GOBIERNO
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA N°7
(ENERO-JUNIO)
(28-40) -2024
ISSN
2375-7074 ON-LINE
DOI: https://doir.org/10.29393/GP7-3MCAA10003
APORTES TEÓRICOS DESDE EL MÉTODO
COMPARADO PARA EL ESTUDIO DE LA GOBERNANZA DE PLATAFORMAS DIGITALES EN AMÉRICA
LATINA
THEORETICAL CONTRIBUTIONS FROM THE COMPARATIVE METHOD FOR
THE STUDY OF DIGITAL PLATFORM GOVERNANCE IN LATIN AMERICA
Aimé Aminahuel[1]
Los
estudios comparados representan una larga tradición en el campo político cuyo
recorrido podría situarse, primero, en los filósofos griegos, llegando hasta la
actualidad, con los estudios sobre políticas públicas. En Argentina, la
temprana positivización de la ciencia política en las academias promovió la
creación de Institutos de Investigación y equipos abocados específicamente al
quehacer comparado. De acuerdo con este recorrido genealógico[2],
el artículo presenta las principales discusiones sobre el método y el campo de
los estudios comparados en las ciencias sociales y en el abordaje de acciones estatales
en América Latina. Para ello, se propone como metodología una revisión
bibliográfica de los principales referentes y se avanza en discusiones teóricas
para el estudio de los posicionamientos estatales en un campo específico como
lo es el ecosistema digital. La propuesta general apunta a presentar
dimensiones teórico-metodológicas para el estudio comparado de la relación
entre los posicionamientos de los Estados latinoamericanos y las plataformas
digitales.
Palabras
clave: Método comparado – Gobernanza – Plataformas -
Latinoamérica
Comparative studies
represent a long tradition in the political field, which could be traced back
first to Greek philosophers up to the present day, with studies on public
policy. In Argentina, the early positivization of
political science in the academies promoted the creation of research institutes
and teams specifically devoted to comparative work. In accordance with this
genealogical journey, the article presents the main discussions on the method
and the field of comparative studies in the social sciences and in the approach
to state actions in Latin America. To this end, a bibliographical review of the
main references is proposed as a methodology and theoretical discussions are
advanced for the study of state positioning in a specific field such as the
digital ecosystem. The general proposal aims to present theoretical and
methodological dimensions for the comparative study of the relationship between
the positioning of Latin American states and digital platforms.
Keywords: Comparative Approach - Governance
- Platforms - Latin America
El presente artículo tiene por
objetivo presentar las principales discusiones sobre el campo y el método de
estudios comparados. Se realiza una revisión bibliográfica y una discusión
sobre los aportes potenciales del método comparado para el estudio de
posicionamientos estatales en el mundo digital. Se considera que, los estudios
comparados que abordan la relación entre Estados y plataformas digitales,
reviste particular urgencia por su actualidad y posibilitan ampliar las
discusiones sobre el rol de los Estados latinoamericanos frente a los modelos
de negocio digitales y modelos de acumulación que imponen las big tech.
La
comparación como forma de estudio de lo social no es una novedad en el campo
político. Como afirman Bulcourf y Cardozo (2008),
desde los aportes filosóficos de Aristóteles en su comparación de los tipos de
gobierno, pasando por los de Maquiavelo caracterizando a los principados, la
comparación aparece como un enfoque muy arraigado en los estudios políticos.
En
América Latina y, particularmente, en Argentina, la comparación sistemática,
esto es, en las investigaciones de las ciencias sociales modernas, también posee
una trayectoria prolongada. Desde las obras clásicas y hasta la actualidad, una
amplia variedad de autores se destaca por la incorporación de la comparación en
sus investigaciones para abordar la complejidad de sus objetos de estudio,
ejemplo de ello podrían ser: Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1998);
Theotonio Dos Santos (2003);
Guillermo O'Donnell (1978), o Flavia Freidenberg (2017),
Nelson Cardozo y Guillermina Curti (2024)
por nombrar los más recientes.
A
pesar de su actual extensión a varios campos disciplinares y en diferentes
corrientes epistemológicas[3],
su mayor producción se encuentra vinculada a la ciencia política y, muy
especialmente, a los estudios sobre los sistemas políticos comparados. En tal
sentido, podría aseverarse que es allí donde se vislumbra la mayor cantidad de aportes
académicos y científicos, así como una amplia variedad de discusiones
epistemológicas que nutren los estudios actuales.
Autores
como Nohlen (2007), al referirse
a la comparación específicamente en el campo de la ciencia política en el
continente americano, sostienen que se afirma como método e incluso como
subdisciplina (Política Comparada), a
partir de la creciente autonomización de la ciencia política y su temprana
positivización, en primer lugar, en los Estados Unidos. Este proceso tuvo sus
repercusiones posteriores en América Latina a partir de la institucionalización
de la ciencia política moderna[4]
que inicia a finales de la década de los cincuenta (1950) en nuestro continente,
con desarrollos muy heterogéneos en la región.
El
método comparado, la comparación y/o la Política Comparada, se desarrollaron en
simultáneo a la ciencia política y como modos de consolidar una metodología en
las academias latinoamericanas en un contexto de auge desarrollista, coyuntura de mayor despliegue de estudios empíricos
en las ciencias sociales acorde a los cánones y estándares que se proponían
desde las academias norteamericanas[5].
A
finales de la década del cincuenta e inicios del sesenta (1950-1960), en
América Latina se consolidaron objetos de estudio científicos que implicaron el
quehacer comparativo, entre los que se destacaron los estudios sobre populismos
históricos, democracia, regímenes autoritarios en la región y golpes de Estado.
