE O´CONNOR EDUARDO |
(1990-2004) |
48 |
DESTITUIDO POR JUICIO POLÍTICO, MAL
DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES |
VICEPRESIDENTE |
|
NAZARENO JULIO |
(1990-2003) |
43 |
RENUNCIA JUNIO 2003 |
PRESIDENTE DE LA CORTE |
|
BELLUSCIO AUGUSTO CESAR |
(1983-2005) |
41 |
RENUNCIA SEPTIEMBRE 2005 |
JUEZ DE LA CORTE |
|
FAYT CARLOS |
(1983-2015) |
25 |
RENUNCIA SEPTIEMBRE 2015 |
JUEZ DE LA CORTE |
|
LOPEZ GUILLERMO |
(1993-2003) |
38 |
RENUNCIA OCTUBRE 2003 |
JUEZ DE LA CORTE |
|
VAZQUEZ ADOLFO |
(1995-2004) |
44 |
RENUNCIA MAYO 2003 |
JUEZ DE LA CORTE |
|
BOGGIANO ANTONIO |
(1991-2006) |
33 |
DESTITUIDO POR JUICIO POLÍTICO, MAL
DESEMPEÑO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES |
PRESIDENTE DE LA CORTE |
|
PETRACCHI ENRIQUE |
(1983-2014) |
25 |
FALLECIMIENTO EN EJERCICIO |
PRESIDENTE DE LA CORTE 2004 - 2006 |
|
ROSATTI HORACIO |
(2006 - ACTUALIDAD) |
7 |
VIGENTE |
PRESIDENTE DE LA CORTE DESDE 2021 |
|
ROSENKRANTZ CARLOS |
(2016 - ACTUALIDAD) |
7 |
VIGENTE |
VICEPRESIDENTE DESDE 2021, PRESIDENTE ENTRE 2018 A 2021 |
|
LORENZETTI RICARDO |
(2005 - ACTUALIDAD) |
7 |
VIGENTE |
PRESIDENTE ENTRE 2007 A 2018 |
|
HIGHTON DE NOLASCO ELENA |
(2004-2021) |
4 |
RENUNCIA SEPTIEMBRE 2021 |
JUEZA DE LA CORTE |
|
CAVAGNA MARIANO |
(1990-1993) |
4 |
RENUNCIA DICIEMBRE 1993 |
JUEZ DE LA CORTE |
|
LEVENE RICARDO |
(1990 - 1995) |
4 |
RENUNCIA NOVIEMBRE 1995 |
PRESIDENTE DE LA CORTE |
|
MAQUEDA JUAN CARLOS |
(2002 - ACTUALIDAD) |
4 |
VIGENTE |
JUEZ DE LA CORTE |
|
BARRA RODOLFO |
(1990-1993) |
4 |
RENUNCIA DICIEMBRE 1993 |
JUEZ DE LA CORTE |
|
CABALLERO JOSE |
(1983-1989) |
0 |
RENUNCIA OCTUBRE 1989 |
PRESIDENTE DE LA CORTE |
|
OYHANARTE JULIO |
(1990-1991) |
0 |
RENUNCIA ABRIL 1991 |
JUEZ DE LA CORTE |
|
ZAFFARONI EUGENIO |
(2003-2014) |
0 |
RENUNCIA LIMITE EDAD |
JUEZ DE LA CORTE |
|
ARGIBAY CARMEN |
(2005-2014) |
0 |
FALLECIMIENTO EN EJERCICIO |
JUEZA DE LA CORTE |
|
BACQUE JORGE |
(1985-1990) |
2 |
RENUNCIA 1990 |
JUEZ DE LA CORTE |
|
BOSSERT GUSTAVO |
(1993-2002) |
14 |
RENUNCIA OCTUBRE 2002 |
JUEZ DE LA CORTE |
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección
de Información Parlamentaria.
Gráfico
1: Ingreso de Solicitudes de Juicio Político, Jueces de la Corte Suprema
1989-2023
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Información Parlamentaria.
