Mejor ciencia disponible, razonabilidad y decisión pública ambiental

diálogo entre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional costarricense

Resumen

Este artículo analiza la obligación estatal de utilizar la mejor ciencia disponible en la toma de decisiones ambientales a partir del diálogo entre el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia constitucional costarricense. En el ámbito interamericano, examina su vinculación con el derecho a un ambiente sano, el desarrollo progresivo y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico, incluyendo el reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas como componente autónomo de ese derecho y como elemento indispensable para la toma de decisiones climáticas fundadas en el mejor conocimiento disponible. En el plano interno, estudia la evolución jurisprudencial de la Sala Constitucional de Costa Rica, que ha consolidado el principio de objetivación de la tutela ambiental, exigiendo que las decisiones públicas con impacto ambiental se sustenten en criterios técnicos y científicos previos, suficientes y verificables. El trabajo sostiene que, aunque la jurisprudencia costarricense no reconoce expresamente el derecho a la ciencia como categoría autónoma, la exigencia de recurrir a la mejor ciencia disponible funciona como un parámetro constitucional que condiciona la validez de los actos estatales en materia ambiental. Asimismo, concluye que esa situación está en proceso de transformación activa, a partir de la recepción sistemática de la OC-32/25 por la Sala Constitucional en una serie de votos recientes, lo que anticipa el reconocimiento del derecho a la ciencia como categoría autónoma por vía jurisprudencial.