Luego, con el devenir de la disciplina, se construyeron otros objetos que
implicaron un alejamiento de los
abordajes liberal-jurídicos tradicionales que observaban el poder como un
quantum, entre los que se encuentran los estudios sobre oligarquías y elites, identidades
y partidos políticos, procesos de democratización, llegando a los estudios que
desbordan la política doméstica tales como los internacionales en general, o
aquellos que analizan la política desde otro tipo de dimensiones; los estudios
sobre las economías regionales y los Estados subnacionales, entre los más
recientes. Como puede observarse, cada temática se encuentra íntimamente
relacionada a la historia normativa, política, económica y social de
Latinoamérica, esto es producto de que la ciencia política en su génesis disciplinar,
se vinculó estrechamente a los acontecimientos latinoamericanos porque requería
otorgar respuestas y/o explicaciones del devenir político en la región, he allí
el carácter positivista de un método y de un campo de estudios con una vasta
producción en distintos periodos de la historia reciente, pero cuyo auge se
puede identificar en la década de los cincuenta. En dicho marco, los primeros
desarrollos de la ciencia política comparada se encontraban íntimamente
relacionados al formalismo jurídico-liberal, al igual que gran parte de otros
objetos de estudios del campo político. Un ejemplo de ello son los estudios
sobre el “poder”, algo que advierte Michael Foucault (1976),
en otras latitudes y temporalidades, en su seminario de la década de los
setenta pero que, sin embargo, ocurrió de manera similar en Latinoamérica.
No
obstante, lo anterior, Nohlen (2007) sostiene que
el desarrollo inicial de la comparación política en Latinoamérica puede
dividirse en tres grandes ejes que responden a coyunturas históricas
diferentes. En primer lugar, los estudios sobre golpes de estado y
autoritarismos, en segundo lugar, los estudios comparados sobre transiciones
democráticas y, en tercer lugar, los estudios sobre regímenes políticos,
democracias y partidos políticos. Sin embargo, destaca el autor, en algunos
países con un mayor desarrollo de la disciplina como es el caso de Argentina,
el método comparado estuvo vinculado en sus primeras décadas “al desarrollo de
la disciplina [ciencia política] en el mundo occidental, o sea, en
consideraciones algo desvinculadas del quehacer político autóctono” (p.17).
En
resumen, en la región latinoamericana -con especial protagonismo de los
estudios argentinos-, la política comparada se caracterizó en sus inicios por ser
eurocéntrica y fuertemente formalista-legalista (Geary y Pinillos, 2004), ya
que el enfoque predominante del momento solo consistía en la comparación entre Estados
y/o regímenes institucionales dejando de lado las estructuras no formalizadas.
No
será sino hasta después de la década de los setenta y del giro epistemológico e
investigativo que impacta en la región, que proliferan una profusa cantidad de
investigaciones alejadas del formalismo jurídico liberal, que recuperan cierta
tradición sociológica e histórica y que intentan constituir categorías de
análisis propias del campo disciplinar y en diálogo con otros saberes anclados
en perspectivas críticas y, más a finales del S. XX, anclados en estudios posfundacionalistas, como los aportes sobre identidades y
populismo en la región.
A partir del recorrido propuesto,
los próximos párrafos problematizan las discusiones sobre el método y el campo
de la comparación en ciencias sociales, se avanza en responder preguntas tales
como ¿qué comparar? y ¿cómo comparar? y se desarrollan los principales autores
de la literatura especializada. A su vez, se problematiza la relación entre las
plataformas digitales y los posicionamientos estatales y se proponen
dimensiones teóricas para el abordaje metodológico comparado en América Latina.
El presente
artículo realiza una revisión bibliográfica (Coral, 2016)
para proponer dimensiones metodológicas sobre los posicionamientos estatales en
América Latina respecto a las plataformas digitales. La propuesta tuvo por
objeto esbozar una posible respuesta sobre ¿qué aportes puede realizar el
método comparado a los estudios sobre posicionamientos estatales en relación a
las plataformas digitales en América Latina? A partir de allí, se realizó una
revisión que incluyó: los autores primarios y secundarios en el campo de los
estudios comparados en ciencias sociales, los antecedentes sobre el tema, las
principales líneas de investigación y se presentaron aportes de autores
latinoamericanos que se consideran relevantes para la consolidación del campo
de los estudios comparados.
A partir de la
búsqueda en diferentes motores como Google Scholar, Scopus, Latindex y Dialnet, se
procedió a desarrollar las discusiones, pero también a organizar el debate y
analizar las diferentes propuestas para edificar dimensiones relevantes en el
estudio sobre posicionamientos estatales latinoamericanos en relación a las
plataformas digitales.
Las discusiones sobre qué hacer en la
comparación, problematizan los límites de los objetos de estudio, su forma de
abordaje investigativo (paradigmas críticos, comprensivistas,
positivistas, neopositivistas), su estudio (enfoques teóricos diversos) y sus
métodos (cualitativo/cuantitativo/mixtos) en el campo de las ciencias sociales
y de la ciencia política en particular. En relación a estas discusiones
epistemológicas y filosóficas, el sociólogo Tom Campbell (1994),
propone el concepto de parámetros, para pensar, relacionar y clasificar, por
ejemplo, las teorías sociales en polos opuestos. El autor reconoce distintos
parámetros (o clivajes) tales como el “idealismo/materialismo”, el parámetro
“descriptivo/normativo”, el “individualista/holista”, el del “consenso/conflicto”,
y el “positivista/comprensivista”, que implican
distintas formas de abordaje de los fenómenos sociales que van más allá de un
método, sino que se condicen con debates filosóficos y epistemológicos en cada
disciplina.