El Diagrama de Pareto reúne la cantidad de ingresos de SJUP realizados dentro del periodo de estudio, 109 en total. Resulta evidente que hay dos periodos los cuales concentran más de la mitad del total de los ingresos realizados, 57, algunos iniciados durante el gobierno del presidente Fernando de la Rúa, posteriormente del gobierno del presidente Eduardo Duhalde terminando con los ingresos realizados en el periodo del presidente Néstor Kirchner, esto obedece al contexto país del periodo y la renovación que sufrió la Corte Suprema de cara al juicio político que provocó la salida de toda la corte, 9 jueces en total, dos removidos de forma efectiva por este mecanismo y otros fueron renunciando a su cargo, provocando con esto el término del proceso en su contra. Igualmente se aprecia la existencia de periodos en donde no se realizaron SJUP en contra de la Corte Suprema lo que hace suponer la existencia de una eventual armonía política o la corte gozaba de una mayor credibilidad que pudiera evitar su cuestionamiento y eventuales acusaciones.
Gráfico
2: Composición Honorable Cámara de Diputados de Argentina, 1989-2023
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Información Parlamentaria.
Las líneas muestran los bloques
políticos presentes dentro de la Cámara de Diputados entre los periodos de 1989
a 2023, dado que los periodos eleccionarios se realizan cada 2 años, según
consta en el portal del Congreso Argentino, renovando así una parte de los
legisladores, se amplió el rango desde 1987 a 2023, se realizaron subdivisiones
de periodos dos años cada uno para el análisis temporal de las solicitudes. La revisión
logró diferenciar 224 bloques o partidos presentes, el gráfico N.º 2 consideró sólo
los bloques que tuvieran desde 15 representaciones totales, entre los 18
períodos eleccionarios, por lo que fueron graficados sólo 31 de ellos. Resultó claro
que varios partidos o bloques políticos tienen un mayor predominio o presencia
como es el Partido Justicialista y UCR y otros que su aparición responde a
alianzas con otros partidos como, el Frente para la Victoria - PJ, FREPASO. El
periodo donde se llevó a cabo el juicio político de 2003 a 2005, existía un predominio
dentro de la cámara, afín a la orientación política del presidente. Misma
consideración se aprecia en los periodos donde se crea la alianza Frente para
la Victoria, alianza que llevó a cabo el proceso en contra de los JCOS en 2023.
La
utilización de sucesos de conocimiento público, conveniencias o convicción como
una real motivación.
Las entrevistas dieron luces de lo que
según los mismos expertos serían reales motivaciones, la primera apunta a que
un Diputado puede concentrar sus esfuerzos hacia la Corte Suprema por elementos
valórico-personales, valórico partidario, por convicción o como éste asume el
rol de fiscalizar a los funcionarios públicos, apoyar el correcto
funcionamiento y el saneamiento de las instituciones públicas. Con relación a
esta motivación el profesor Sabino Mostaccio señaló:
“puede haber distintas motivaciones a ver podemos poder pasar por la más inocente que es una preocupación genuina por la marcha del gobierno y la salud de las instituciones, hasta otras explicaciones que son un poco más terrenales por ejemplo diferencias ideológicas, intereses personales o sectoriales que están en juego” (Mostaccio, entrevista personal, abril, 2024).
Del mismo modo el Profesor de derecho constitucional Alfonso Santiago señaló que:
“Pienso que respecto de los jueces es cuando ha habido mal desempeño en la situación de escándalo, de mal desempeño y el juez no renuncia, hay que echarlo y echarlo, la motivación principal es el saneamiento del sistema judicial” (Santiago, entrevista personal, noviembre 2023).
Una segunda motivación se orienta a la figura de los JCOS, considerando que estos son los intérpretes finales de la Constitución, cuando se hacen parte en sentencias de las cuales, su resolución puede llegar a causar malestar a un sector, se puede considerar un elemento o motivo para el ingreso de una solicitud por la disconformidad con la sentencia, sobre esta motivación Robin Huenchuman, asesor político comentó que:
“Se ha visto es que los
juicios políticos se orientan a cuestionar sentencias judiciales, sentencias
digamos de la propia autoridad judicial que digamos, eso no es esfera de la
competencia de este, del congreso de la nación, entonces ahí es donde se genera
una discusión, el juicio político sea tan permeable a cuestionar decisiones
judiciales de otro poder y como esas decisiones judiciales no caen en gracia
con las autoridades que están en el gobierno de turno” (Huenchuman, entrevista
personal, noviembre, 2023).