En
dicho marco, la comparación también está atravesada en la actualidad por tales discusiones
sobre consenso y conflicto o positivismo y comprensivismo,
pese a sus orígenes liberales-institucionalistas que mencionamos en el apartado
anterior. No obstante, en la actualidad, dependiendo de la “escuela”, el
enfoque o incluso las técnicas implementadas, la comparación puede realizarse
de distintas maneras y con énfasis en diferentes actores, procesos o niveles de
abordaje.
De
acuerdo a Bulcourf y Cardozo (2008),
la comparación puede ser considerada bajo dos aspectos: como método y como
campo. Al referirse a la comparación como campo, afirman:
“El
enfoque comparado como campo es el conjunto de las observaciones y estudios
realizados por los politólogos sobre fenómenos similares en muchos países (o
por extensión, en diferentes regiones de un mismo país). Abarca desde la simple
compilación de "inventarios paralelos" de datos relativos a dos o más
países, hasta el establecimiento de ámbitos de validez de las generalizaciones
referidas a conjuntos de fenómenos políticos, sobre la base de efectuar
comparaciones entre países o entre regiones de los mismos con diferencias de
régimen político” (Bulcourf y
Cardozo, 2008, p. 9)
En la cita, se hace referencia a la
comparación a partir de definirla como la acción de recopilar información y
construir conocimiento sobre fenómenos que sean similares en países, regiones
-y así se podría extender o reducir el objeto en su dimensión empírica-, con la
finalidad de realizar inventarios (cualitativos o cuantitativos), o para construir
ámbitos de validez del conocimiento. Desde esta última perspectiva es que se
relaciona a los estudios comparados con la tradición positivista, puesto que la
finalidad es la explicación para la generalización. Sin embargo, en la
actualidad, el enfoque comparado ha traspasado los orígenes positivistas y
conductistas con el que se lo asoció, por ejemplo, en el abordaje de políticas
públicas desde una perspectiva secuencialista o
sinóptica.
Por el contrario, cuando se hace
referencia a la comparación como “método”, los autores citados sostienen que se
reduce el enfoque a un “procedimiento” por lo que sólo tendría una finalidad:
El
enfoque comparativo como método significa la utilización de un método de
control -la comparación- en la corroboración empírica de las hipótesis,
generalizaciones o teorías. Se trata, en definitiva, de un procedimiento de
confrontación empírica de los conceptos. La comparación como método es, pues,
un aporte a la controlabilidad empírica de los fenómenos políticos. En ciencias
sociales hay cuatro procedimientos básicos de control: experimental,
estadístico, comparativo e histórico. El método comparativo es el procedimiento
al que la Ciencia Política puede más fácilmente recurrir (Bulcourf y Cardozo, 2008, p. 9).
Desde este aporte, la comparación aparece
como el método que distingue -o jerarquiza- a la “ciencia” política. Por su
parte, Nohlen (2007) propone que al
método comparado o “comparativo”, se le pueden asignar diferentes significados
y funciones entre las que se pueden identificar:
1) “La
comparación inherente a todo procedimiento científico” (p.36), desde esta concepción,
propuesta por autores como Laswell (1968),
se afirma que todo abordaje de la política es política comparada y que hablar
de método comparado de forma independiente pareciera redundante. Incluso,
llevando más al límite la reflexión, los precursores de esta aproximación
proponen que, en las ciencias sociales con profusa investigación empírica, el
método considerado científico es el comparado. Por supuesto, advierte Nohlen,
esta perspectiva ignora la posibilidad de distinguir cada uno de los métodos de
las ciencias sociales que también le otorgan status epistemológico a ese amplio
campo de estudios (incluso dentro de los abordajes positivistas como la
experimentación, o el método estadístico), pese a que en muchos se suele
recurrir a la comparación en alguna fase de investigación.
2) En
otros estudios, resalta Nohlen (2007), la
comparación se realiza a partir de la recopilación de experiencias y hechos del
mundo social y político y “constituye el fundamento para la formación de
conceptos en la ciencia política” (p. 37), esta afirmación se relaciona al
concepto esbozado por Burcouf y Cardozo (2008)
al principio. En este marco, hasta las descripciones trabajan con
comparaciones, por lo que toda indagación politológica estaría atravesada por
la comparación y de este modo, de acuerdo al autor, la construcción de
tipologías es el producto deseado en la ciencia política.
3) Finalmente, en otras acepciones, la
comparación representa sólo un criterio para “la interpretación valorativa de
hallazgos empíricos” (Nohlen, 2007,
p. 37). Desde esta significación, la comparación es comprendida como valores o
parámetros axiológicos/normativos, que posibilitan contrastar modelos ideales
y/o típicos, con los resultados de los estudios de campo.