El Profesor y fiscal Federal Sebastián
Basso también apunta a una remoción anticipada por el intento de ejercer poder
de un estamento a otro:
“Las motivaciones yo digo sí, estamos hablando del juicio político a los
miembros del poder judicial, yo creo que hay una clara motivación de que el
estamento político prevalezca sobre el estamento judicial, en lenguaje si se
quiere del presidente actual sería la casta política quisiera, quisiera ponerse
de acuerdo para que limpiara el poder judicial de esos miembros que le estarían
molestando” (Basso, entrevista personal, febrero 2024).
Una tercera motivación considera la generación de una vacante dentro de la corte, con la finalidad de producir un nombramiento presidencial, el cual pueda ir dentro de la línea del gobierno de turno, retirando así a algún miembro de la corte el cual represente algún tipo de amenaza o molestia. Esto también fue señalado por la Diputada Paula Oliveto quien señaló que:
“creo que hay las
motivaciones políticas pueden ser muchas generalmente lo que se hace es si uno
mira la historia no, es para obtener una vacante con las mayorías agravadas que
está, es muy difícil que se los desplace por juicio político si no es un acuerdo
de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria por lo menos de
las mayoritarias (Diputada Oliveto, entrevista personal, mayo 2024).
Una cuarta motivación apunta a la naturaleza de su nombramiento y la permanencia en el cargo, además de ser el juicio político el único mecanismo de remoción dada su condición de juez. El politólogo Alberto Molina, señala que:
“Hay un halo de esta
intocabilidad digamos, de propiciar que no se debería, propiciar el
ajusticiamiento de los miembros de la corte suprema, como una instancia máxima,
como una instancia última y que hay ya un a priori como que no es bien visto digamos,
me parece que se parte de un a priori de que tiene que ser un en un caso de
extrema, de extrema esta necesidad (Molina, entrevista personal, mayo 2024).
Una quinta motivación apuntó directamente a la imagen pública de un miembro o toda la corte, un factor motivante podía ser la existencia de una corte con un gran desprestigio, provocando que ese descontento sea transformado en una SJUP. Sobre esta motivación Gustavo Requejo estimó que:
“En estos casos como
como algo económico del país en el momento que está pasando, otro elemento en
esos casos vino el desprestigio porque se creía que en muchas de las soluciones
judiciales en soluciones acomodadas al poder de turno” (Requejo, entrevista
personal, noviembre 2023).
Una sexta motivación apunta a temas
éticos y valóricos, por un lado, hay Diputados cuyos temas de agenda tienen
relación a pesquisar elementos que se alejen de lo ético, o bien caer en una
demostración de que “se puede intentar hacer un juicio político a sabiendas que
este no tendrá suficientes argumentos o apoyo dentro de los Diputados, donde la
causal de “mal desempeño entra en juego” causal subjetiva en juego. Mara Pegoraro
señaló que:
“Yo creo que la
principal motivación cuando no se busca el proceso se sustancie, es una motiva,
es un gol perfecto, es una demostración de que pueden hacerlo y también en
otros casos hay una motivación de carácter más ético” (Pegoraro, entrevista
personal, noviembre 2023).
Con la ayuda del relato realizado por parte de los entrevistados se pudieron diferenciar cuales serían las principales motivaciones del por qué los diputados podrían ingresar SJUP en contra de los JCOS, lo anterior respondiendo al objetivo general del estudio.
Costos y
beneficios al ingresar una solicitud de juicio político.
Entrando en el primer objetivo específico, los entrevistados coincidieron que, para un Diputado, hacer el ingreso de una SJUP político no representa un mayor costo, ni para quien firma, ni para el bloque; aunque quizás podría existir un mínimo costo para el partido político al cual pertenece. Esa salvedad fue señalada por el Profesor Diego Martín Raus si se tratara de una acusación a un presidente.
“En este caso el
equilibrio de poderes, por lo menos en Argentina, es muy cauto con esto, es muy
cauto con impulsar, empezar a impulsar el juicio político a un presidente,
tendría que tener fundamentos muy sólidos, porque inmediatamente quien lo
impulse, no la persona sino el sector político que lo impulsa quedaría tachado
de golpista” (Raus, entrevista personal, noviembre 2023).