Como puede
observarse, la comparación como método resulta la propuesta con mayor
aceptación entre académicos, puede tener diversos fines y también ser concebida
en distintos niveles o fases de la investigación. Para responder a los
interrogantes ¿qué comparar? y ¿cómo comparar? Sartori y Morlino
(1994),
parten de un supuesto con aceptación general en el campo: para realizar la
acción comparativa las unidades comparables “deben poseer elementos en común y aspectos
diferentes” (p. 35). Esto significa que existe una construcción
teórico-empírica capaz de clasificar y relacionar –previamente – las unidades a
comparar. Este proceso implica la elección y construcción de variables, donde
se pueden identificar algunos “modos de comparar” (Nohlen, 2007,
p.41) que, si bien no son taxativos puesto que algunos se superponen con otros,
no obstante, permiten aclarar aún más el panorama respecto a “qué y cómo comparar”:
Cuadro N°1: “Formas
de aplicación del método comparado”
|
Formas
de aplicación del método comparado |
|
|
Ámbito
del objeto |
Se
distingue entre la comparación de estructuras muy amplias como estados,
sociedades o sistemas políticos, o segmentos tales como partidos políticos, leyes,
etc. |
|
Contexto |
Se
considera necesario diferenciar si el contexto de las variables analizadas es
homogéneo o heterogéneo. El ejemplo del autor reconoce, por ejemplo, la
homogeneidad de estudiar sindicatos en países occidentales industriales, que
estudiarlos en todo el mundo. Se debe tener en cuenta que, para comparar
variables en contextos heterogéneos, se realiza mediante la comparación de
equivalencias funcionales. |
|
Tiempo |
Se
reconocen tres dimensiones comparativas: a) la diacrónica longitudinal (para
periodos de tiempo en un mismo país, por ejemplo). b) la sincrónica
horizontal, por ejemplo, la comparación entre países de una misma variable, y
c) la comparación diferida en el tiempo que es una combinación de las dos
anteriores, como ejemplo, podría ser una comparación entre dos hechos
históricos para analizarlos desde un enfoque teórico. |
|
Espacio |
En los
estudios empíricos, la comparación se ha desarrollado en cuatro espacios: 1)
Estado (Nación), 2) Intraestatal (por ejemplo, regiones, provinciales), 3) supraestatal
(regiones internacionales; África, América, etc), 4)
Mundial. |
Elaboración propia en base a Nohlen
(2007, pp.41-44).
El
aporte de Nohlen configura un mapa de la comparación que ordena las
investigaciones dentro de este campo. A modo de ejemplo, a continuación,
presentamos diferentes propuestas de autores latinoamericanos que tienen por
objeto mostrar una síntesis, no acabada, de algunos aportes que desde las
ciencias sociales latinoamericanas se han realizado al campo de los estudios
comparados a partir de “diferentes modos de comparar” al decir de Nohlen:
Cuadro N°2:
“Aportes latinoamericanos a los estudios comparados”.
|
Nombre
del autor y de la obra |
Perspectiva |
Principales
aportes |
|
Sergio Bagú (1949) “Economía de la sociedad
colonial” |
Historia económica y social |
· Análisis
de la formación del capitalismo en América Latina desde una perspectiva
comparada. · Crítica
a la historiografía tradicional y propuesta de una nueva perspectiva para
estudiar la historia latinoamericana. |
|
Antonio García (2006) “La
estructura del atraso en
América Latina. Hacia una teoría
latinoamericana del desarrollo” |
Sociología histórica |
· Estudio
de las relaciones de poder y las estructuras sociales en América Latina. · Análisis
de la formación del Estado y las clases sociales. |
|
Fernando
Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1998)
“Dependencia y desarrollo en América Latina: Ensayo de interpretación
sociológica”. |
Enfoque de la dependencia |
· Análisis
de las relaciones de dependencia entre América Latina y los países centrales. · Explicación
del subdesarrollo latinoamericano como consecuencia de la explotación
colonial y neocolonial. |
|
Theotonio Dos
Santos (2003) “La
teoría de la dependencia. Balances y perspectivas”. |
Enfoque de la dependencia |
· Crítica
al enfoque ortodoxo del desarrollo y propuesta de una nueva perspectiva desde
la periferia. · Análisis
de las estructuras de poder y las relaciones de intercambio desiguales en el
sistema internacional. |
|
Guillermo
O'Donnell (1978)
“Tensiones en el Estado burocrático-autoritario y la cuestión de la
democracia” |
Estado burocrático autoritario |
· Concepto
de "Estado burocrático autoritario" para analizar regímenes
autoritarios en América Latina. · Análisis
de las características y el funcionamiento de estos regímenes. |
|
Manuel Alcántara
Sáez (1994)
“Análisis comparado del papel de los partidos en los procesos de transición
política”. |
Estado y democracia |
· Análisis
del Estado y la democracia en América Latina. · Estudio
de las transiciones democráticas y los desafíos de la consolidación
democrática. |
|
Edelberto
Torres-Rivas (1987) “La democratización
en América Latina” |
Clases
sociales y poder |
Análisis de las clases sociales y el poder en
América Latina. · Estudio
de los movimientos sociales y la participación política. |
Fuente: Elaboración propia
Como se puede
evidenciar en el cuadro, los aportes latinoamericanos al campo de estudios
comparados son variados y representan modos de comparar disímiles entre sí, que
provienen de diferentes enfoques: desde la teoría crítica, la historiografía
latinoamericana, pasando por los estudios neo institucionalistas sobre Estado y
poder o la teoría de la dependencia, por nombrar algunos abordajes. Sin
embargo, las investigaciones sobre políticas públicas y/o posicionamientos
estatales[6], son
más novedosas en el campo, razón por la cual, en el siguiente apartado se
propone una discusión sobre los principales enfoques en el análisis de las
respuestas estatales a los problemas públicos y los aportes teóricos que puede
realizar la comparación, específicamente, respecto a los posicionamientos
estatales latinoamericanos en relación al mundo digital.
El análisis de políticas públicas
desde una perspectiva comparada, es relativamente reciente en el continente si
se observa el desarrollo del campo en el tiempo. De acuerdo a Cardozo (2024)
“En el contexto regional, las políticas públicas comparadas nacieron (como en
los países desarrollados) en torno a la reflexión de las reformas estructurales
y la introducción de tecnologías gerencialistas en las organizaciones
gubernamentales en los años 90” (p. 32). Reconoce que, en un escenario de
crisis, la comunidad de expertos acudió a la comparación sobre las acciones
estatales como un modo de limitar la incertidumbre y tratar de vislumbrar qué
era lo que estaba pasando en otras naciones, qué aprendizajes se podían extraer
y qué acciones o cursos debía tomar el Estado. Es decir, nuevamente el método
comparado se subsumía a la racionalidad positivista que intentaba dar
respuestas en una coyuntura de transformaciones de las estructuras estatales en
la región. Lejos de que la comparación sea un punto de partida para inaugurar
nuevos interrogantes, se la instrumentó como el punto de llegada para
consolidar respuestas sobre el quehacer estatal. De este modo, florecieron comunidades
epistémicas en el continente que consolidaron diferentes especialidades de las
políticas públicas comparadas que van desde estudios sobre políticas
educativas, pasando por políticas de empleo y seguridad, por nombrar algunos
ejemplos.
En la actualidad, existen diferentes
métodos comparados de análisis de políticas públicas que permiten evaluar
dimensiones que van desde el proceso, hasta los resultados y/o impactos de la
política, según la perspectiva desde donde se las analice. En América Latina,
el análisis de políticas públicas desde una metodología comparada se manifiesta
de diferentes modos:
a) Los
análisis de gobernanza en términos de coordinación y/o los abordajes de los
procesos políticos y la toma de decisiones que se reconocen dentro de los
estudios sobre el poder e institucionalistas.
b) Los
análisis de las consecuencias y los resultados: vinculado al momento de la
implementación de una política y refiere específicamente a formas de evaluación
o valoración de las actuaciones estatales, por ejemplo, el aporte de Gorri (2016), sobre
evaluación en clave comparada de políticas de seguridad en el Cono Sur.
c) A
su vez, de acuerdo a Gunturiz [et.al.]
(2018),
un criterio metodológico para analizar políticas públicas en clave comparada,
suele ser también:
“(…)
Delimitar nuestras unidades o casos poniendo el énfasis en claves sectoriales
(políticas de salud, de seguridad, de trabajo, educación, etc.) para contrastar
cuáles características son cruciales en el proceso de la política pública en
uno u otro sector, o en un mismo sector. Por último, más allá de comparar las
políticas públicas en unidades estatales en términos geográficos, o en claves
sectoriales o de la intervención de actores públicos no estatales y comunales,
igualmente es posible llevar adelante comparaciones que tomen en cuenta la
varianza temporal (…)”[7]
En el presente
trabajo, a su vez, se toma como propuesta general la comparación de
“posicionamientos estatales” para la gobernanza de las plataformas digitales y
no sólo el estudio de políticas públicas. Este tipo de abordajes, implican considerar
mayor cantidad de fuentes en términos empíricos y en términos teóricos,
significa un posicionamiento respecto a lo que se comprende como política
pública, más específicamente, a lo que se hace referencia cuando se menciona el
concepto de posicionamiento estatal.
En
primer término, referencia un enfoque de la antropología de las políticas
públicas en autores como Chris Shore (2010),
ente otros (Aminahuel, 2022;
Aminahuel
y Rodríguez, 2024; Vilas, 2010),
que considera el estudio de las acciones estatales, en términos amplios,
entendidas éstas como la jerarquización de problemas públicos por parte del
Estado en sus diferentes estructuras y niveles, es decir, el modo en que el
Estado comprende un problema e
institucionaliza una respuesta que implica el ejercicio del poder público
además de la interacción entre diversos actores públicos, privados, del tercer
sector, etc., En segundo término, significa reconocer cuáles serán los
referentes empíricos para el estudio de los posicionamientos estatales. Al
respecto, Aminahuel y Rodríguez (2024),
sostienen:
“Por
otro lado, la antropología del poder (Shore, 2010) nutre también los enfoques dentro
de la economía política de la comunicación y las públicas comunicacionales, ya
que posibilita analizar las acciones estatales como jerarquizaciones,
categorías y taxonomías que se manifiestan en el accionar estatal–ya sea en su
discursividad, comunicación gubernamental–, así como en su accionar concreto
sobre diferentes actores, como lo son las big tech. La discursividad estatal se inscribe en las batallas
simbólicas y materiales que se gestan al interior y al exterior de la
territorialidad del Estado, y es por ello que las acciones resultantes, o las
políticas públicas que desde él se generan, implican necesariamente la
cristalización de valores o formas de comprensión de un problema público, que
se realiza desde las estructuras del poder institucionalizado. En este marco,
los posicionamientos estatales reflejan estas manifestaciones del poder público
(políticas públicas, regulaciones) y pueden ser vehiculizados mediante
distintos instrumentos institucionales o administrativos, tales como leyes,
resoluciones, decretos e, incluso, sentencias judiciales. Pese a que algunos
posicionamientos estatales son emanados por el Poder Ejecutivo, como las
resoluciones administrativas o los decretos de necesidad y urgencia, por
nombrar dos modalidades, otros son potestad del Poder Legislativo, como las
leyes, o del Poder Judicial, como las sentencias judiciales. En países
republicanos, la relación del Estado con los actores está mediada por la
división de poderes, aunque esta posee atribuciones y características
diferentes en los distintos países, particularmente en los latinoamericanos, de
acuerdo con los textos constitucionales de cada nación” (Aminahuel y Rodríguez, 2024, p. 100).
Tal y como
clarifica la cita, las políticas públicas se vehiculizan mediante distintos
tipos de decisiones administrativas por parte de los Estados y son comprendidas
como posicionamientos (o respuestas) que éstos asumen frente a un determinado
problema público. Asimismo, dentro de los posicionamientos estatales, también
se incluyen las sentencias judiciales porque implican una fuente del derecho
que sienta precedentes y doctrina para leyes y regulaciones en algunos países a
la vez que expresan una forma de comprensión de un problema por parte de un poder
del Estado. Aminahuel (2022)
sostiene que todas estas acciones institucionales, cristalizan jerarquizaciones
de problemas y valores axiológicos de una sociedad a partir de los modos de
institucionalización y enunciación estatal. En tal sentido, reflejan el modo de
comprensión de un problema público que es situado, en un momento histórico
determinado y que por ello la variable tiempo resulta fundamental. Por lo
tanto, los posicionamientos estatales tienen una materialidad determinada y, a
la vez, se inscriben en modos de acumulación específicos que configuran el
tiempo y el contexto que delimita a las políticas.