Por su parte el profesor Germán Farina se refiere a los beneficios que podría conllevar la presentación de una acusación por parte de un Diputado, comenta que “es un beneficio fuertemente interno, es decir me congracié, quedé bien con la líder política y con el sector partidario que me apoya” (Farina, entrevista personal, abril 2024).
Otra opinión por parte del
politólogo Martín Arévalo plantea que:
“Sí podría ser como un
beneficio en esa bandera, de bueno vos sos un mal juez de la corte, te vas y el
costo a lo sumo entiendo que para mí lo puede llegar a pagar el partido
político en sí, no un legislador en particular (Arévalo, entrevista personal,
mayo 2024).
Coincide con lo señalado por el Diputado
Nacional Alejandro Finocciaro quien señala que:
“en Argentina, donde el
sistema institucional ha experimentado una notable degradación, el costo para
un diputado es prácticamente nulo. Por otro lado, el beneficio suele estar
relacionado principalmente con el crédito electoral, sin embargo, si un diputado
actúa con responsabilidad institucional, ni el costo, ni el beneficio son de
naturaleza personal, sino institucional (Diputado Finocciaro, entrevista
personal, mayo 2024).
Resulta evidente que, existe un
claro beneficio para un legislador por sobre un eventual costo, por lo que se
aceptó como verdadera la hipótesis 1 de la investigación.
Elementos
generales del contexto país, incentivando el interés de los Diputados.
Otro objetivo
específico consistió en poder “determinar si elementos generales del contexto
país (escándalos políticos, economía u otros) aumentan las posibilidades de que
los congresistas ingresen más solicitudes de juicio político”, lo que fue
discutido con diferentes entrevistados junto a la hipótesis2 la cual
corresponde a si “Los escándalos políticos donde los jueces se encuentran
envueltos pueden predisponer a los diputados a concentrar sus esfuerzos
ingresando solicitudes de juicio político”. Martín Arévalo señala que “para mí es un poco contexto político
y también bueno actuación de los jueces” (Arévalo, entrevista personal, mayo
2024)
En cuanto a la hipótesis, el Diputado Nacional Óscar Agost indica que:
“Es como la última ratio
caer en un juicio político, si hay un escándalo me parece que se presenta al
juicio político hasta el más moderado, el menos denunciologo, el más alejado de
la justicia, el menos abogado, digo cualquiera se mete en un juicio político
ante un escándalo, un escándalo es un escándalo” (Diputado Agost, entrevista
personal, mayo 2024).
Efecto de las
características individuales de los diputados en el ingreso de solicitudes de
juicio político.
Se había considerado la posibilidad de que el extremismo político tuviera incidencia al momento de generar ingresos de SJUP, específicamente en contra de los JCOS, se consultó a los entrevistados quienes refirieron que, en efecto, pudiera ésta incidir a la hora de generar más presentaciones de juicios políticos. Sobre este tema se refirió una Senadora Nacional quien se mantuvo en anonimato durante la investigación:
“Seguramente quienes tienen posiciones más extremas son más proclives a recurrir a esta herramienta con mayor facilidad, pero lo más sano para la estabilidad del sistema político sería que la herramienta del juicio político se reserve para faltas realmente graves” (senadora, entrevista personal, abril 2024).
Del mismo modo María Cristina Girotti hizo referencia a la visión de las posiciones políticas:
“Me parece que el juicio
político no es una cosa de derecha, ni de izquierda, ni de conservadores, ni de
progresistas, me parece que tiene que ver con coyunturas políticas en un
momento dado” (Girotti, entrevista personal, noviembre 2023).
Para confirmar
lo mencionado en las entrevistas se realizó el gráfico N.º 3 el cual agrupó los
partidos o bloques políticos que tuvieron una aparición firmando o cofirmando
una solicitud. Esta revisión permitió identificar a 40 diferentes
bloques o partidos en donde se aprecia que 31 de ellos se encuentran por debajo
de las 10 representaciones dentro del periodo de tiempo que corresponde a 1989
hasta 2023 y también la
existencia de 9 partidos predominantes, los cuales concentran prácticamente
casi la totalidad de los ingreso realizados, ninguno se podría ser considerado
como parte de un sector extremo, usando la visión de la política chilena se
podrían ubicar en centro izquierda o centro derecha por lo que quizás debió
tratarse el extremismo político con otra perspectiva, para poder conocer otro
tipo de datos que fueran más descriptivos a lo que es la realidad política
Argentina, debió considerarse quizás como el peronismo se mueve entre los
bloques.