En
este escrito, interesa problematizar sobre los posicionamientos estatales en
materia digital porque poseen vacancia en América Latina, dados los flagelos
que se convirtieron en más evidentes luego de la pandemia causada por COVID-19.
La pandemia y las consecuencias de una comunicación concentrada y plataformizada, reinauguró la apertura a nuevos y viejos
debates respecto a liberalismo o intervencionismo en la economía digital.
El ecosistema digital
se ha consolidado de manera extraordinaria en los últimos años en diferentes
dimensiones de la vida en comunidad como la comunicación y la economía. En
dicho marco, hemos desarrollado investigaciones y aportes que tratan de problematizar
el rol económico de los diferentes actores en el ecosistema digital (Aminahuel y Rodríguez, 2024),
como también abordar los desafíos y flagelos comunicacionales que emergen por
la hiperconcentración de las plataformas de redes sociodigitales y la opacidad en su accionar respecto a
derechos digitales (Aminahuel y
Rodríguez, 2023)[8],
por nombrar las propuestas más recientes.
Las investigaciones sobre economía política y
comunicación digital se desarrollaron desde la discusión y los aportes de la
relación entre el mundo online y offline y los abordajes sobre capitalismo de
plataformas y capitalismo cognitivo (Becerra, 2021,
Calvo
y Aruguete, 2020;
Castells,
2009; Fumagalli, 2010;
Jenkins,
2008; Rodríguez, 2019,
2020,
2022;
Srnicek,
2021, Waisbord, 2022), que
posibilitan discutir un modelo de acumulación capitalista caracterizado por la
expropiación de un excedente informacional y su utilización, en tanto big data, como mercancía para consolidar otro tipo de
negocios, tales como el financiero.
Las
plataformas sociodigitales entre las que se destacan:
Google, Amazon y redes sociodigitales como Facebook,
Instagram, WhatsApp, X, etc., resultan los actores que se encuentran en el
centro de la discusión, porque son intermediarias de contenido y adquirieron protagonismo
en la comunicación digital, lo que implicó en la pandemia reabrir la discusión
sobre su posible regulación. Desde perspectivas críticas como la que propone el
Cédric Durand (2021) las
plataformas debieran regularse, ya que representan lugares de circulación de
información muy utilizados por la ciudadanía y en las que los Estados y las
corporaciones intervienen cada vez más en estos modelos de negocio de la
economía digital. En la actualidad, se pueden evidenciar numerosas
problemáticas y, por ello, algunos intentos e iniciativas en América Latina por
parte de los Estados que intentan resolver, principalmente, los problemas
asociados al campo comunicacional. Sostienen Becerra y Waisbord
(2021):
“Son
numerosas las expresiones de estos déficits, tales como la amplia circulación
de información falsa y teorías conspirativas, los intentos sofisticados y
constantes de desinformación por parte de actores políticos, organizaciones
sociales y empresas privadas, y la tergiversación malintencionada de datos y
conclusiones por una variedad de grupos que sospechan o rechazan la ciencia
como institución. Estas tendencias muestran un nuevo “régimen de verdad” (Becerra
y Waisbord, 2021,
p. 296).
En ese sentido y
acorde a las problemáticas que emergieron en pandemia, se vislumbraron un
conjunto de iniciativas estatales que significaron esfuerzos por abordar los desafíos
que se presentan en el ecosistema digital. En un artículo reciente, Aminahuel y Rodríguez (2024),
sostienen que son pocas las iniciativas y que sin embargo pueden ordenarse:
“(…)
los casos presentados en la región muestran la preeminencia de dos
orientaciones claramente diferenciadas en los posicionamientos estatales. Por
un lado, desde las iniciativas de los poderes ejecutivos, se observan acciones
mayormente positivas, tales como la alfabetización mediática, informacional y
digital, y la promoción de un buen uso de internet, a fin de prevenir procesos
nocivos para la democracia como la desinformación. Por
otro lado, desde los poderes
legislativos y judiciales principalmente, se observan iniciativas con un fuerte
sesgo regulatorio y punitivo en las sentencias judiciales, por ejemplo, hacia
las plataformas, otorgándoles a los Estados un rol preponderante en la discusión
del capitalismo y de los límites de las big tech, sus responsabilidades (directas o indirectas)
respecto a los conflictos presentes en las dinámicas actuales de la
comunicación digital, tales como los discursos de odio, fake
news, etc” (Aminahuel y Rodríguez, 2024, p. 112).
Respecto a los
posicionamientos estatales, en un artículo reciente, Becerra y Waisbord (2024),
por su parte, apuntan a cuestionar la eficacia o la intención interventora de
los actos estatales frente a los modelos de negocio que plantean las plataformas
digitales, para los autores, en la región no ha abundado una perspectiva basada
en la soberanía nacional y el resguardo de los derechos digitales, sino una
mirada mercantil y trasnacional de los entornos digitales:
“América
Latina no ha implementado políticas ni promovido o protagonizado debates
fundados en principios de soberanía nacional sobre el desempeño de la economía
digital, la protección de datos personales y el contenido digital. De hecho, ha
habido innovaciones políticas limitadas sobre estos temas y mucho menos
enfoques integrales y compartidos. El orden digital actual reproduce
básicamente el orden centrado en el mercado, con un fuerte dominio de las
empresas de Silicon Valley y la emergencia de algunas de origen chino, junto
con un enfoque pragmático interesado en buscar acuerdos con empresas
proveedoras de tecnologías tanto europeas como estadounidenses o chinas” (Becerra
y Waisbord, 2024,
p. 9).