Gráfico
Nº 3: Cantidad de apariciones bloques o partidos políticos como firmantes o
cofirmantes en solicitudes de juicio político
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Información Parlamentaria.
Experiencia
en el ejercicio, firmantes y cofirmantes en juicios políticos
En la investigación, se realizó consulta sobre si la experiencia política que posea el congresista puede representar un factor que aumente el ingreso de las solicitudes. Con relación a esto, la académica Mara Pegoraro señaló que:
“Yo te diría que la
Argentina en realidad lo que tiene es que todavía conserva algún grado de
disciplina partidaria, más bien los procesos de juicio político que se
presentan tienen más que ver con el ordenamiento de los bloques políticos
adentro del congreso que con la carrera individual” (Pegoraro, entrevista
personal, noviembre 2023).
Igualmente se creó una base de datos utilizando información proporcionada por la Dirección de Información Parlamentaria, mediante el Departamento de Asuntos Parlamentarios, la base de datos creada analizó la Composición de la Cámara de Diputados entre 1989 a 2023 para poder conocer la cantidad de apariciones de los legisladores ya sea como firmantes o cofirmando solicitudes grafico N°. 3 y la permanencia que los diputados dentro del periodo de 1987 a 2023 para determinar su experiencia en el cargo “ANEXO1”.
Gráfico 4: Cantidad de apariciones como firmantes o cofirmantes en juicios políticos
Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Información Parlamentaria.
Tomando en cuenta los dos gráficos 2 y 4 en conjunto con el ANEXO1 se pudo notar que existen Diputados con una amplia permanencia dentro de la Cámara de Diputados, factor que coincide con un gran número de ingresos, donde por ejemplo, la ex Diputada Elisa Carrió tuvo una permanencia de 6 periodos y a su vez ingresó, por su iniciativa y confirmando, un total de 23 solicitudes en contra de los JCOS de igual manera la Diputada Graciela Ocaña con 5 periodos eleccionarios y 6 ingresos de solicitudes de juicio político, el ex Diputado Carlos Raimundi con 5 periodos eleccionarios y 4 solicitudes entre firmante y cofirmante y la diputada Margarita Stolbizer igualmente con 5 periodos eleccionarios y un total de 6 SJUP entre firma y cofirma.
En lo que respecta a identificar si la poca experiencia política hacía que los diputados eventualmente ingresaran más SJUP en contra de los jueces, según los antecedentes no aplicó, debido a que la mayor cantidad de ingresos fueron realizados por Diputados con una gran trayectoria en la cámara como sería la Ex diputada Carrió, sin embargo, hay apariciones de firmantes, que han tenido sólo permanencia en un periodo eleccionario (4 años), como el Diputado Juan Mínguez, con 8 ingresos quien sería un caso aislado.
En relación con el oficialismo, el mismo Alfonso Santiago señaló que “Los juicios políticos que han prosperado en general no es porque lo pide la oposición sino porque lo pide el oficialismo” (Santiago, entrevista personal, mayo 2024).
Por otro lado, el exdiputado Alejandro Rodríguez señaló, sobre el juicio político que se llevaba a cabo en 2023:
“Hay un caso, que es el caso del actual proceso de la comisión de juicio político para la remoción de los Jueces de la Corte, que es un claro ejemplo de cómo la mayoría política, el actual oficialismo, ha impuesto una enorme cantidad de arbitrariedades en el juicio.” (Rodríguez, entrevista personal, noviembre 2023).
Del mismo modo Diego Martín Raus afirmó:
“De hecho en estos momentos, en el oficialismo ahora saliente que perdió la elección por ciertos intereses particulares, estaba promoviendo el juicio político a la corte suprema, algo que no iba a prosperar” (Raus, entrevista personal, noviembre 2023).
Una vez analizadas las afirmaciones entregadas por los entrevistados y contrastadas con publicaciones de la época, se pudo evidenciar que, los procesos realizados en contra de los JCOS fueron propiciados por parte del oficialismo; durante el gobierno del Presidente Duhalde se comenzó un proceso de juicio político relacionado a los pronunciamientos de la corte sobre dos fallos en particular, el diario El Clarín en un artículo titulaba “La Corte trabó las nuevas medidas y Duhalde salió a responder con dureza” recogiendo un párrafo en donde señala que la comisión de juicio político se encontraba en revisión de pedidos de juicio político:
“El Gobierno entendió el fallo de la Corte como un desafío de tono claramente político. Los miembros del máximo tribunal de Justicia vienen siendo muy criticados por su accionar; los manifestantes que protagonizaron los "cacerolazos" de protesta han pedido reiteradamente sus renuncias y, el jueves, la flamante Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzó el análisis de los 28 pedidos de juicio para todos sus integrantes” (Diario el Clarín, 02 de febrero de 2002).
Seguido de este juicio el cual no prosperó, con el ascenso al poder por parte del presidente Néstor Kirchner, se inició nuevamente un juicio político, propiciado también por el oficialismo y partidos afines, estos dieron como resultado que, dos de los acusados fueran removidos de su cargo, mientras que los otros acusados fueron renunciando previa resolución de los juicios en su contra. Esto fue confirmado por un artículo del diario la Nación titulado “Kirchnerismo y juicio político, una historia recurrente”, del que se extrajo un párrafo el cual indica:
“Como presidente Néstor Kirchner impulsó el juicio político contra la Corte Suprema que había conformado Carlos Menem. En aquel procedimiento fue destituido Eduardo Moliné O’Connor en el año 2003 y, dos años más tarde, el Senado destituyó a Antonio Boggiano, ambos protagonistas de la llamada “mayoría automática” (Ocaña, 2023, en Diario La Nación).
Para finalizar se revisó el intento de juicio político proveniente desde el oficialismo, materializado el 2023 contra los jueces e impulsado por el presidente y un grupo de gobernadores, el diario El Cronista titulaba “Pelea con la Corte: Alberto Fernández presentó el pedido de juicio político con apoyo de 11 gobernadores propios”, de este artículo se rescató un párrafo el cual indicó:
“El presidente Alberto Fernández recibió hoy el respaldo de 11 gobernadores del PJ y anunció que presentará mañana el pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia por "incumplimiento de deberes de funcionario" y "violaciones reiteradas a la Constitución" (Dinatale, 2023, en diario El Cronista).
Resultó evidente que, si bien es cierto, dentro de los 109 expedientes revisados, donde se observaron una variedad de partidos, bloques o coaliciones políticas ingresando este tipo de solicitudes desde la vereda de la oposición, las principales tramitaciones provinieron por parte del oficialismo de turno, con diferentes resultados en ambos casos, por lo que se concluyó que, en efecto pertenecer al oficialismo o a la oposición que sí tiene incidencia a la hora de ingresar SJUP.
Factores
propios de cada Diputado pueden aumentar el interés de ingreso de solicitudes
de juicio político hacia los Jueces.
Existen suficientes antecedentes que hacen pensar que sí, factores propios de los legisladores se van mezclando también con los intereses partidarios. En los tiempos de la inmediates y la sobreexposición a la información, la notoriedad que puede obtener un congresista dentro de los medios ayuda, lo potencia y lo impulsa, ya sea dentro de la opinión pública como en el partido que milita, fue evidente también que hay legisladores cuya bandera de lucha va relacionada en contra de la corrupción, una lucha que va desde sus motivaciones propias, por lo que realizan los ingresos de juicio político bajo esta mirada, tal como lo manifestó la Diputada Silvia Lospennato:
“Hay diputados cuya
agenda legislativa central es la lucha anticorrupción y esos son en general los
que encabezan la mayoría de los juicios políticos” (Diputada Lospennato,
entrevista personal, noviembre 2023).
Considerando las diferentes opiniones reunidas resultó evidente que este objetivo se cumplió, con la salvedad de la visión de extremos políticos, a la que se le otorga aceptación parcial, aunque de igual forma se acepta como válida la hipótesis.