Los debates
presentados son el resultado de investigaciones actuales sobre la relación de
las plataformas digitales y los Estados, las perspectivas se encuentran
ancladas a enfoques como la economía política de la comunicación (Krakowiak, 2018) y los debates críticos,
sobre modelos de acumulación (Schorr y Wainer, 2017), en el capitalismo de
plataformas (Srnicek, 2021). Lejos de arribar a una
síntesis, lo que se propone es una presentación de los estudios y desafíos
emergentes en la discusión académica, que reconoce sus límites, por ejemplo, en
el mapa difuso de actores de la economía digital (Aminahuel y Rodríguez, 2024), como también
encuentra ausencias en los abordajes comparados cualitativos, que presten
atención a los modos de “enunciación” de los Estados y sus posicionamientos en
la materia.
Conforme
a lo expuesto hasta aquí, en el siguiente apartado, se presentan dimensiones de
análisis teórico para el abordaje comparado de posicionamientos estatales. A
partir del recorrido propuesto, se retomarán los debates presentados y se
arribará a una propuesta teórico metodológica.
Desde una propuesta que combina los
aportes hasta aquí descritos de la economía política de la comunicación
crítica, la antropología de la política y el poder y los estudios comparados en
la región junto a los aportes teóricos de Nohlen (2007),
se presentan algunas dimensiones que se consideran fundamentales para el
abordaje comparado de los posicionamientos estatales en América Latina, en
relación a las plataformas digitales:
1) Tipo
de comparación: sobre procesos políticos vinculados a la gobernanza de
plataformas digitales.
2) Ámbito
del objeto: se propone la comparación de estructuras amplias como los Estados,
para situar el abordaje de un segmento: la acción estatal comprendida como un
posicionamiento frente al escenario digital y vehiculizada mediante distintos
actos institucionales.
3) Contexto:
la propuesta implica que se comparan variables en un contexto homogéneo, puesto
que lo que se propone es analizar los posicionamientos estatales en una región
con una historia de conformación de sus estados nación y consolidación de sus
economías que comparten momentos históricos y desarrollos comunes tal y como lo
proponen distintos autores de la teoría de la dependencia. Asimismo, las
formaciones estatales encuentran enormes similitudes en cuanto a sus
burocracias (O'Donnell,1978)
y las economías comparten rasgos productivos y sociológicos herencia de los
procesos coloniales de la región (Bagú, 1949).
Sin embargo, se evidencian diferencias en los modelos de acumulación (Schorr y Wainer, 2017)
resultado de la historia política de cada nación lo que justifica el análisis
comparado.
4) Tiempo:
Se propone realizar una comparación diacrónica longitudinal, puesto que se
requiere observar los posicionamientos en el tiempo. Desde el 2016, que
comienzan los primeros debates sobre redes sociales y posverdad a partir de la
campaña de Donald Trump (Kakutani, 2019),
luego con la pandemia causada por COVID-19 y la profundización de flagelos de
la comunicación sociodigital,
llegando a la coyuntura actual de concentración plataformizada
(Becerra y Waisbord, 2021;
Srnicek,
2021) e inteligencia artificial
generativa integrada a las redes sociodigitales, se
considera que resulta fundamental observar la variación de los posicionamientos
en relación directa con los hitos mencionados.
5) Espacio:
la delimitación espacial de la propuesta es supraestatal, puesto que contempla
una región internacional, que es América Latina. Se pretende el estudio de esta
región por su vacancia, tal y como proponen Becerra y Waisbord
(2024), existe una
ausencia del debate latinoamericano al respecto, sin embargo, ya se pueden
evidenciar varias iniciativas en los parlamentos de la región que dan cuenta de
un naciente posicionamiento, al igual que en los poderes judiciales como el
caso de Brasil (Aminahuel y
Rodríguez, 2024).
6) Técnica:
el estudio de los posicionamientos estatales debe ser desarrollado a través del
análisis documental cualitativo, en función de la complementariedad de esta
técnica con la propuesta teórica –estudios sobre la antropología del poder y
las políticas- que parten de considerar los posicionamientos estatales como
modos de institucionalización de un problema público y expresan una
discursividad estatal que se manifiesta en diferentes tipos de documentos.
7) Fuentes:
los documentos, mediante los que se cristalizan los posicionamientos estatales
son actos administrativos que incluyen resoluciones ministeriales, decisiones
administrativas, leyes, proyectos de ley, regulaciones y sentencias judiciales
de los Tribunales Supremos de Justicia, relacionadas a los entornos digitales.
8) Algunas
variables que pueden ser consideradas como un punto de partida para comparar
los posicionamientos estatales son:
a. Las
características institucionales de cada país, puntualmente, los códigos civil y
comercial en materia digital y las constituciones, para analizar qué
posicionamientos constitucionales y legales (contexto institucional interno)
mantienen los estados en materia económica, política y de protección de
derechos personalísimos.
b. Estudio
de los actores: identificar las plataformas sociodigitales
más preponderantes en la región y en cada país: Whatsapp,
X, Facebook, Instagram, Tik Tok,
Google, etc.
c. Los
tipos de acciones estatales: leyes, resoluciones, decretos presidenciales,
sentencias judiciales ya que poseen diferentes grados de flexibilidad y
alcance.
d. Los
principios de libertad de expresión y libertad comercial que rigen en cada
nación porque posibilitan analizar las tensiones emergentes en los intentos
regulatorios y/o los proyectos que abordan algunos ejes problemáticos que
acontecen en las plataformas, tales como la circulación de discursos de odio, fake news en campañas
electorales, etc.