Identificar
si el diseño institucional argentino facilita o no el ingreso de pedidos de
juicios políticos
En una primera instancia se definió una institucionalidad formal y una informal. Con la primera causal se pudo comprobar que ésta si facilita el uso de este mecanismo, ya que cualquier ciudadano es libre de usarlo si considera que una autoridad actúa de mala manera o tiene pruebas de que comete algún delito acorde a las causales. La Constitución Argentina facilita al denunciante el ingreso de la solicitud, pues puede venir tanto de un particular como de otro funcionario público, tampoco considera una cuota mínima de firmantes o cofirmantes como base, el denunciante puede hacer el ingreso en solitario y las veces que estime conveniente, el reglamento de la Comisión también señala que no posee ningún rigor formal lo que viene a facilitar su presentación, María Cristina Girotti aborda este punto “presentar el pedido de juicio político en la Argentina es muy sencillo, es una nota sin ningún tipo de formalidad” (Girotti, entrevista personal, noviembre 2023)
Comparado con la
realidad chilena, en donde la Acusación Constitucional, que de igual manera
considera como base a las mismas autoridades para ser acusadas, incorporando
otras, señala en el artículo 52º denominado “Atribuciones Exclusivas de los
Diputados” de la Constitución Nacional de Chile en su punto 2 “Declarar si han
o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus
miembros formulen en contra de las personas que se indican en la Constitución. Se
considera específicamente el punto “c) De los magistrados de los tribunales
superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable
abandono de sus deberes”.
El académico de la Universidad de
Buenos Aires, Pedro Romero también sostiene que la institucionalidad formal
facilita los ingresos:
“Facilidad para
presentar proyecto todas, porque los legisladores no tienen limitación y creo
que no está mal que no la tengan, digamos no tiene limitación en la cantidad de
proyectos de ley, sea juicio político de lo que a uno se le ocurra, que pueden
presentar en 1 año o sea ahí no tienen limitación desde el punto de vista
reglamentario, tendrán limitaciones barra inversiones propias o heterónomas
porque para para no perder credibilidad incluso cuando uno anda repartiendo
proyectos en general” (Romero, entrevista personal, mayo 2024).
Elementos
institucionales formales e informales facilitan, limitan o coartan el ingreso o
la tramitación de solicitudes de juicio político.
Existen tipos de costumbres las cuales no se encuentran establecidas dentro de documentos, reglamentos o procedimientos, este tipo de excepciones o tradiciones se pueden identificar como institucionalidad informal, un objetivo buscaba conocer si el uso de estas costumbres no escritas afecta o no los ingresos de juicio político. Particularmente en este punto se sometió a consultas a los entrevistados donde se pudo observar que sí, tiene incidencia, lo anterior se observó con el nombramiento del presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, pues tal nombramiento tradicionalmente el Diputado que ejerce obedece al oficialismo, es nombrado por el Presidente de la Republica y por ende es de la confianza. Lo anterior fue comentado por la Diputada Silvia Lospennato:
“Digamos la presidencia de esta comisión, sin embargo, la comisión de juicio político, junto con la comisión de presupuesto y la comisión de asuntos constitucionales son consideradas comisiones de gobierno y hay una tradición en la Cámara de Diputados de que preside esa comisión el bloque oficialista, independientemente de la cantidad de legisladores que tengan, esto es central porque de alguna manera es casi una herramienta de protección constitucional, que tienen los oficialismos, no es una regla escrita, podría cambiar, hasta ahora se ha respetado de esa manera” (Diputada Lospennato, entrevista personal, noviembre de 2023).
Del mismo modo el Diputado Óscar Agost también se refirió a esta tradición:
“El presidente de una Comisión
que por una tradición en la Argentina lo maneja el gobierno de turno, se da una
tradición que, aunque tenga minoría legislativa, el presidente de la comisión
que tiene que abrir el proceso es una persona el gobierno o del partido del
presidente eso complica y a su vez es un filtro razonable político” (Diputado Agost,
entrevista personal, mayo 2024).
Dado los antecedentes recolectados tanto por medio de las entrevistas y comprobados por medio de bases de datos e información de tipo institucional, se pudo concluir que, en efecto, la institucionalidad escrita facilita el ingreso y tramitación, no obstante, es necesario considerar a la institucionalidad no escrita como un elemento de resguardo a la gobernanza de un presidente, esto debido a que podrían ser tratados los ingresos de juicio político a conveniencia de la mayoría oficialista de turno.
IV.
Conclusiones
Este estudio logró revisar más de 30 años de SJUP direccionadas hacia el máximo tribunal Argentino y patrocinadas por los Diputados Nacionales, existen otras investigaciones que abordan el caso de los JCOS desde un punto de vista un tanto distante a este caso, pues es analizado su desempeño, los juicios políticos, sus sentencias entre otros elementos, por lo que quizás este estudio podría ser el primero que intentó conocer las motivaciones de los Diputados al iniciar un juicio político en contra de un Juez de la corte.
Fueron considerados estudios donde se investigan las motivaciones hacia un Presidente de la República la realidad es que estas resultan ser bastante diferentes a la hora de llevarlas hacia los Jueces. Al tratarse de autoridades las cuales no son sometidas a elecciones populares por parte de los ciudadanos a diferencia de otras, considerando también que su nombramiento y permanencia desempeñando su labor es extensa y que la única forma de que sea removido de forma anticipada es el juicio político, resultaba necesario conocer cuáles eran las reales motivaciones que se mueven en torno a una solicitud de destitución en su contra.
Los hallazgos encontrados resultaron tener una diferencia importante a un impeachment Presidencial el cual las motivaciones apuntan mayormente a escándalos.
Las motivaciones que lograron ser diferenciadas tienen relación al actuar del legislador, a las convicciones del acusante, mantener preocupación real en su rol fiscalizador y en el buen funcionamiento de las instituciones de Estado. Otra consistió en lograr generar un cupo en la corte, permitiendo con esto el ingreso de un nuevo juez más afín al gobierno de turno, otra motivación, de las cuales se apreció como una de las más relevantes, fue el cuestionamiento de una sentencia por parte de un sector que cual se considera perjudicado por la decisión de los jueces, elementos relacionados con la ética fueron considerados como una motivación importante, esto debido a que existe la causal de “mal desempeño”, la cual es bastante amplia, permitiendo una interpretación valórica o conveniente.
Otra motivación hizo alusión a la reputación de la corte, si se trata de una corte la cual se encuentra desprestigiada, goza de una baja popularidad puede ser un elemento que acelere un ingreso de este tipo de solicitudes.
Los objetivos
específicos permitieron conocer otros elementos que comprobaron varias
hipótesis planteadas de manera individual. Esto sucedió respecto a la premisa de
que un ingreso de juicio político en contra de las autoridades ayuda a un
Diputado a tener mayor notoriedad dentro de su partido o del escrutinio público
y en efecto, considerando que un ingreso no representa un mayor costo para un Diputado,
pudiendo gozar de una notoriedad que ayuda a aun mayor posicionamiento dentro
de su bloque político y ante los ciudadanos. La segunda hipótesis buscaba
conocer si los escándalos políticos donde los jueces se encuentran envueltos
pueden predisponer a los Diputados a concentrar sus esfuerzos ingresando SJUP ,
esta también se consideró como verdadera, lo que pudo apreciarse desde el 2001
al 2005, en donde la corte de ese entonces estaba altamente cuestionada. Otra
hipótesis apuntaba a factores propios de cada Diputado pueden aumentar el
interés de ingreso de SJUP hacia los Jueces, también confirmada debido a que en
una SJUP se mezclan múltiples intereses personales y políticos en donde los
bloques o partidos políticos se mueven promoviendo un juicio, lo que ha tenido
alta efectividad a excepción del proceso sucedido en 2023. La última hipótesis
buscaba conocer si la existencia de elementos institucionales formales e
informales facilitan, limitan o coartan el ingreso o la tramitación de SJUP y así es, las leyes ayudan a que este
tipo de solicitudes se ingresen pues no hay limitaciones que puedan impedir su
ingreso. Como lo señala el académico Ezequiel Singman:
“Como son pocos los
requisitos, es fácil que aparezcan muchas sí por un lado sí y pero por otro
lado siempre te das cuenta de que, más allá de que haya miles y millones de
pedidos no van a avanzar en la medida que haya un impulso político (Singman,
entrevista personal, noviembre 2023).
Una solicitud prosperará siempre que
consiga el apoyo necesario para que su transitar dentro de la comisión pueda
lograr el cometido con el que fue ideada. Es necesario que este tipo de
procedimiento se mantenga como algo extremo, que su uso sea para casos
excepcionales, manteniendo la imparcialidad necesaria para lograr el
saneamiento de las instituciones que se ven afectas a malas prácticas por parte
de los funcionarios públicos.