El presente estudio ha explorado la
compleja relación entre los Estados latinoamericanos y las plataformas
digitales, con un enfoque particular en los posicionamientos estatales frente a
los desafíos planteados por el ecosistema digital y en clave comparada. A
través de la propuesta del análisis comparado, se ha evidenciado la importancia
de estudiar la diversidad de respuestas que han adoptado los distintos países
de la región ante la creciente influencia de los gigantes tecnológicos.
La
propuesta de este escrito se inscribe en una investigación en curso financiada
por la Universidad Nacional de Villa María y, en el marco de una Maestría en
Estudios Latinoamericanos, por lo que se apunta a analizar desde el método
comparado, con técnicas cualitativas, los posicionamientos estatales en América
Latina para la regulación de las plataformas y/o orientados a la gobernanza de
las plataformas digitales. Las investigaciones mencionadas en el escrito,
demuestran que es un campo novedoso y que la gobernanza de las plataformas en
la región no es un capítulo cerrado, sino que las distintas iniciativas
estatales todavía se encuentran en una etapa de construcción, marcada por las
tensiones emergentes entre la necesidad de regular un sector en constante
evolución y la defensa de principios como la libertad de expresión y el libre
mercado. Asimismo, y, como se mencionó, se observan iniciativas positivas,
desde los poderes ejecutivos, orientadas a promover la alfabetización digital y
prevenir la desinformación, mientras que, por otro lado, persisten enfoques más
regulatorios y punitivos hacia las plataformas por parte de los poderes
judiciales y legislativos.
Si
bien existe un consenso generalizado sobre la necesidad de abordar los desafíos
planteados por las plataformas digitales, las estrategias implementadas varían
significativamente de un país a otro. Estos resultados subrayan la importancia
de considerar el contexto histórico, político y socioeconómico de cada nación
al analizar sus políticas en materia digital.
A
lo largo del artículo se intentó responder el interrogante inicial respecto a
qué aportes puede realizar el método comparado en los estudios sobre
posicionamientos estatales y plataformas digitales, en dicho marco se presentó
una genealogía de la comparación en América Latina y, específicamente, se
propuso un abordaje teórico metodológico que integra los aportes
latinoamericanos sobre la comparación, los Estados y las políticas públicas. Se
destaca como fundamental la perspectiva propuesta, que rescata la herencia de
los estudios de la economía política de la comunicación y los integra con la
antropología del Estado y las políticas, como también, con los aportes sobre
modelos de acumulación y capitalismo de plataformas.
Como
consideración final, este trabajo ha tratado de contribuir a visibilizar la
importancia de los estudios comparados en el ámbito de la gobernanza digital en
América Latina. Se considera que, al comprender mejor los posicionamientos
estatales y las dinámicas del ecosistema digital, se pueden diseñar políticas
públicas más efectivas para garantizar el acceso a la información, proteger los
derechos digitales y promover un desarrollo digital inclusivo y sostenible.
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[1] Doctora en Administración y Políticas Públicas, Universidad Nacional de Córdoba, Politóloga, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. Académica de la Universidad Nacional de Villa María. Correo: aime.aminahuel@unvm.edu.ar. ORCID: https://orcid.org/0009-0004-6968-2502
[2]
Utilizamos
aquí el concepto “genealogía”, para referenciar los aportes de Michael
Foucault. Al respecto, al autor propone pensar la genealogía como una
metodología y una perspectiva histórica para analizar la formación de los
saberes y las relaciones de poder. Se trata de una herramienta crítica que
busca desmantelar las verdades absolutas y exponer las raíces contingentes de
las normas, instituciones y prácticas sociales. El concepto, se encuentra
presente a lo largo de su obra, en diferentes títulos como Vigilar y Castigar
(1975); Historia de la sexualidad (1976-1984) y Microfísica del poder (1977).
[3]
Tales como la sociología, la economía política la comunicación, la
macroeconomía, las políticas públicas, los estudios sociales de la economía,
etc.
[4] Cuando se hace referencia a la institucionalización de la Ciencia Política, se describe el fenómeno de curricularización de la disciplina en las academias latinoamericanas a partir de diversas propuestas de grado y posgrado.
[5]
Al
respecto, Mirta Geary, Juan Bautista Lucca, Cintia
Pinillos (2011) sostienen que el inicio del método comparado está íntimamente
ligado al desarrollo autónomo e institucionalizado de la Ciencia Política,
periodo que ubican entre 1958-1983, a partir de la aparición de la primera Universidad
que dicta la carrera. Esta institucionalización implicó también la relación que
estableció la disciplina con las políticas científicas y académicas del periodo
desarrollista que inicia en la presidencia de Arturo Frondizi y que estuvo
profundamente vinculado a procesos de internacionalización y financiamiento
externo.
[6] Al respecto, con
posicionamientos estatales, Aminahuel (2022a),
propone una perspectiva más abarcativa que las
políticas públicas y que se nutre de los estudios de la antropología del poder.
[7] Disponible en:
https://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/article/download/Relmecse044/10196?inline=1
artículo abierto Licencia CC. No posee referencia de páginas. RELMECS, Diciembre 2018 - Mayo 2019, vol. 8, nº2, e044. ISSN
1853-7863, Universidad Nacional de La Plata
[8] En diferentes artículos
hemos desarrollado discusiones sobre los procesos de desinformación, discursos
de odio y fake news.